Gisela Romero

La delegación Entre Ríos del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) comenzó a funcionar en 2007, aunque recién el 5 de enero del año pasado abrió la sede en Paraná. A mediados de 2008 el organismo sumó un abogado y a partir de entonces las denuncias comenzaron a llevarse adelante en la provincia. En tanto, las primeras que se hicieron fueron remitidas en su totalidad al organismo central, para ser instruidas por el cuerpo de asesores.

A lo largo de 2009 recibieron más de 90 denuncias, algunas de las cuales fueron tramitadas de manera formal y otras se solucionaron por medios alternativos de resolución de conflictos. Y en lo que va de este año, ya llevan iniciados 49 nuevos trámites. De ellos, la gran mayoría están relacionados con situaciones de discriminación en las escuelas.

Estas denuncias, que implican producción de pruebas e instancias de conciliación entre las partes y que culminarán con un dictamen del cuerpo de asesores del instituto central, han sido realizadas por una persona o por integrantes de un colectivo que se han sentido agraviados o discriminados ante un hecho particular, devenido de la conducta de otro en detrimento de sus derechos. Y no han sido anónimas, dado que la ley requiere que la conducta reprochable legalmente se dé contra un sujeto de derecho, y son sus representantes legales los que están en condiciones de accionar.

Así proliferan las presentaciones por diversidad ideológica, política, gremial o sexual, por discapacidad y problemas de salud, por la edad, el género, la pertenencia a un pueblo originario o por ser nativo de otro país o incluso de otra región, por la creencia religiosa, la pertenencia a una minoría, el lugar de residencia y por tener una condena o estar encarcelado.

El objeto de las denuncias

La abogada del Inadi Entre Ríos, Romina Aquilini, plantea que desde que comenzó a funcionar la delegación hasta la actualidad, fueron cambiando “los objetos de las denuncias”. A la par, indica que la variedad de los temas ventilados en años anteriores, dieron lugar en este 2010 a la instrucción de denuncias o consultas vinculadas con particularidades del sistema educativo.

“Los conflictos registrados han surgido de la convivencia dentro de los establecimientos educativos y hasta fuera de él, pero con estrecha relación a la pertenencia de los sujetos a la comunidad educativa. Nos han relatado situaciones entre docentes, entre docentes y directivos, entre docentes y alumnos, entre alumnos y entre alumnos y directivos”, detalla la asesora letrada a este semanario.

Entre los casos que se destacan este año, está el de una madre que concurrió al organismo y denunció que su hijo padece diabetes y la maestra del establecimiento al que concurre le dijo a sus compañeros de grado que no jueguen con él porque está enfermo, o el de una escuela que se negó a aceptar los niños de una familia gitana. Pero también hay denuncias realizadas por adolescentes que fueron sancionados por tener piercings, por estudiantes que fueron penadas por estar embarazadas, por chicos sancionados por mal comportamiento o porque no concurrieron a la escuela con un ornamento ordenado por los directivos. Y a la vez están en trámite las denuncias interpuestas por docentes que se sienten discriminados por cuestiones ideológicas, por la propia institución o por sus pares.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)