L.Y.D.S.
(Especial para ANÁLISIS)

No tiene la presencia mediática de Miguel Marizza, ni el perfil público de Iván Szczech. Tampoco fue caracterizado en la prensa como un zar de la obra pública, ni como una versión entrerriana de Lázaro Báez. Ni siquiera integra la lista de 35 firmas que el empresario preso en el penal de Ezeiza entregó a la Justicia, en la que sí figuran las firmas entrerrianas Luis Losi SA y LemiroPietroboni SA.

Daniel Aníbal Hereñú, propietario de la firma paranaense Organización Industrial Construcciones (OIC) SA, beneficiada con millonarios contratos de diversas obras en los últimos años, ni siquiera quedó imputado en la causa en la que se investigan presuntos sobreprecios en relación a una obra de pavimento en la ciudad de Larroque, que ganó espacio en los medios nacionales porque el intendente decidió devolver 13 millones de pesos al Estado nacional.

¿La razón? Su hijo Néstor Hereñú fue el firmante de la documentación para la ejecución de la obra financiada por el entonces Ministerio de Planificación Federal y es él quien, en la pesquisa que lleva adelante el fiscal Sergio Rondoni, está imputado junto al ex intendente Raúl Riganti –hoy prosecretario del bloque justicialista en la Cámara de Diputados- y al ex secretario de Gobierno, Leonardo Hassel.

Las cuadras del escándalo

En diciembre de 2015, a pocos días de asumir, el entonces flamante intendente de Larroque, Darío Benedetti (Cambiemos), ordenó una auditoría de las cuentas del municipio a la que se había comprometido durante la campaña. Uno de los puntos en foco fue una obra de 14 cuadras de pavimento financiada por el plan Más Cerca, dependiente en el gobierno anterior de la cartera que conducía Julio De Vido. La obra venía generando quejas tanto por el precio de 21 millones de pesos, como por la calidad de los trabajos.

(Más información en la edición gráfica número 1052 de la revista ANALISIS del jueves 8 de diciembre de 2016)