La exministra de Seguridad del gobierno macrista, Patricia Bullrich, presentó recientemente su libro Guerra sin cuartel, donde hace una síntesis de hechos principales de su administración. La actual presidenta del PRO menciona el exintendente de Paraná, Sergio Varisco, condenado por la causa denominada narcomunicipio. Lo hizo en el capítulo El santuario, sobre hechos de Corrientes y Entre Ríos, que se pone a consideración en esta edición.
Por Patricia Bullrich
En 1528, el famoso marino veneciano Sebastián Gaboto, quien navegaba en nombre de la Corona de España —como otras veces lo haría para la de Inglaterra—, llegó remontando el río Paraná hasta las tierras del cacique Yaguarón. Su tripulación fue alimentada allí por los aborígenes, antes de que continuara río arriba. Habían arribado a la costa donde, en 1615, fray Luis Bolaños fundaría el pueblo al que más tarde se le daría el nombre de Itatí, que en lengua guaraní significa “nariz de piedra” o “piedra en punta”.
Veintiséis años antes de fundar la aldea, Bolaños había levantado en el mismo sitio un oratorio dedicado a la Virgen, para dar veneración a una imagen de madera aparentemente tallada por los itatines, como se llamaba a los guaraníes de la región.
El villorrio fue después trasladado no muy lejos, lo mismo que el oratorio, que se reconstruyó seis veces, hasta que en 1938 se colocó la piedra fundamental de lo que hoy es un templo enorme, de ochenta y ocho metros de altura. Desde sus lejanos comienzos, fue un centro de veneración de la fe católica, especialmente de argentinos y paraguayos, debido a la gran cantidad de milagros atribuidos por el pueblo y por la Iglesia a la Virgen de Itatí, declarada Patrona de la provincia de Corrientes.
La impresionante envergadura de la basílica y las peregrinaciones al santuario desde todo el país, a pie y a caballo, contrastan con las casas bajas de los alrededores y con una población que no supera los siete mil habitantes.
En 1936, un sacerdote llamado José Dutto, de paso por el lugar, escribió una larga carta a Don
Orione, en uno de cuyos párrafos le transmitía su impresión sobre la ciudad: “Hasta me parece que aquí el diablo no tiene acceso, porque se vive una tranquilidad de espíritu admirable…”.
Ese misionero nunca hubiera imaginado la realidad con la que nos encontramos cuando ochenta años después decidimos investigar a fondo esa tierra de paz malversada por sus autoridades, que contaminaron al pueblo con uno de los peores males para una sociedad.
Cuando llegué al Ministerio de Seguridad, hacía tiempo que era vox populi que Itatí representaba uno de los principales canales de ingreso de marihuana en la Argentina, procedente de Paraguay. La situación de la ciudad, justo donde el río Paraná corre de Este a Oeste y forma el límite entre los dos países, con varias islas en el medio, era ideal para que las embarcaciones de los traficantes se escabulleran durante el día y cruzaran velozmente por las noches. Sin embargo, parecía que nada pasaba en Itatí.
En octubre de 2014 —un año antes del triunfo de Mauricio Macri en las elecciones nacionales —, Mariela Terán, hija del intendente de Itatí, Natividad “Roger” Terán, circulaba a gran velocidad por la ruta 12 con su marido, Ricardo “El Chino” Piris, en un automóvil Volkswagen New Beetle negro, la versión moderna del “escarabajo”. De repente, el vehículo se topó con un móvil de la Gendarmería que estaba haciendo un control preventivo y giró bruscamente en U, hacia la ciudad de Itatí. Los gendarmes lo persiguieron, pero los ocupantes del “escarabajo” dejaron el automóvil abandonado en una zanja y huyeron.
Dentro del Volkswagen, la Gendarmería encontró ciento ochenta y ocho kilos de marihuana dispuesta en trescientos veintiséis paquetes. La mujer denunció que su auto había sido robado en la puerta de una escuela. También argumentó después que los gendarmes podrían haber colocado allí la droga para perjudicarla.
Natividad “Roger” Terán, padre de Mariela, había ganado las elecciones en 2013 con los colores del Frente para la Victoria, el partido de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En principio, la justicia federal de Corrientes aceptó el argumento de Terán e incluso le permitió actuar como querellante en el expediente.
Cuando asumí mi cargo, el fiscal federal Carlos Schaefer, un funcionario excelente, me llamaba con frecuencia desesperado al ministerio. En una ocasión, literalmente lloró de impotencia por la impunidad que veía en el lugar. Él tenía armado un gran cuadro con toda la red de responsables en la trama del tráfico de marihuana, los jefes de las bandas y las complicidades políticas. Lo había preparado con el conocido programa de inteligencia “i2”, que ayuda a tejer sobre la pantalla de una computadora la telaraña de relaciones entre individuos, vehículos, propiedades de todo tipo y sociedades.
En otra oportunidad, el gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, mientras recorríamos la zona en un helicóptero de la Gendarmería, me confió que, cuando Cristina Fernández de Kirchner era presidenta, había sobrevolado la provincia con ella en ese mismo helicóptero y que, durante aquel corto viaje, él le había pedido ayuda para el grave problema del narcotráfico en Itatí. La presidenta no le dio la menor importancia al pedido y le respondió displicentemente que la Argentina tiene una frontera muy extensa y que no se podía hacer mucho contra el narcotráfico. Ella cambió enseguida el tema de conversación. Colombi me contaba esto porque conocía mi decisión de llegar al fondo del asunto.
Sabíamos que la marihuana que ingresaba por Itatí se distribuía en casi todo el país y, en Buenos Aires, llegaba a muchos barrios. Había algunas zonas donde los distribuidores se hacían más fuertes, como la villa 21-24, también conocida como Zavaleta, y la 1-11-14, en el Bajo Flores. Las bandas correntinas que la enviaban desde su provincia eran la de Luis “El Gordo” Saucedo; la de Federico “Morenita” Marín y la de Carlos “Cachi” Bareiro.
Saucedo y Marín abastecían, fundamentalmente, a la Banda de los Monos, en Rosario, y Cachi Bareiro era mirado en Corrientes como se veía a los mexicanos Joaquín “El Chapo” Guzmán o Amado Carrillo Fuentes, o como en su tiempo al colombiano Pablo Escobar Gaviria. Le llamaban “El Patrón”, lo cual indicaba la preeminencia que tenía entre los mafiosos. En realidad, Bareiro ya estaba preso, pero seguía manejando el narcotráfico desde una cárcel del Chaco. El intendente se hacía el distraído, pero era quien daba protección a esas bandas.
Resultaba imposible que, en un pueblo donde todos se conocían, quien dirigía el municipio ignorara una realidad tan espantosa. Los adolescentes eran reclutados en las escuelas secundarias para hacer de vigías del narcotráfico. Hasta los chicos de siete, ocho, y nueve años eran usados como “chajás”. Así llamaban a quienes advertían a los narcotraficantes si podían o no cruzar el río, con el mismo grito del chajá, un ave típica de la zona de Entre Ríos y Corrientes que tiene su habitat cerca de ríos y lagunas. Ellos mismos se ocupaban de ahuyentar a los turistas que paseaban por la costanera, cuando tenían que despejar el terreno para que las lanchas y canoas cruzaran desde Paraguay y se descargara la droga.
Le pedí a la Gendarmería que no quitara el ojo de encima de la cobertura que pudieran dar al narcotráfico las autoridades políticas. Varios gendarmes se fueron a vivir a la zona de Itatí, sin darse a conocer como tales, para estudiar mejor lo que allí ocurría y seguir el hilo de la comercialización. Sus equipos de inteligencia siguieron investigando hasta llegar más adelante al resultado que muchos habíamos imaginado.
Mariela Terán y su marido, Ricardo Piris, no tenían un trabajo conocido y, a pesar de eso, se los veía pasear en una Ford Ranger de un precio que no debería haber estado a su alcance. Otro tanto ocurría con Saucedo, quien hasta 2014 figuraba como empleado de la municipalidad de Itatí, pero circulaba en una Toyota Hilux. Era sólo la punta del iceberg de su patrimonio. Él cobraba un plan social, pero tenía tres inmuebles en Itatí y veintitrés automóviles.
Empezamos la investigación con el fiscal Schaefer y con la Procuraduría de Narcocriminalidad, al mando de Diego Iglesias. La causa había llegado al borde de la prescripción por la lentitud con la que, a duras penas, la impulsaba el juez Carlos Soto Dávila y su secretario, Pablo Molina. Pero el desenlace se produjo de la manera menos esperada. Un grupo de efectivos de la Prefectura Naval que recorría la villa 21-24 —Zavaleta— vio cuando un chico de nueve años recibía un paquetito desde una ventana. Decidieron seguirlo y comprobaron que era “paco”, que él comenzó a fumar enseguida. Indignados, pero guardando la calma, los prefectos volvieron a la casa donde el chico había recibido la droga. Ahí comprobaron que un grupo de correntinos comercializaba desde ese lugar no sólo “paco”, sino también marihuana.
El juez federal Sergio Torres tomó intervención y comenzó a seguir hacia arriba el hilo de los dealers, con el impulso de Diego Iglesias, de la Procunar, y del fiscal federal Carlos Stornelli.
Los dealers habían confesado que la droga venía de Itatí, pero no sólo eso. Mientras la justicia de Corrientes parecía paralizada, con la información que Torres y nosotros habíamos reunido, la investigación que se impulsaba desde Buenos Aires comenzó a volar.
(La nota completa en la edición 1117 de la revista ANALISIS del jueves 17 de diciembre de 2020)
