Una política de medicamentos

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El debate que no se da en la provincia

Sandra Miguez

Como en otras áreas de gobierno, la provincia de Entre Ríos lleva adelante los programas nacionales en relación con una política de medicamentos. Consiste en la prescripción por genéricos, el reparto de medicamentos ambulatorios provistos en forma gratuita por el ministerio nacional a través del Programa Remediar, o la producción estatal de medicamentos -algo que se cumple en otras provincias y municipios-, entre otros ejes que tienen como prioridad la promoción del acceso de la población a este bien social. Entre Ríos no cuenta con una política propia que establezca prioridades, objetivos o acciones estratégicas, y lo que existe es simplemente la mera aplicación de medidas nacionales adaptadas a la realidad local. Cual un capricho político con miras a las distintas aspiraciones del electoral año 2007, han vuelto a reflotar proyectos que pretenden instalar una fábrica de medicamentos en el ex Hospital de Federal, mientras que desde la vereda contraria sostienen que esto es totalmente inviable.

Para plantear seriamente una política de medicamentos en el ámbito provincial sería indispensable sancionar una ley provincial que garantice el acceso, la calidad, la seguridad y el uso racional de, así como de cualquier tipo de producto de uso y aplicación en medicina humana.

Ésa es la idea del proyecto de ley presentado por la diputada provincial Lucy Grimalt (La Red), que implicaría también instrumentar un manual de buenas prácticas de manufactura y control de los medicamentos, como elementos que permitan fomentar la calidad del producto, la verificación del cumplimiento de dichas pautas de calidad, tanto para quienes elaboran estos productos como para la distribución, y expendio, con muestreos periódicos en toda la cadena de comercialización y en los distintos puntos de la provincia.

Del mismo modo, sería necesario llevar adelante un sistema de farmacovigilancia que asegure un control inmediato con acciones tendientes a cumplir las pautas de seguridad en relación con la pureza de materias primas, procesos de producción y controles periódicos.

A su vez, tal como propone el proyecto, se debería llevar a cabo una tarea educativa permanente para lograr un uso racional de medicamentos, a través de los principales efectores de salud -en particular por el profesional médico- al asesorar al paciente sobre las distintas alternativas terapéuticas, y revitalizar la función del farmacéutico como profesional especializado en medicamentos, que tiene la capacidad y la autoridad para proponer el reemplazo de un medicamento por otro que contenga el mismo principio activo.

El proyecto de la diputada Grimalt ha sido consensuado por los sectores que entienden en el tema y actualmente se encuentra en estudio en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados –comisión presidida por el diputado Adrián Fuertes- y todo indicaría que luego de ser analizado por las autoridades de Salud de la provincia, alcanzaría el apoyo necesario para tomar estado parlamentario en un corto plazo, por lo cual la provincia adecuaría su situación con las premisas planteadas por ministerio nacional.

Por qué fabricar medicamentos

Hace poco tiempo ANALISIS habló con el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, que explicaba por qué la política de medicamentos es una prioridad en su gestión frente al ministerio.

“Luego de la crisis de 2001, los efectos comenzaron a verse durante todo el 2002, en donde la situación económica, financiera y social de Argentina había alcanzado un punto máximo, y en ese contexto la salud de la población fue una de las áreas más perjudicadas. El sistema de provisión de medicamentos se encontraba en franco deterioro, mientras que los centros asistenciales enfrentaban serios problemas con el suministro de medicamentos e insumos básicos”, sostuvo el ministro a esta cronista, para agregar que “la caída de los ingresos y de los empleos formales, el incremento de la tasa de desocupación y la baja de los salarios, se reflejaba en un desplazamiento constante de la demanda de servicios y medicamentos hacia el sector público, por lo cual se debía dar una respuesta en forma inmediata para no resentir el servicio de salud”.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)

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