D. E.
Varios de los médicos civiles que declararon en la sonada causa Hospital Militar de Paraná, donde se investiga la sustracción de menores y sustitución de identidad en los casos de al menos cuatro bebés, mencionaron a Ricardo Rizzo como uno de los profesionales que cumplía funciones en ese lugar, en tiempos de la última dictadura. No sólo lo cita Juan Antonio Zaccaría -que era jefe de terapia intensiva y se encuentra detenido desde 2008, aunque recluido hace varios meses en el Hospital San Martín de Paraná, por problemas de salud-, sino también conocidos profesionales de la ciudad que testimoniaron en la investigación judicial: entre ellos, Juan Alberto Berduc, Sergio Prudkin o Jorge Mario Cantaberta. No obstante, la declaración más contundente fue la de un ex soldado de la Segunda Brigada de Caballería de Paraná, que prestaba funciones en el nosocomio castrense y que lo citó a Rizzo como “uno de los cuatro médicos con rango militar que manejaban la guardia” del Hospital Militar, en un período en el que no solamente desaparecieron bebés, sino que también se atendían militantes secuestrados, con graves secuelas por ejecuciones o torturas.
Cuando este semanario publicó -el 26 de noviembre del año pasado-, la conmovedora testimonial del ex soldado con identidad reservada, el médico Rizzo concurrió con su abogado al día siguiente al Juzgado Federal de Paraná y dejó un escrito, junto al ejemplar de ANALISIS, donde le solicitaba al juez federal subrogante, Gustavo Zonis, para declarar en forma espontánea y aclarar su rol en esos tiempos del horror. Sin embargo, pese al paso del tiempo, Zonis nunca hizo lugar a su planteo.
“No se entiende la situación; es como que en Paraná existen ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda”, acotó una fuente, ligada a la lucha histórica contra las violaciones a los derechos humanos. Tal vez no se midió que Rizzo no es un médico más, sino que tiene numerosas particularidades.
Hijo de un padre militar –que habría prestado funciones en dependencias castrenses de Capital Federal-; un hermano, ya fallecido, que habría pertenecido a la Marina Mercante y con estrechas vinculaciones con sectores de la Armada Argentina; un concuñado militar, que también habría prestado servicios en el Hospital de Paraná dependiente del Ejército Argentino y un suegro también militar –por más que haya sido suboficial-, padre de la actual vocal del Superior Tribunal de Justicia, Susana Medina. O sea: un médico traumatólogo con demasiadas vinculaciones con el poder militar en tiempos de la dictadura, que, seguramente, podría haber aportado información, tanto en la causa por robo de bebés como en el expediente denominado “Señor fiscal, su denuncia”, en torno a diferentes hechos de violencia y muerte producidos en Paraná en esos días oscuros de nuestro país.
Una historia de vinculaciones
Nadie sabe a ciencia cierta qué fue lo que más influyó en Zonis para no citarlo a Rizzo. Quizás tuvo algo que ver su historia familiar también. Su padre, Simón Zonis, fue juez Correccional de Paraná, pero a poco de desembarcado el golpe de Estado ascendió a vocal de la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción de la capital entrerriana. El decreto número 315, del 11 de mayo de 1976 –o sea, casi 45 días después del golpe de Estado- fue firmado por el entonces gobernador de facto, el brigadier Rubén Di Bello y el ministro de Gobierno, Justicia y Educación, Ángel F. Soldini. “Pero fue el propio general (Juan Carlos Ricardo) Trimarco el que me armó toda la justicia, a poco de instalado el gobierno militar en Entre Ríos”, confesó recientemente, en un reportaje con ANALISIS, el ex mandatario Di Bello. Carlos Ferrari pasó a ser el nuevo presidente del Superior Tribunal de Justicia, secundado por Evaristo Uriburu, Raúl Aranguren, Juan Carlos Gemignani –el mismo que en democracia integrara el Consejo de la Magistratura de la Nación-, Luis Calderón Hernández y Miguel Cordini.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
