Antonio Tardelli
A la vera del Paraná se inclina un complejo fabril que llegó a facturar 10 millones de dólares al mes. La planta dio empleo en su mejor momento a más de 2.000 trabajadores. En los agitados 90, incluso, superó los 1.500 operarios. Las cifras fueron mucho más modestas en el período Taselli, que se enteró de la existencia de Santa Elena en 2003, cuando en tiempo de campaña los referentes del justicialismo lo pasearon cual un mesías. No obstante, las promesas dejaron paso a la realidad. Hoy los trabajadores empleados son apenas un centenar, lejos de los instantes de gloria, y el promedio general de los últimos años no ha ido mucho más allá. No se ha faenado en los últimos tres meses y, trabajando a pérdida, el futuro de la producción parece limitarse al picadillo, toda una alegoría. No se consigue un solo producto de la empresa en góndola alguna del planeta Tierra. Sólo comercializa enlatados al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y una deuda oficial fue el argumento patronal para encarar el reciente ajuste de personal.
Los sectores más dinámicos de Santa Elena, los que sucesivamente batallaron para defender la fuente de trabajo y combatir las sucesivas oleadas de despidos, se han formado de Taselli la peor impresión. No sólo lo aborrecen por sus antecedentes sino también por sus prácticas en la ciudad. Lo conocen incumplidor de los convenios colectivos y lo acusan de degradar a los trabajadores. Pero las objeciones son más estructurales aún. Siempre vieron al ex concesionario de las minas de Río Turbio como a un agente de otros grupos frigoríficos interesados en neutralizar a la planta entrerriana. Debido a su habilidad para manejarse con el poder político, llamó la atención que el anuncio del cierre de la empresa, lanzado el lunes y relativizado horas después, llegara a pocas semanas de los comicios en los que la Presidenta de la Nación y el gobernador de Entre Ríos se juegan sus respectivas reelecciones.
El mismo lunes, el empresario investigado por vaciamiento de empresas dialogó con el ministro de Gobierno, Adán Bahl, y acordó un encuentro para esta semana. En sus declaraciones a la prensa, aludió a los conocidos inconvenientes que enfrenta la industria frigorífica pero descendió a otros terrenos para explicar los avatares que ponen en peligro la continuidad de la firma. La emprendió contra los trabajadores y los delegados gremiales. “Con esta gente es muy difícil cambiar algo”, disparó despectivo. Ante las medidas de fuerza de los operarios, acotó: “Que hagan el paro. No pago sueldos ni tengo gastos. Me conviene y no me perjudica. Si hacen un paro dejo de perder y la verdad es que es lo que más me conviene”. En horas de angustia y de zozobra, el empresario hizo ver cuánto estima el valor de la conveniencia. Apeló a la misma palabra para explicar por qué por el momento no ha tratado el tema con el gobernador Sergio Urribarri: “Son problemas en los que él no puede hacer mucho y no conviene molestarlo por esto”. No faltará oportunidad.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
