Del temor a la impunidad a una condena que deja preguntas

El ex funcionario del gobierno de Frigerio, que era una de las figuras más importantes del PRO en la costa del Uruguay, fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión por chocar y matar en la ruta a cuatro jóvenes trabajadores. Estaba alcoholizado y viajaba en un auto oficial. Desde lo jurídico, el tribunal aplicó una pena cercana al máximo previsto para esa figura penal. Desde la percepción social, el resultado aparece como insuficiente o incluso como una forma atenuada de impunidad. En el Congreso de la Nación tiene media sanción un proyecto que, de aprobarse, llevaría al doble de años la condena ante un caso similar.

Por Américo Schvartzman

La tragedia ocurrió en la madrugada del 20 de junio de 2024 en la Ruta Provincial 39, a pocos kilómetros de Concepción del Uruguay.  Un automóvil oficial del Gobierno entrerriano, un VW Passat propiedad del Instituto Portuario, que avanzaba en dirección oeste, impactó de frente contra otro vehículo, un Chevrolet Corsa, en el que viajaban cuatro jóvenes en sentido contrario. Estos se dirigían desde Basavilbaso a trabajar al frigorífico Fadel, en San Justo, como cada día, sin importar que fuera feriado, como lo era ese frío jueves invernal en la ruta entrerriana. El impacto fue brutal y fatídico: Lucas y Brian Izaguirre, Leonardo Almada y Axel Rossi murieron en el acto.

El conductor del otro vehículo era Juan Enrique Ruiz Orrico, entonces funcionario del gobierno provincial que encabeza Rogelio Frigerio, quien rápidamente se lo sacó de encima: apenas cinco días después del accidente fatal.

Ruiz Orrico, ahora de 52 años, había sido funcionario en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), referente de la Sociedad Rural del departamento Uruguay, varias veces candidato a intendente perdidoso y, después de pasar por diferentes alternativas partidarias, era uno de los principales referentes del PRO en la región. Antes había sido candidato de Busti, de Massa y de Duhalde. A Ruiz Orrico se le atribuían fuertes vínculos con el sistema de justicia, ya que su ex esposa Evangelina Bruzzo era integrante de la Cámara de Casación Penal. La magistrada había tenido un momento de alta exposición, ya que el corrupto condenado Sergio Urribarri quiso recusarla en 2023 precisamente por ser la esposa de un alto dirigente del PRO.

Preguntas incómodas

El periodismo, pensamos algunos, debe ir más allá de la crónica policial inmediata. Un año atrás, cuando comenzó a definirse la carátula del caso Ruiz Orrico, tratamos de registrar el clima que lo caracterizaba desde el primer momento. En las horas posteriores al choque, mientras la noticia recorría el departamento Uruguay y la provincia toda, empezó a instalarse, al mismo tiempo que el espanto por la trágica muerte de cuatro jóvenes laburantes, una pregunta tan incómoda como inevitable: si el expediente protagonizado por el ex funcionario terminaría recorriendo el mismo camino que tantas veces se ha visto en la Argentina (y en Entre Ríos) cuando un hecho grave involucra a alguien del poder, ya sea por conexiones políticas o por status social.

La sospecha no era gratuita ni caprichosa. La experiencia acumulada por la sociedad argentina, en especial en los sectores más vulnerables, es muy generosa en episodios donde la justicia evidencia una relación flexible con quienes forman parte del poder político, económico o judicial. Esa experiencia alimenta un fuerte escepticismo respecto de la capacidad de los magistrados para brindar justicia en situaciones así: la justicia no investiga, ni mucho menos condena, a quien está ejerciendo el poder. En el mejor de los casos, espera a que lo pierda. ¿Hay excepciones? Sí, sobran los dedos de una mano para enumerarlas.

Por eso en aquellos primeros informes sobre el caso (como en las notas que publicamos entonces en Análisis, El Miércoles o Zoom) había un punto central, y que si bien había sido planteado por la querella (es decir por los abogados de las familias de las víctimas) no tuvo, como suele ocurrir, la repercusión social que ameritaba: se trataba de la discusión jurídica sobre la calificación del hecho.

Culpa y dolo

Desde el comienzo aparecieron dos hipótesis posibles para establecer la carátula del caso. La primera —y la que finalmente adoptó la investigación— era la de homicidio culposo agravado, es decir, una conducta imprudente o negligente que provoca un resultado mortal. La segunda era la figura de dolo eventual, una categoría más severa que presupone algo distinto y por eso más comprometedor: que el autor del hecho actuó consciente del riesgo de que su accionar podía provocar una tragedia.

(Más información en la edición gráfica de la revista ANALISIS, edición 1168, del día 19 de marzo de 2026)