Veinte razones para suspender las elecciones

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Denuncias, desinformación, falta de debate, desequilibrio

Daniel Tirso Fiorotto
(especial para ANALISIS)

Entre Ríos pone en duda esta semana la vigencia de cinco sistemas fundacionales, sin los cuales la provincia desaparece: el federalismo, la República, la relación provincia-municipios, la democracia misma y el equilibrio social. La situación es delicada, y el avieso apresuramiento, el inescrupuloso apuro en la convocatoria a elecciones, entre otras causas, impidió (como era de suponer) que se organizaran con libertad las fuerzas políticas y que el electorado analizara las propuestas de los candidatos para escapar de este abismo institucional ocultado por el poder autócrata a través de un férreo control mediático. La planificada y lograda ausencia de debate sobre asuntos trascendentes para el futuro provincial, la trampa tendida por el partido gobernante al electorado para quedarse con todas las bancas, la imposición de candidaturas a fuerza de fondos millonarios de dudosa procedencia colocados en un solo sector, y el desconocimiento de una masa de votantes sobre opciones y plataformas mínimas, ofrecen razones suficientes para postergar las elecciones por cuatro o seis meses sin alterar el necesario recambio que oxigene un modelo ya contaminado.

1)- A la hora de fundamentar la necesidad de una postergación de las elecciones del 18 de marzo, se impone denunciar la manipulación lograda por el partido en el poder que, aprovechando vientos favorables, termina presentando dos listas y polarizando las elecciones, con la amenaza de quedarse con el gobierno y la primera minoría, todo a favor de un partido porque es evidente que se trata de dos brazos del partido liderado por el Presidente Néstor Kirchner. A ello se suma un quiebre institucional explícito de las relaciones entre los principales municipalidades y la provincia (lo han reconocido intendentes y funcionarios de una decena de comunas). Este es otro deterioro que la ciudadanía debiera conocer en profundidad para saber dónde estamos parados.

Rossi, un botón que sirve de muestra

2)- Domingo Daniel Rossi, que fue vicegobernador y es un aliado permanente del gobernador Jorge Busti, terminó condenado por enriquecimiento ilícito. Se quedó con plata del pueblo en momentos en que muchos entrerrianos morían desnutridos. En otro régimen eso lo llevaría al cadalso. En democracia, los acuerdos mínimos le imponen condenas. Pero Rossi amenazó con hablar, con contar intimidades del poder corrupto, y Busti mandó cambiar la ley para que Rossi continuara en la Intendencia de Santa Elena y no sólo ello: que también pudiera ser reelecto. El tema es sólo un ejemplo, de muchos posibles, de impunidad escalofriante. Las revelaciones de Oscar Mori, con un sinceramiento que en algo lo salva a él y en algo entierra a su antiguo jefe, son otro ejemplo de impunidad.

Cambiar leyes para salvar amigos condenados por ladrones es uno de los extremos a que se ha animado el poder corrupto de Entre Ríos. Con algunos meses más para deliberar, la sociedad podría votar con mayor libertad y conocimiento.

3)- Claro que para que eso diera resultado, en estos meses la sociedad debiera exigir la intervención de medios estatales de comunicación (radios por ejemplo), con participación multisectorial, para impedir que un sector de poder se valga de los bienes del pueblo en provecho propio, como ocurre en la actualidad. Exigir que las posibilidades de promoción de las propuestas sean equitativas, que se esclarezcan las denuncias sobre el uso de fondos y vehículos e infraestructura del Estado para provecho del partido gobernante, y el origen de los hechos de violencia.

¿Democracia o plutocracia?

4)- La “democracia” dominada por los que tienen dinero para concentrar medios y marcar las campañas electorales huele a plutocracia. Luchar contra la plutocracia es un deber ciudadano, y el voto es un derecho casi sagrado en ese proceso. Viciar el voto, frenar los mecanismos que faciliten una elección libre, es una actitud reaccionaria contra las aspiraciones democráticas y por eso la actual encrucijada exige más tiempo.

5)- La República demanda división de poderes. Una República con legisladores harto desgastados puestos en jueces supremos es, sin más, una autocracia. Si el poder aborta el proceso natural de formación de la opinión pública apurando la apertura de las urnas atenta contra la libertad y este caso es un ejemplo: se necesita más tiempo para esclarecer el significado institucional de haber nombrado a Emilio Castrillón en el Superior Tribunal de Justicia, sólo por dar un ejemplo.

6)- Peor aún cuando esos mismos legisladores, en connivencia con el Poder Ejecutivo, habían eliminado organismos de contralor que mostraban eficacia, organismos que habían reunido antecedentes graves sobre hechos de corrupción protagonizados supuestamente por algunos de los mismos integrantes de ese Poder Ejecutivo y esa Legislatura. Y cuando en reemplazo de esos organismos crearon una parodia de Oficina Anticorrupción que depende de los mismos sospechados. Luchar contra el autócrata es una obligación ciudadana, y en estas elecciones se necesita más tiempo para esclarecer esta situación. De hecho, una auditoria universitaria pedida por la Nación determinó que esa Oficina Anticorrupción “carece de autonomía suficiente para decidir sobre las causas a investigar y especialmente sobre los hechos o actos a denunciar ante la Justicia, puesto que esa decisión está en manos de la Fiscalía de Estado” (cuya titular es la abogada personal del gobernador en las denuncias que él mismo afrontaba por presuntos hechos de corrupción). En una provincia arrasada por las irregularidades, era fundamental un ataque decidido a este flagelo, y en cambio los expertos de la Universidad Nacional del Litoral entendieron que “la dependencia jerárquica y funcional de la Oficina Anticorrupción de la Fiscalía de Estado perteneciente al Poder Ejecutivo limita su capacidad de prevenir e investigar presuntos actos de corrupción en los que estén involucrados actores de ese poder”. La advertencia fue clara, no dejó dudas, pero el poder se las arregló para esconder al gran público esas conclusiones que eran fundamentales para la formación de la opinión ciudadana, base de la democracia.

Castrillón y el estupor

7)- Los expertos aseguran que no hay democracia moderna sin República. La democracia es republicana, cumple con la división de poderes, o no es democracia. Y en Entre Ríos los legisladores de más poder son designados en el Superior Tribunal de Justicia sin trabas, y aún ante el clamor generalizado, el estupor se diría, de todas las instituciones que conocen algo de República. Esta actitud lesiva contra el sistema, aprovechando un momento transitorio de supremacía en el poder para instalar jueces superiores que serán inamovibles, debe ser expuesta ante el pueblo para que obre en consecuencia.

8)- La misma actitud gubernamental contaminó también a otro organismo fundamental de contralor, el Tribunal de Cuentas. La Universidad Nacional del Litoral, que auditó este sistema, determinó que requieren “especial atención” los mecanismos de designación de los integrantes de ese tribunal (casi todos ex funcionarios o amigos del poder), y reveló que el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos “no entregó información para evaluar la eficacia de su gestión en relación con el proceso de juicio de cuentas”; que “la información publicada en las Memorias del organismo presenta aspectos parciales e incompletos acerca de su actuación”, y que “el Tribunal de Cuentas ha señalado que tiene una importante limitación al alcance en los controles por razones de índole financiera-presupuestaria del organismo”. Resulta, en síntesis, una obviedad decir que el tema exige un debate a fondo porque revela un estado de precariedad notable de las instituciones de contralor que el gobierno se obstina en ocultar, para conveniencia propia, ocultamiento que la sociedad podría resistir si no fuera por el apuro de las elecciones que no deja margen alguno para el debate.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)

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