Amigos, socios y vecinos

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Cómo crecen los patrimonios de los funcionarios Juan José Canosa y Flavio Torrealday, en medio de las críticas por manejos poco claros de dinero

Los dos son jóvenes abogados que se desempeñan en lugares claves en el gobierno provincial. Son amigos y socios en un mismo estudio jurídico de Paraná. Ninguno oculta sus ambiciones políticas ni económicas y no se privan de “vivir bien”, conformando –pese a la corta trayectoria profesional– un importante patrimonio, con costosas viviendas, autos o lanchas, viajes de placer y sueñan con estar juntos todo una vida en el coqueto barrio, camino a la Toma Vieja de Paraná, donde abundan funcionarios y ex funcionarios, como vecinos ilustres. Tales los casos de Juan José Canosa, titular de la tarjeta Sidecreer y Emilio Flavio Torrealday, secretario Legal y Técnico de la Dirección Provincial de Vialidad, a quienes, dentro y fuera del poder, se cuestiona por extraños manejos de dinero en los últimos tiempos, a los que no se les pone freno.

Daniel Enz

Siempre se dijo que el funcionario público “está para servir y no para servirse” del Estado en el cual cumple un rol. No obstante, está claro que no son muchos los que entienden el concepto. Quizás son demasiados los que aspiran a un cargo para crecer económicamente, enriquecerse y asegurarse de por vida, en un corto período, sin importar que llegaron a ese lugar por una decisión política, para tratar de solucionarle los problemas, de la mejor manera posible, al hombre común, tantas veces golpeado por los gobernantes.

Juan José Canosa nació en Diamante el 17 de diciembre de 1972. Ayer, miércoles, cumplió 36 años; es abogado desde fines de la década de 1990 –recibido en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Santa Fe– y desde ésa época ha estado en diferentes reparticiones públicas del Estado entrerriano, siempre ligado al justicialismo, como hombre cercano al ex embajador argentino en Cuba y actual senador provincial, Raúl Taleb (PJ-Diamante), con quien, por estos tiempos, estaría distanciado.

Es hijo de un conocido kiosquero, jubilado, proveniente de una familia muy humilde, que, según reconocen en Diamante, “siempre se dedicó a vender diarios, empanadas o pizza” para ayudar con el estudio de sus hijos Carlos, Juan José y Gustavo, al igual que su esposa, una esforzada mujer, docente jubilada. El abuelo de Juan José –el hoy presidente del Sistema de Crédito de Entre Ríos (Sidecreer), tan cuestionado por sus manejos desprolijos, que derivarían en una denuncia penal próximamente– era vendedor de billetes de lotería y los más memoriosos recuerdan que una vez se sacó la grande y lo primero que hizo fue comprarle una vivienda a cada uno de los hijos, donde residieron toda la vida.

Cuando Canosa se instaló en Paraná, el primer estudio jurídico al que se sumó fue el de Daniel Elías, actual titular de la Caja de Jubilaciones de la provincia. “Pero no duró mucho tiempo; no se llevaban bien y Elías le pidió que no siguiera”, indicó a ANALISIS una fuente. Fue allí que desembarcó en el estudio del escribano Carlos Emilio Torrealday, oriundo de Paraná, pero con varios años de trabajo profesional en La Paz, donde fue socio del padre del actual vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Emilio Castrillón. Torrealday llegó a La Paz a principios de la década de 1970 y tras el golpe de Estado de 1976 fue nombrado jefe del Registro de la Propiedad de dicha ciudad. Ligado a los sectores castrenses y a la Iglesia, posteriormente retornó a la capital entrerriana y se distanció del padre de Castrillón, al parecer, por cuestiones de dinero. En Paraná, Torrealday rápidamente hizo alianzas, entre otros, con el ex funcionario bustista, Oscar Horacio Mori –condenado por la justicia entrerriana, por el desvío de dos Aportes del Tesoro Nacional (ATN) millonarios– y luego trabajó para el empresario periodístico y ex operador de Víctor Reviglio en el Banco de Santa Fe, Orlando Vignatti, en la operación de compra del diario Hora Cero, como así también de tierras en el departamento Villaguay, aunque luego fueron embargadas por una supuesta deuda. El año pasado, el escribano fue candidato a diputado nacional por el Pro en Entre Ríos.

Canosa llegó al estudio de Corrientes 128 –a escasos metros de la Caja de Jubilaciones–, de la mano de Emilio Flavio Torrealday (ver: “El hombre de calle Corrientes”), de quien se hizo amigo en los tiempos en que ambos estudiaban Derecho. Y allí se sintió cómodo. Era el año 2002 y el gobierno de Sergio Montiel se derrumbaba. Canosa, con sus 30 años, ya era asesor del entonces diputado provincial Taleb y, por tercera vez aparecía por el horizonte la figura de Jorge Busti, en eso de retornar siempre al poder.

La puerta del Estado

El año 2003 fue un año clave para Canosa. A poco de iniciado, precisamente en abril, se transformó en presidente de la empresa Grupo Erios Sur Sociedad Anónima, con sede en Avenida del Libertador 408 de Capital Federal, que llevaba adelante la flota de colectivos de Bikini Turismo, a la que, en su momento, estuvo ligado el ex secretario de Energía de la provincia, Raúl Armando Rico, enrolado en el bustismo. Tenía como socio a Julio Lisandro Rodríguez Signes, hermano del actual fiscal de Estado de la provincia, Julio Rodríguez Signes. Pero no duró demasiado hasta que la empresa desapareció.

Pero con la llegada de Busti nuevamente al poder, en diciembre de 2003, rápidamente logró un lugar en el Ministerio de Gobierno, Justicia y Educación, que conducía el actual gobernador, Sergio Urribarri. Pasó a ser el secretario Legal y Técnico de la cartera política.

No obstante, su nombre, de alguna manera, estaba algo difuso en el organismo. Recién comenzó a tomar fuerza a partir de su designación como interventor de Líneas Aéreas de Entre Ríos (LAER), un lugar al que llegó por su habilidad para los negocios y los números. “Canosa pasó a manejar demasiado dinero y pegó el salto económico. LAER prácticamente no estaba sujeta a los controles del Estado: absorbía recursos para pagar contratos sin destino final”, comentó un contador del Tribunal de Cuentas, al ser consultado por este semanario. A su vez, pese a la crisis que existía en la empresa estatal, se hicieron algunos negocios importantes, como la venta del avión Fokker F-28 que había comprado Sergio Montiel, a la Fuerza Aérea Argentina. La operación se hizo en unos 700.000 dólares, es decir, el equivalente a lo que costaba una turbina del avión, que había sido dejado como nuevo en los trabajos de mantenimiento mecánico realizados en el exterior.

El joven abogado estuvo en la empresa estatal desde febrero de 2004, hasta enero de 2007. En ese período compró un departamento en calle Urquiza 1540, séptimo piso “A”, donde actualmente reside, a través de la empresa Pilay, de Santa Fe, estrechamente ligada a los negocios de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) en aquella provincia que, según señala el propio Canosa: “Terminaré de pagar dentro de 20 años” (abona una cuota mensual de 1.288 pesos). También se compró un Mitsubishi Lancer GLXI, modelo 1998, en mayo de 2005, abrió plazos fijos bancarios y en diciembre de ese año se casó con Paula Montefiori, también abogada y actual asesora legal de la Caja de Jubilaciones de la provincia. No son pocos los que recuerdan lo que fue la magnitud de la fiesta de casamiento, realizada en el Casino de Suboficiales de la Segunda Brigada Aérea de Paraná, con unos 200 invitados y con el broche de la actuación del grupo Los Palmeras, con los cuales Canosa terminó cantando, mientras disfrutaba de un habano cubano. De hecho, la luna de miel la emprendió hacia La Habana, horas después de la fiesta, aunque Taleb ya no estaba en la isla como representante diplomático.

Buen pasar

Siempre bien vestido, con trajes caros (hay reuniones de gabinete donde se ufana de contar con ambos de no menos de 1.800 pesos y remarca la diferencia a quienes poseen otros de menor calidad), amante de los viajes –en especial a Buenos Aires, pero cuando puede escaparse al exterior, no se priva de hacerlo, como las vacaciones que se tomó en Río de Janeiro, en este 2008–, en el último año de gobierno de Jorge Busti hizo operaciones trascendentes para su vida. Por un lado, concretó la compra de un Volkswagen Vento, valuado en no menos de 90.000 pesos y adquirió un terreno de 1.430 metros cuadrados, en poco más de 100.000 pesos, en el barrio donde residen, entre otros, Oscar Horacio Mori o el ex vocero bustista, Martín Fabre, camino a la Toma Vieja de Paraná. El terreno está a no más de 150 metros de la casona de Fabre y a unos 250 metros de la enorme residencia también de su amigo Torrealday. La dirección exacta es Julián Obaid 1583/1567.

Recién en agosto del año pasado Canosa y su esposa lograron obtener un crédito de 140.000 pesos del Banco Hipotecario Nacional, para construir la amplia residencia donde piensan instalarse, quizás, el año próximo. El arquitecto Pablo Goldenberg, que es el proyectista y director de obra, conduce a no menos de cinco albañiles que diariamente se ven trabajando en el lugar, para construir una casa de unos 300 metros cuadrados –de acuerdo al plano–, para lo cual se estima una inversión cercana a los 600.000 pesos como mínimo.

“Yo no tengo nada que ocultar de mi patrimonio; con mi esposa hace tiempo que trabajamos en la profesión, ganamos bien y también tenemos los ingresos del Estado”, dijo a ANALISIS, cuando buscó dar una explicación. No obstante, mientras su esposa es monotributista, en la categoría “A” (o sea que factura hasta 12.000 pesos anuales); Canosa tiene la categoría “D”, hasta 48.000 pesos al año como ingresos. No obstante, entre ambos, tienen ahorros por casi 40.000 pesos actualmente, en distintas entidades bancarias.

Canosa no está pasando por un “buen momento”. Disfruta de “un lugar importante” en la estructura de Sergio Urribarri, como el hecho de presidir Sidecreer –donde tiene un sueldo cercano a los 12.000 pesos mensuales, genera negocios claros y otros no tan transparentes– o de la posibilidad de colaborar con su familia (hay quienes recuerdan que el año pasado le regaló un automóvil Polo y una pequeña lancha a su padre), pero también es consciente de las derivaciones que le pueden provocar estar en ese puesto público. “Puede participar de algunos negocios, pero de los denominados chicos; los más importantes son arreglados de antemano, en otras esferas de poder, y con gente que a veces hasta ni está en la estructura gubernamental, pero tienen tanto o más injerencia que los propios funcionarios, por las tajadas que reparten”, indicó un conocedor. Mientras tanto, el hombre de traje costoso, pugna por su porción, porque no deja de pensar que a los sueños, hay que cumplirlos lo antes posible.

Una casa con todos los lujos

Juan José Canosa está actualmente construyendo lo que espera que sea su casa a partir del año próximo en un terrono de 1.430 metros cuadrados ubicado en la Toma Vieja, por el cual pagó más de 100.000 pesos.

El diseño y dirección de obra están a cargo del arquitecto Pablo Goldenberg que planifica la construcción de una vivienda de unos 300 metros cuadrados, con cuatro dormitorios –en el principal hay un baño y vestidor con una superficie de 12 metros por 6–; y los otros tres con un baño. La vivienda contará también con un hall recibidor, estudio, una sala de estar de 8 metros por 5, un comedor de 6 metros por 4 y una cocina de 4 metros por 4. También habrá un tercer baño, lavadero, asador con galería y cochera para dos autos, según reveló una fuente a ANALISIS.

Se estima que la inversión sería cercana a los 600.000 pesos como mínimo y en agosto del año pasado Canosa obtuvo un crédito del Banco Hipotecario Nacional de 140.000 pesos para las obras en la casa de la Toma Vieja.

Lo que explicó Canosa

El funcionario Juan José Canosa, a pedido de este semanario, envió un detalle sobre su estado patrimonial y sus roles estatales y privados. El texto es el siguiente:

“Atento al requerimiento periodístico le informo el siguiente detalle:

Bienes del núcleo familiar:
–Plan Pilay, departamento ubicado en calle Urquiza 1540 de Paraná. Es un plan de 220 cuotas que adquirimos en marzo del año 2004 y por el cual se abonan mensualmente un valor promedio actual de 1.300 pesos y que aún se encuentra en cumplimiento.
–Casa en construcción iniciada en Mayo de 2006 y que luego de dos años de trabajos no hemos podido concluir y sobre el cual pesa un préstamo hipotecario de 140.000 pesos, tomado en el año 2007.
–Un automóvil Mitsubishi, modelo 1998.
–Un automóvil VW, año 2006.
Actividades Laborales y Académicas.
–Contratado a través del sistema de pasantías rentado, por el Instituto Autárquico Becario Provincial (Inaubepro) afectado a la Dirección General de Rentas de la Provincia de Entre Ríos (DGR), como Verificador del Impuesto a las Profesiones Liberales, Área Fiscalización Tributaria, durante el período comprendido entre febrero de 1997 y febrero de 2000.
–Ejercicio profesional privado en Estudio Jurídico particular en la ciudad de Diamante (Mitre y Etchevehere, de Diamante), desde el mes de marzo de 2000.
–Asociado al Estudio Jurídico del doctor Daniel Antonio Elías, en la ciudad de Paraná, desde el mes de enero del año 2000, hasta mayo del año 2002.
–Asociado al Estudio Jurídico Notarial Torrealday y Asociados, Paraná, desde junio del año 2002, continuando hasta la fecha.
–Asesor Legal del ex diputado provincial, licenciado Raúl Abraham Taleb, desde el enero de 2001 hasta octubre de 2003.
–Cobranzas y gestiones Judiciales y Extrajudiciales, en el Estudio Jurídico particular de la ciudad de Diamante, Entre Ríos, para la empresa Tarjeta Naranja SA, desde el mes de febrero del año 2003.
–Secretario Legal y Técnico del Ministerio de Gobierno, Justicia, Educación, Obras y Servicios Públicos de Entre Ríos, designado mediante Decreto Número 36/03 GOB, desde el 11 de diciembre del año 2003.
–Interventor ad honorem de Líneas Aéreas de Entre Ríos SE, designado mediante Decreto Número302/04 GOB, desde el mes de febrero del año 2004, hasta el 28 de enero de 2007.
–Presidente del Sistema de Créditos de Entre Ríos Sociedad Anónima (Sidecreer), desde el 21 de diciembre de 2007.
–Profesor de Derecho Constitucional en la Escuela de Oficiales de la Policía de Entre Ríos, Doctor Salvador Maciá, durante los años 2005, 2006 y 2007.
Asimismo, los ingresos del núcleo familiar se complementan con los ingresos de mi cónyuge, que también es abogada, especialista en derecho administrativo (UNR) y especialista en derecho penal (UNL), ejerce la profesión desde el año 2002, es asesora legal de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos desde mayo de 2002 y docente universitaria (JTP de la Cátedra de Derecho Constitucional, a cargo del doctor Horacio Rosatti, en Universidad Nacional del Litoral) desde el año 2005.

Quedando a disposición de vuestro medio para las aclaraciones y/o cuestiones que crean necesarias.

Juan José Canosa.
DNI 22.690.324

El hombre de calle Corrientes

El abogado Flavio Torrealday –y socio de Juan José Canosa en el estudio jurídico– está en la Dirección Provincial Vialidad (DPV) desde la última parte de la anterior gestión justicialista, desempeñándose como jefe de Departamentos Legales. Actualmente es secretario Legal y Técnico de la DPV. Tanto en la anterior administración, como en la actual, viene sorprendiendo una actitud: empresarios multados por excesos de peso o proveedores del organismo, empiezan a concurrir a su despacho inicialmente, pero los “acuerdos finales” se cierran en su estudio jurídico de calle Corrientes 128, planta baja. O sea, el mismo estudio que comparte con Canosa. Algunos ejemplos, se pueden citar:

–El Expediente Número 44.354, sobre la aplicación de una multa, a una empresa con sede en Capital Federal, pero con un obrador en Ceibas, se terminó cerrando en calle Corrientes. “No traigas la plata a la DPV, te espero en el estudio”, le dijo a un operador de la firma. El expediente original quedó en manos del sancionado. “Te lo doy, como muestra de mi buena fe”, le habría indicado el joven letrado. Lo cierto es que las multas que se aplican, terminan siendo acordadas directamente por Torrealday con los afectados, muchas veces con un descuento que va del 40 al 50 por ciento del importe inicial. Algunas veces, el “descuento” es mucho mayor. Pero no se sabe por qué tanta “gratitud” de parte del funcionario y si, realmente, todo ello está en conocimiento de la máxima autoridad de la DPV.

–Un proveedor de Paraná Campaña venía reclamando una deuda de 200.000 pesos al organismo, desde principios de año. Se hicieron presentaciones administrativas, a través de un conocido abogado paranaense y nunca hubo respuestas. “Tenés que arreglar con Flavio”, le dijeron. El empresario se entrevistó con Torrealday en el estudio de calle Corrientes. Se destrabó el pago a los pocos días.

–Un corralón de Avenida Almafuerte de Paraná le inició un juicio a la DPV y al Estado provincial, porque la obra que había iniciado, relacionada con el puente entre la Avenida Circunvalación y Almafuerte se había demorado más de lo debido, ocasionándole daños económicos. La sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda. La Fiscalía de Estado apeló, pero finalmente tuvo que desistir, porque Torrealday formalizó un acuerdo de pago sin consulta alguna con la empresa, lo que motivó una fuerte reacción del conductor del organismo, Julio Rodríguez Signes. El alto funcionario impulsó y firmó el Decreto Número 67.064, del 18 de noviembre de 2008, donde se establece el patrocinio “obligatorio” de todos los acuerdos que se hagan en las reparticiones.

Lo cierto es que Torrealday, en los últimos tres años, viene mostrando un crecimiento económico sostenido, pese a su sueldo, de no más de 4.200 pesos mensuales y el de su esposa, Gisela Bedoya, empleada de una entidad bancaria, que percibe un monto similar. Al igual que su amigo Canosa, logró un crédito de unos 100.000 pesos en el Banco Hipotecario Nacional, a nombre de su esposa, en septiembre del año pasado. Compró un lote de 750 metros cuadrados, ubicado en la calle pública número 1370 (luego calle Dr. René Bonfils), al 1636, que da a los fondos de la amplia residencia de Oscar Pacha Mori, y se hizo una casa, inicialmente, de una superficie cubierta de 224 metros cuadrados. También realizó una fuerte inversión inicial –para la coqueta construcción, que llevó adelante el arquitecto Esteban Piaggio–, pero en los últimos dos años concretó ampliaciones importantes. Hay quienes sostienen que los anexos que hizo rondaron los 160.000 pesos aproximadamente.

En agosto de 2006 le compró un Renault Twingo a su esposa, modelo 1999, que puso a su nombre, pero el 29 de julio de este año patentó el Peugeot Citroen C4 2.01 (patente HIP-823), cuyo costo asciende a casi 100.000 pesos. Lo puso a nombre de su señora. A su vez, para los fines de semana, adquirió una lancha para cinco personas, cuyo precio ronda los 30.000 pesos, con un motor de cuatro tiempos. “El motor, solamente, sale 5.500 dólares”, dijo un entendido. En fin, todo sea para descansar en el río o apostar a la buena pesca.

El operador

El 2007 fue un año de mucho movimiento para el funcionario Juan José Canosa. No sólo por lo referido a la Liquidación de Líneas Aéreas de Entre Ríos, sino también por algunas “tareas extras” que tuvo que hacer en torno a una resonante causa judicial, tramitada en Gualeguaychú, a raíz del desfalco denunciado por el propio intendente Daniel Irigoyen, ante maniobras millonarias del contador municipal Ángel Giménez.

“Canosa, cumpliendo órdenes del poder, vino varias veces a Gualeguaychú, para ver en qué medida se podía lograr que aparecieran como involucrados los altos funcionarios de la comuna y así lograr que ese golpe judicial, derivara en un rédito electoral para el peronismo, en un lugar que, en los últimos años, le había sido adverso. Hubo encuentros en la ciudad del sur entrerriano –con determinados personajes, ligados a negocios pocos claros, que se ofrecieron a realizar algunas maniobras, a cambio de alguna recompensa–, como así también en Gualeguay y en Victoria. “Canosa llegaba con un chofer, bajaba siempre con un maletín y a escasos metros quedaba un patrullero, como custodiando”, indicó un testigo presencial. Casualidad o no, tanto Irigoyen como otros integrantes de la comuna terminaron procesados junto al contador Giménez, aunque, según se sabe, ninguno de los hacedores de la supuesta operación tuvieron que hacer esfuerzo alguno para lograr tal instancia judicial. Ni el fiscal, ni el juez se enteraron de que algo externo ocurriera. “Pero la vendieron como si hubiera sucedido”, acotó la fuente.

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