Federico Malvasio

La Oficina Anticorrupción y de Ética Pública fue la justificación de un vacío en políticas de control de Estado. El organismo interviene en causas que heredó de la ex Fiscalía de Investigaciones Administrativas. También actúa en casos que, en rigor, no tienen nada que ver con la función para la cual fue creada. La promesa de una Fiscalía Anticorrupción establecida en la nueva Constitución sirve de excusa para reconocer la inexistencia del organismo. ANALISIS realizó un informe con las causas aún vigentes y las que finalizaron. Los resultados y los involucrados son una tesis de lo ocurrido en la materia.

La Oficina Anticorrupción y de Ética Pública (OAEP) va a dejar de ser lo que nunca fue: un organismo que controle al Estado. Al área no se le conoció, hasta el momento, otra función que haber sido la pantalla que justificó el entierro de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA).

Pasaron cinco años y un proceso de reforma de la Constitución en que la Oficina Anticorrupción, creada por un decreto de Jorge Busti, no fue mencionada en alguna plataforma electoral ni en un discurso de campaña. La Convención Constituyente dejó la promesa de crear una Fiscalía Anticorrupción que dependerá del Ministerio Público Fiscal y que tendrá a su cargo “la investigación y acusación de los hechos de corrupción y otros delitos contra la administración pública”. La iniciativa ni siquiera se asoma en los despachos de legisladores, funcionarios, ni en la Procuración General. Pero en la OAEP se entusiasman con su creación y, de paso, la utilizan como excusa para justificar una función que se le reclamó pero nunca pudieron cumplir.

Causas

Una recorrida por las causas más importantes en las que interviene la Oficina Anticorrupción no amerita un gran esfuerzo mental para determinar que el organismo sólo se hizo cargo de causas que fueron iniciadas en la gestión de Oscar Rovira al frente de la FIA.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)