La Justicia comercial de Capital Federal resolvió, ante la denuncia de uno de los socios de Redengas, que un veedor judicial revise los libros y evalúe los posibles peligros para la prestación del servicio público de gas. Los datos económicos de la firma muestran declive y pondrían en riesgo la continuidad tanto la prestación del servicio por su cuenta como la misma existencia de la compañía, en un derrotero similar al que se inició en la Empresa Distribuidora de Electricidad de Entre Ríos SA (EDEERSA) con la partida de PSG Energy.
Mauro Casari, socio de las firmas Redengas SA, Holding Intergas SA y Emprigas SA, denunció al presidente de las compañías, Ugo Ghezzi. De este modo, logró que la Justicia designe un veedor judicial para que verifique el estado de los libros, y consigne el riesgo que pudiese existir en la prestación del servicio público.
La causa se tramita en el Juzgado de 1º Instancia en lo Comercial Nº 22 de Capital Federal, a cargo de Margarita Rosario Braga. Sin embargo, fue la juez Alejandra Tevez, titular del Juzgado 13, quien dispuso durante la última feria la designación de José María Gil.
La decisión es un paso intermedio, ya que se había reclamado directamente la intervención judicial de las tres compañías. Redengas, por ejemplo, es propiedad de Holding Intergas SA (99 por ciento) y de Emprigas (uno por ciento), cuyo capital a su vez está dividido entre las dos anteriores: Holding Intergas (99 por ciento) y Redengas (uno por ciento). Las acciones del Holding Intergas, están repartidas entre el Grupo Ghezzi (90 por ciento), cuyo origen está en la provincia de Brescia, Italia, y el empresario argentino Alejandro Ivanissevich (diez por ciento).
El fallo consigna además la existencia de actas notariales “que ponen de resalto la negativa a brindar las informaciones que se le requirieran acerca de las sociedades”, y la radicación de “denuncia penal por presuntos hechos fraudulentos cometidos por los administradores de las sociedades en cuestión”.
El inspector deberá informar periódicamente a la Justicia sobre el “funcionamiento y marcha de los negocios de las sociedades” verificando a ese fin “el estado de los libros sociales, contables y demás documentación que estime necesaria”, informó APF Digital.
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