Juan Cruz Varela
Strobel es una pequeña población del departamento Diamante. Pueblo de pujanza y trabajo, ubicado unos 50 kilómetros al sur de la capital entrerriana, exhibe orgulloso el ejemplo que en los últimos años ha sido la gestión de la Cooperativa de Provisión de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de Strobel Limitada, que con un abono mensual de 15 pesos atiende a 540 asociados. Pero como contracara, el Estado provincial le reclama a esta pequeña entidad una deuda cercana a los 800.000 pesos en concepto de préstamos para realizar obras que nunca fueron ejecutadas, por lo que también hay una causa judicial iniciada por la cooperativa contra las anteriores autoridades por la desaparición de más de casi 2 millones de pesos para la ejecución de dichos trabajos.
La historia se remonta a 1993, cuando la cooperativa comenzó a recibir una serie de subsidios con el objetivo de realizar una red cloacal en Strobel. En total, en tres años, se recibieron 1.317.100 pesos con el siguiente detalle: la Cámara de Diputados otorgó 22 subsidios por un total de 157.100 pesos; se recibieron cinco Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por 575.000 pesos; la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos entregó 235.000 pesos; y el Ministerio de Economía otros 350.000. Además, entre 1996 y 1997, el gobierno provincial entregó dos subsidios por 250.000 pesos y un tercero en octubre de 1999 por 200.000 más y consta un préstamo otorgado por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enhosa) por otros 200.000 pesos. En total suman 1.967.100 pesos que serían destinados para la extensión de la red cloacal a la cual solamente “se le pusieron unos caños y una cámara y se le hizo una laguna de tratamiento. El resto son un montón de certificados de obras que supuestamente hicieron empresas contratadas por la cooperativa pero que fueron fraguadas”, detalla a ANALISIS el ex presidente de la entidad Juan Blanco, que hace dos años radicó una denuncia penal por asociación ilícita contra las anteriores autoridades y otros ex funcionarios provinciales.
Sobre el destino de los fondos, es muy difícil saberlo aunque no tanto imaginarlo: “Del total se invirtieron solamente 171.225,87 pesos, el resto del dinero creo que ha sido repartido proporcionalmente entre varios funcionarios, el presidente de la cooperativa y algunas otras personas. En cuanto al último subsidio, estoy seguro que fue utilizado para la campaña electoral de 1999, porque se entregó cinco días antes de las elecciones y eso es muy sugestivo. Pero lo cierto es que nunca se hizo lo que se tenía que hacer, que son las cloacas”, detalla Blanco.
Esta situación motivó que hace dos años Blanco presentara en nombre de la cooperativa una denuncia penal en el Juzgado de Instrucción de Diamante, a cargo de Daniel Perotti, por asociación ilícita contra el ex presidente de la entidad, Omar Kranevitter; el socio Luis Martínez -ambos eran también funcionarios provinciales-; el ex empleado de la municipalidad de Diamante, José Oliva, el ex técnico inspector de la red cloacal de Strobel, Luis Maldonado; y el ex técnico inspector de la Subsecretaría de Obras Públicas de la provincia, Guillermo Rotger; aunque también apuntaba a investigar a otros funcionarios del gobierno provincial, entre ellos el ex gobernador Jorge Busti por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, que sin embargo no fue acusado formalmente. La causa avanzó a paso lento, pero no fue caratulada como asociación ilícita, sino como defraudación e incumplimiento de los deberes de funcionario público, y actualmente espera una resolución de la Sala I de la Cámara del Crimen de Paraná para que fije fecha para el juicio oral.
Paralelamente, la provincia inició dos demandas por el cobro de 200.000 pesos por el préstamo que hiciera el Enhosa y en el cual figuraba como garante a través de su coparticipación, por lo que sufrió un descuento de 260.463,87 pesos en 1996; y otra por la suma de 597.050,13 por irregularidades en la rendición de cuentas de las obras supuestamente realizadas. Además, también hay un reclamo para que Guillermo Rotger devuelva la suma de 467.050,55 pesos por irregularidades en la rendición de otra parte de los trabajos que debieron realizarse y nunca se concretaron. Sin embargo, según Blanco “hay una caprichosa pretensión de duplicar el cobro de los certificados de obra número 10 a 13 por parte de la Fiscalía de Estado y se reclama un monto de 157.748,29 pesos perteneciente al certificado número 14, pero no detalla los 24.000 pesos pertenecientes al fondo de recupero de la rendición correspondiente y omite dar cuenta de otras sumas correspondientes a facturas falsas de la empresa Conexión Domingo Dato de fecha 23-11-99, que habían sido extendidas para una compra particular efectuada por el entonces presidente de la cooperativa y subdirector de Obras Sanitarias de Entre Ríos, Omar Kranevitter por un valor de 35,49 y la falsa, fechada el mismo día y con el mismo número de factura, a la cooperativa por 204.300 pesos, que los directivos dicen haber pagado en efectivo”, y recuerda que “curiosamente, el señor Luis Martínez retiró de la caja del Banco de Entre Ríos el dinero en efectivo el día 19 de octubre de 1999, es decir, cinco días antes de las elecciones”, por lo que consideró “absurdo que tenga en su poder el dinero 34 días antes de abonar la factura a Domingo Dato”.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
