Antonio Tardelli
El conflicto desatado por el retoque del Impuesto Inmobiliario Rural, que esta semana incluyó nuevas quejas de los productores e insinuó la reactualización del escenario que en 2008 se configuró producto de la frustrada imposición de los derechos móviles de exportación, es apenas una manifestación de las resistencias con que inexorablemente se topará el Estado si pretende corregir en sus cuentas un desequilibrio que adquiere ya dimensiones preocupantes.
En términos absolutos es significativa la cifra que esconde el desacuerdo entre las autoridades y los ruralistas: están en juego unos 500 millones de pesos anuales. El Poder Ejecutivo se sentiría satisfecho si por tal concepto pudiera alcanzar los 650 millones de pesos de recaudación desde los 140 millones de los que parte. Pero al mismo tiempo es conciente del carácter relativo de todo esfuerzo tendiente a mejorar la recaudación propia. El problema es su estructura general de financiamiento.
El carácter dependiente de Entre Ríos salta a la vista. El 79 por ciento de los recursos de su presupuesto proviene de la coparticipación. El Estado entrerriano, por sí mismo, reúne apenas el 21 por ciento restante. Así, el denuedo por generar nuevos ingresos y volver más eficaz la tarea recaudatoria conlleva costos políticos acaso excesivos frente a los acotados beneficios que, en el cuadro general, acarrea.
De todos modos, el sector público no está en condiciones de examinar si por las críticas sacrifica una sola moneda. Su nivel de gastos exige todas las fuentes disponibles.
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