Caso Gill–Gallegos: un expediente sin respuestas y un señalamiento injusto

A más de dos décadas de la desaparición de la familia Gill–Gallegos en una zona rural de Entre Ríos, el caso continúa envuelto en un inquietante silencio judicial. En diálogo con ANÁLISIS, los abogados de la familia de Alfonso Goette advierten sobre una dimensión pocas veces abordada: el daño humano causado por años de sospechas mediáticas sin sustento probatorio. Mientras la investigación nunca imputó a Alfonso Goette -quien sólo declaró como testigo-, su familia convivió durante dos largas décadas con acusaciones públicas que jamás pudieron sostenerse en el expediente. Hoy, reclaman respeto, prudencia informativa y una mirada más rigurosa sobre uno de los misterios más persistentes de la provincia.

Por Nahuel Maciel

A más de dos décadas de la desaparición de la familia Gill–Gallegos, ocurrida el 13 de enero de 2002 en una zona rural del Departamento Nogoyá, el caso continúa siendo uno de los episodios más desconcertantes e irresueltos de la historia judicial de Entre Ríos.

Aquella noche desaparecieron Rubén “Mencho” Gill, su esposa Margarita Norma Gallegos y sus cuatro hijos -María Ofelia (12 años), Osvaldo José (9 años), Sofía Margarita (6 años) y Carlos Daniel (2 años)- sin que hasta hoy exista una pista firme que permita reconstruir con certeza qué ocurrió con ellos.

En ese vacío de respuestas -un silencio que se prolonga desde hace más de dos décadas- la investigación fue avanzando como quien camina a tientas en medio de una niebla espesa. Los años se poblaron de hipótesis inconclusas, muchas de ellas formuladas sin el rigor que exige un hecho de semejante gravedad. Hubo operativos reiterados que terminaron sin resultados, búsquedas que removieron la tierra y también la memoria de quienes habitan esos parajes rurales. Con el paso del tiempo, la presión social por obtener una explicación creció y, en más de una ocasión, derivó en versiones difundidas con escaso sustento probatorio y abundante irresponsabilidad. Algunas de ellas llegaron incluso a apoyarse en la palabra de supuestos “videntes”, una deriva que, lejos de aportar claridad, terminó alimentando una narrativa cargada de sospechas y conjeturas. Como si el expediente judicial se hubiera convertido en un campo donde, además de buscar rastros, también se sembraban dudas que luego germinaban en el terreno fértil de una afiebrada opinión pública.

En ese contexto, el eje de muchas de esas sospechas terminó recayendo reiteradamente sobre Alfonso Goette, propietario de la estancia “La Candelaria”, ubicada en la zona rural de Crucecitas Séptima, a unos 50 kilómetros de Paraná. Allí vivía -junto a sus cuatro hijos- la familia Gill: Rubén “Mencho” Gill y su esposa Margarita Norma Gallegos, quienes desarrollaban tareas propias de la vida rural y se desempeñaban como caseros del establecimiento.

En ese paisaje de campos abiertos y caminos de tierra -donde la vida cotidiana suele transcurrir con la calma propia de la ruralidad- se instaló, con el paso de los años, una sospecha persistente que transformó aquel lugar de trabajo y convivencia en el núcleo simbólico de una historia inconclusa. Para la familia Goette se transformó en un infierno.

Sin embargo, como subrayan los abogados Pedro Fontanetto D’Ángelo y Germán Palomeque -quienes representan a las hijas de Goette- el expediente judicial ofrece una precisión que suele quedar opacada en el debate público: Alfonso Goette nunca fue imputado ni procesado en la causa. Cada vez que fue convocado por la Justicia lo hizo en calidad de testigo, una condición que quedó expresamente consignada en las resoluciones judiciales que atravesaron el expediente a lo largo de los años. Esa circunstancia jurídica, clara en el papel, convive sin embargo con otra realidad mucho más difícil de desmontar: el peso de un señalamiento social que durante largo tiempo lo ubicó, de manera implícita o directa, como posible responsable de un crimen múltiple que jamás pudo probarse.

La distancia entre lo que establece el expediente y lo que se instaló en ciertos relatos públicos es, quizás, una de las heridas más dolorosas que dejó esta historia. Porque mientras la investigación no lograba ofrecer respuestas sobre el destino de la familia Gill -una ausencia que sigue siendo una deuda de la Justicia- la familia Goette también comenzaba a cargar con otro tipo de peso: el de una sospecha persistente que se repetía en conversaciones, titulares o comentarios. Dos familias distintas, atravesadas por un mismo drama, quedaron así atrapadas en una trama donde el silencio de los hechos fue ocupado muchas veces por la imaginación afiebrada e irresponsable.

En ese paisaje humano, donde la incertidumbre se ha prolongado durante años, la historia parece recordar algo elemental: cuando la verdad tarda demasiado en aparecer, el vacío que deja puede transformarse en un territorio peligroso. Allí crecen las conjeturas, se multiplican los relatos y, a veces, se termina lastimando a quienes también han sido parte involuntaria de una tragedia que todavía espera explicación.

La entrevista de ANÁLISIS con los letrados pone de relieve una dimensión poco explorada del caso: el impacto humano que esas sospechas han tenido sobre la familia Goette. Según relatan, durante años la viuda, las hijas e incluso los nietos del productor rural soportaron acusaciones, rumores y versiones infundadas que circularon tanto en ámbitos sociales como mediáticos. A pesar de los numerosos allanamientos realizados en el campo -incluidas excavaciones con apoyo del Equipo Argentino de Antropología Forense- ninguna de esas diligencias arrojó elementos que permitieran sostener una hipótesis incriminatoria.

(Más información en la edición gráfica de la revista ANALISIS, edición 1168, del día 19 de marzo de 2026)