El capitán retirado Marcos Rodríguez vive en Paraná hace varios años. Está acusado de graves violaciones a los derechos humanos en Formosa, pero su hijo, el abogado y funcionario entrerriano, Marcos Rodríguez Allende, logró que la cuestionada justicia de dicha provincia le dicte una “falta de mérito”, no obstante lo cual sigue vinculado a la causa. En los próximos días será denunciado también por su participación en el crimen de dos jóvenes, antes del golpe de Estado. ANALISIS tuvo acceso a su declaración indagatoria, donde pese a los testimonios que lo imputan por haber participado en sesiones de tortura, dijo que “nunca se enteró de nada” y que desconocía que hubiera detenidos políticos en el regimiento formoseño donde cumplió funciones hasta diciembre de 1976. Declaró que su único ingreso son 1.500 pesos mensuales. O sea: también se olvidó que tiene participación accionaria en dos empresas -junto a su hija y a su esposa, respectivamente- con sede en Capital Federal; otros negocios en Viale o varias propiedades en Paraná, según pudo establecer este semanario.
D. E.
El Regimiento 29 de Infantería de Monte del Ejército Argentino no es un lugar más en la historia de Formosa. Fue el destacamento que Montoneros intentó copar el domingo 5 de octubre de 1975 -pocos meses antes del golpe de Estado y en plena etapa de violencia entre el poder en caída del peronismo ortodoxo y los grupos guerrilleros- y que terminó con la muerte de más de una decena de efectivos de las tropas del Ejército y una veintena de bajas en las filas de la agrupación extremista, cuyos integrantes, para el plan de copamiento, habían llegado en su totalidad desde otras provincias.
Pero fue también uno de los principales centros clandestinos de detención, tortura, desaparición y muerte de presos políticos. Muchos de los que estaban allí encarcelados, aparecieron poco después, en la larga lista de víctimas de la denominada Masacre de Margarita Belén, en el Chaco, donde, entre otros, se encuentran muertos tres entrerrianos.
Uno de los oficiales del destacamento era el entonces teniente primero Marcos Francisco Rodríguez, quien ya revistaba en la citada guarnición militar desde 1975. El padre del conocido abogado paranaense, Marcos Rodríguez Allende -ex asesor de la Oficina Anticorrupción y Ética Pública del gobierno entrerriano y ahora con funciones en el Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE)- está acusado de “privación ilegítima de la libertad, tormentos agravados, asociación ilícita y desaparición forzada de personas”. Si bien en principio tuvo una “falta de mérito”, aún sigue vinculado a la causa que se lleva adelante en el Juzgado Federal de Formosa. Quien lo reconoció como partícipe de las sesiones de tortura fue el ex preso político Ismael Rojas, quien fuera detenido el 6 de agosto de 1976. Primero estuvo en la dependencia policial formoseña, pero a las 24 horas lo llevaron al destacamento militar.
“Allí me desnudaron, me vendaron y me despojaron de mis pertenencias. En un camión nos trasladaron a un lugar que luego reconocí como La Escuelita o San Antonio, donde me torturaron al igual que a otros detenidos. Pude conversar con el doctor Fausto Carrillo, abogado paraguayo exiliado en Formosa, hoy desaparecido, quien se encontraba muy mal por las torturas. Había perdido las uñas. Durante las sesiones de tortura en el regimiento militar, con picana eléctrica y golpes, me hicieron firmar varios papeles, cuyo contenido yo desconocía, pero que fueron usados en mi contra en el Consejo de Guerra”, relató Rojas. “Allí pude ver a los detenidos Pedro Velázquez Ibarra, Francisco Horacio Sierra, un abogado de apellido Miño, un muchacho de 25 años de estatura mediana y paraguayo, Ricardo Rojas; un conscripto de nombre Genes, que estaba conmigo, era muy torturado y finalmente falleció.
El personal que intervenía en las torturas era el doctor Domínguez Linares, otro segundo del regimiento que no recuerdo el nombre y el teniente primero Rodríguez”, acotó.
El militar retirado con el grado de capitán, compareció ante el juez formoseño, Marcos Bruno Quinteros, en la mañana del 29 de septiembre, después de permanecer detenido por unos días, por disposición del fiscal Federal Omar Danilo Benítez. Lo hizo acompañado de su abogado defensor e hijo, Marcos Rodríguez Allende. “En principio, rechazo las imputaciones en todos sus términos”, dijo en el arranque el militar, quien señaló que tiene residencia en Fray Bartolomé de las Casas 2.259 de Paraná (aunque en esa cuadra no existe ninguna casa con tal domicilio), de acuerdo a la declaración, a la que estuvo acceso ANALISIS. “No entiendo cómo puedo estar imputado de todos los delitos si no hay testigos que digan que Marcos Francisco Rodríguez ha cometido tal delito, cuándo, cómo y por qué”, agregó, tras manifestar que tiene un ingreso mensual de 1.500 pesos, aunque en ningún momento recordó su participación societaria en firmas con sede en Capital Federal o sus propiedades en Paraná (ver: “Los negocios…”).
El capitán explicó que en 1976 era “oficial de Finanzas” en el regimiento formoseño, que dependía directamente del jefe de la unidad. “Si alguien en la unidad quería comprar algo, se dirigía al jefe pidiéndole autorización, el jefe me consultaba y posteriormente se imputaban las partidas y se hacían las compras. De allí se definía qué se iba a comprar o a licitar”, añadió. Dio precisiones del lugar donde desempeñaba funciones y dijo que trabajaba de 7.30 a 12.30 y de 16 a 19.30. Aseguró que el funcionamiento de la sección Finanzas “estaba basado en la administración de toda la unidad, en todo lo referente a haberes, viáticos, pasajes, racionamiento del personal (revistaban alrededor de 600 hombres), compras y el abastecimiento”. También dijo que “frente al comedor de tropa había cuatro oficinas más que no las ocupaba nadie y estaban cerradas con llave siempre; que veía que venía (el militar) Camicha y luego se iba; también venía (al oficial) Steinbach, no todos los días, que sacaban carpetas, pero nunca les consultó, porque pensó que eran archivos que tenían y que sabía que pertenecían a Inteligencia”. Tales dichos provocaron el obvio malestar en los militares mencionados, como así también con los abogados defensores, según pudo saber este medio.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
