Ayelen Waigandt

Desde que comenzó la lucha de Gualeguaychú contra las pasteras, los entrerrianos nos dimos cabal cuenta de que el problema del medioambiente era mucho más que una consigna ecologista. Los ambientalistas se hicieron cientos y la lucha por un ambiente sano y sustentable se convirtió en una meta de todos. Paradójicamente, pareciera que sólo en esa ciudad del sur entrerriano hay una real conciencia y que sólo Uruguay es un potencial generador de contaminación. Pero la historia puede empezar a cambiar. El martes 20 de marzo, a las 10.30 en el Teatro 3 de Febrero de Paraná, un grupo de ciudadanos, profesionales y organizaciones no gubernamentales pedirá a los gobernantes estudios serios sobre el impacto que generan los agrotóxicos. La toxicóloga Patricia Caro, la profesora en Biología Silvia Seib y el profesor de Educación Física Tomás Caíno explicaron a ANALISIS los detalles de una propuesta para mirarnos hacia adentro.

El martes 20 de marzo, dos días después de las elecciones provinciales, sabremos quién será el próximo gobernador de Entre Ríos y cómo quedará conformado el mapa político para los años venideros. Dos días después, para no mezclar su consigna y su exigencia con la política partidaria, un grupo de vecinos preocupados por el problema del medioambiente convocará al resto de la comunidad entrerriana para exigir a las nuevas autoridades un estudio científico sobre los efectos que genera el uso de agroquímicos.

Tomás Caíno es profesor de Educación Física y es reconocido en la capital provincial por su lucha de años en defensa de la calidad de vida. Es uno de los impulsores de la jornada y en diálogo con ANALISIS explicitó la propuesta: “Vamos a requerir al gobierno de la provincia que en un plazo de seis meses se realice, sobre la base de un protocolo de investigación científica minuciosamente detallado, un estudio de impacto ambiental en tres zonas diferentes –a determinar- de la provincia donde pueda detectarse, o no, la presencia de agroquímicos. Si se demuestra que estos tóxicos están en el hábitat, podemos deducir los efectos negativos que causan en la fauna, el suelo y los humanos, pero la comunidad no tiene forma de denunciarlo o canalizarlo. Por ello, también vamos a dar un plazo de seis meses al gobierno provincial para que se constituya un Consejo Asesor, con nivel de Secretaría, dependiente del Poder Ejecutivo provincial”.

Al margen de estas dos cuestiones, se exigirá la constitución de una Coordinadora de Asambleas Populares. Con una vehemencia que por momentos asombra y por momentos se envidia y que demuestra el amor con que trabaja, Caíno explayó: “Además, como ciudadanos, nos reservamos el derecho de denunciar ante la Justicia como producción criminal a determinado tipo de producción intensiva que se realiza, y en el mismo sentido el obrar de algunos funcionarios que ya no podrán aducir desconocimiento de la problemática. Es decir que estas acciones nos darán lugar a encarar algún tipo de acción legal sobre aquellos que debiendo actuar, no lo hacen”.

Durante la jornada, se demostrarán, “a partir de un planteo que se corresponde con la rigurosidad científica”, los efectos que causan los agroquímicos en la fauna, y en los seres humanos, con la exposición del doctor Darío Gianfelicci, un estudioso del tema oriundo de Cerrito. En el mismo sentido, el ingeniero agrónomo Alberto Kippen hará una demostración del efecto de estos tóxicos en el suelo.

Además, con el testimonio de Patricia Caro se demostrará que en Entre Ríos hay tecnología, tanto en ámbitos oficiales como privados, para detectar la presencia de este tipo de productos en el hábitat. “La provincia cuenta con áreas y profesionales para desarrollar estudios de impacto ambiental que hasta hoy no se pueden realizar porque las diversas áreas del gobierno, como Producción, Salud Pública, Medio Ambiente, Seguridad, Educación y otros funcionan como compartimentos estancos”, explicó Caíno.

También se presentará el abogado Osvaldo Fornari, integrante del Grupo de Reflexión Rural, que trabaja en la causa por la muerte de tres niños de Gilbert (departamento Gualeguaychú), al parecer por intoxicación con agrotóxicos.

Caro resumió con precisión el objetivo principal de la propuesta: “Queremos salir del estado de las suposiciones para llegar al terreno de las certezas. No podemos seguir suponiendo que hay un impacto ambiental por el uso de agroquímicos en los cultivos, necesitamos demostrarlo. Lo que queremos es que la provincia estudie con seriedad científica la situación en la que estamos”.

A modo de ejemplo, afirmó: “No podemos seguir aceptando que, si se denuncian un montón de casos de cáncer en una población, la provincia estudie PCB con resultado negativo y nos deje tranquilos; si se mueren los armados, informan que es una bacteria, no se sabe por qué y con eso nos quedamos tranquilos. Lo que queremos es estudiar la situación, y para ello nuestra propuesta es un protocolo de investigación con seriedad científica, donde queda claro todo lo que hay que hacer para saber cómo está la provincia en este aspecto. Una vez que eso ocurra, si vemos que está mal tendremos que actuar; si no, aplaudiremos y nos quedaremos contentos. Pero necesitamos seriedad científica”.

Sin embargo, nada es tan fácil ni tan sencillo y los impulsores de la original iniciativa se manifestaron “concientes” de lo que significa “luchar contra grandes intereses económicos”. “Por eso es tan difícil luchar y la convocatoria es tan amplia: porque necesitamos que sea mucha la gente que grita cuando hay una presión económica tan grande”, aseguró Caro, que confía en la movilización popular como base para encarar el problema: “La única forma de comenzar esta lucha es desde la sociedad civil, como está pasando con las papeleras. El debate se abrió a nivel binacional porque está la gente cortando la ruta. Si no se mueve la gente, el debate no se abre y nadie se preocupa”.

Por su parte, con la tranquilidad de alguien que sabe de lo que está hablando, Seib explicó las motivaciones que los guían en esta empresa: “Pensamos que la crisis ambiental tiene múltiples causas, múltiples factores y múltiples orígenes, y en un país como el nuestro, este modelo de desarrollo en que nos estamos ubicando, nos pone como población en un estado de vulnerabilidad absoluta. El Estado, en complicidad con esos intereses multinacionales, que son los que verdaderamente deciden nuestras políticas de Estado, nos hace vulnerables”.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)