Las casas del Barrio “Mutual Modelo 300 Viviendas” pertenecientes al Programa Federal “Techo Digno” situado en la intersección de las calles Gobernador Maya y Don Bosco de Paraná, se entregaron el 21 de noviembre de 2018.

Tiempo antes se habían entregado 250 viviendas en San Benito y otras 250 en Colonia Avellaneda.

Casi de inmediato surgieron los primeros reclamos por graves falencias en la estructura de las casas, principalmente por humedades y paredes rajadas, vertientes, o terrenos con menos metros del estipulado, donde no entra un vehículo en el espacio previsto para el garaje, por mencionar sólo algunos ejemplos.

A un año del inicio de los problemas, las quejas continúan y la preocupación es cada vez mayor, especialmente por el incremento constantes de las cuotas y porque con el paso del tiempo ya nadie brinda respuestas.

Los vecinos dialogaron con el programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) y contaron sus padecimientos.

“Los problemas en nuestro barrio comenzaron una vez que iniciamos la convivencia con nuestras viviendas, allá por noviembre de 2018, fecha que nos entregaron las casas”, recordó una vecina.

“Empezamos a observar problemas edilicios, problemas en la construcción. Y el sueño de tener una casa propia se nos fue viniendo abajo muy de a poquito”, lamentó esa misma mujer.

“Fisuras en las paredes, problemas con las conexiones de agua potable, con las cloacas, el tamaño de las dimensiones del terreno, los techos, la falta de canaletas, la falta de celosías del frente de las casas, otras que se les inundaban los patios o las que no se les secaba porque el agua no filtraba”, enumeró algunos de los padecimientos más significativos que deben afrontar. Pero eso no es todo, también confío “que luego nos dimos cuenta que estábamos viviendo en una zona de vertientes. Así empezamos ese 2018”, destacó esta vecina en su testimonio frente a las cámaras de Cuestión de Fondo (Canal 9, Litoral).

“A un año de la entrega de las viviendas, la mayoría de los vecinos se ha adaptado a la situación con la que tiene que convivir. Y de a poco hemos ido arreglando lo que podíamos. Hoy el problema más grave que tenemos es el precio de las viviendas”, indicó esta vecina, y agregó: “Las cuotas del IAPV se han duplicado en un año. Y los sueldos no han aumentado en esa proporción”.

“Los reclamos fueron formulados ante las personas que representaban a las empresas (constructoras) y luego nos pidieron que lo hiciéramos ante el IAPV. Se hicieron los reclamos. Y aquel que tenía problemas muy graves como aquellos vecinos que llegaron a tener pérdidas de gas, no podía esperar a que se le antojara al que estuviera de turno en el Estado para venir a verificar y esas personas terminaban arreglándolo con el esfuerzo de sus propios bolsillos”, ejemplificó y recordó otro caso: “Tuvimos un caso muy conocido de un vecino de la Manzana 11 que tenía cinco pinchaduras su línea de gas. Y eso no era por la falla de veinte años de una vivienda”.

“Cuando nos entregaron las viviendas empezamos a pagar las cuotas, aunque todavía no es cuota sino un canon de uso. No tenemos precios de las casas y por eso no nos pueden dar la cuota. Y como no está la finalización de las obras no pueden tasarla. Es decir, son demasiadas cosas las que debemos enfrentar. Y son tantos que los problemas son los de menos, lo que más nos preocupa es seguir pagando las cuotas”.

Otro vecino ofreció su testimonio para dar cuenta de una operatoria a la que los invitaron a participar para ser parte de una mutual. “Cuando me fui a anotar, había una mutual que te vendía el terreno en cuotas y debíamos estar inscriptos en el IAPV”, destacó.

“La mutual te cobra la cuota societaria, te vendía el terreno; aunque luego nos dimos cuenta que no nos vendía nada, sino que nos daba un crédito para saldar el terreno. Uno se hacía socio de la mutual, accedía al crédito y la mutual se encargaba de pagar el terreno y de cederlo al IAPV. Pero de esa maniobra nos enteramos una vez que estuvimos dentro de las casas”, resaltó.

Los vecinos también dieron cuenta que nunca nadie les indicó cómo iba a ser la operatoria y ni siquiera tienen escritura o algún documento que les garantice que ellos son los propietarios del terreno y de lo construido arriba de ese predio.

“Así es. Hay personas que pagaron el terreno de contado y tampoco tienen escritura de las viviendas. En mi caso particular, la pared del comedor se me partió al medio de la plataforma, de lado a lado, comenzando por una pared, continuando por el piso y siguiendo por la otra pared. Y luego de pelear mucho contra la empresa constructora, una vez vinieron, nos abrieron la pared y le colocaron silicona. Lo mismo con el piso, que lo levantaron y le pusieron siliconas y así la grieta quedó tapada, pero estimo que en un par de meses se volverá a partir”, lamentó este vecino.

Una tercer propietaria contó en el programa Cuestión de Fondo (Canal 9, Litoral) que hay fisuras en las paredes y se notan que están como tapadas. “Las rellenan con siliconas y las pintan arriba, tomó una coloración más amarilla y se nota. Y en los días de humedad, se nota mucho más. Por el momento, las fisuras de mi casa no se han vuelto a abrir como en otras propiedades. Pero, en mi caso tengo el terreno sin rellenar. Es decir, mi terreno está al mismo nivel del cordón de la calle y para males estoy en una pendiente que es parte de un arroyo. Entonces como el terreno de mi vecino está treinta centímetros más arriba que el mío, cada vez que llueve, se llena todo de agua y tardan semanas en secarse. Y los desagües pluviales al no tener pendiente, son insuficientes para que el agua del patio drene”, lamentó.

Cuotas y terrenos

Tradicionalmente el IAPV construía sus barrios en terrenos donados por los gobiernos municipales, pero con el tiempo comenzó a utilizarse otra modalidad por la cual entidades intermedias (sindicatos, mutuales, cooperativas) compran el terreno y se los vende a sus afiliados.

Con esto, la gente debe pagar el terreno (al contado o en cuotas) y la cuota de la casa al IAPV. De este modo, los futuros adjudicatarios no van al tradicional sorteo del Instituto, sino que se aseguran la entrega de la casa.

En este caso, las empresas constructoras adquirieron los terrenos y la Mutual Modelo los comercializó a los futuros adjudicatarios de las viviendas. Para concretar la operatoria, se asoció a estas personas como “socios” de la Mutual y les entregó un crédito para adquirir el terreno.

La Mutual Modelo financió el terreno en siete años, a un costo de 600 mil pesos. En septiembre/octubre del año pasado, la cuota era de 3.880 pesos y los aumentos se producen cada seis meses. Quienes pagaron al contado abonaron 120 mil pesos por el terreno, algunos concretando la operación en 2013 y otros en 2014.

En paralelo, a la vivienda de 55 metros cubiertos la financia el IAPV a 25 años, valuada en 1.400.000 pesos, y la cuota a pagar en noviembre del año pasado era de 4.843,70 pesos (el 20 por ciento del salario del adjudicatario). El monto de dicha cuota se actualiza según la paritaria estatal. 

Vale aclarar que el IAPV siempre hace inicialmente un contrato de tenencia precaria con lo cual los adjudicatarios están pagando un canon de uso, no la cuota definitiva. Esto es para constatar que la gente se mude al lugar, ocupe la vivienda, le dé el destino que le tiene que dar y pague las cuotas. Al cabo de un año o de año y medio se hace una resolución de venta de la vivienda, y empiezan a pagar la cuota definitiva.

Denuncia penal

Los reclamos de los vecinos se multiplicaron y motivaron una denuncia penal del diputado provincial Raymundo Kisser (Cambiemos – Paraná) que está en manos del fiscal Gonzalo Badano.

“Lo que se conoce no es mucho; pero sí sabemos que muchos adjudicatarios se presentaron. No sólo que ratificaron la denuncia que formulamos, sino que la ampliaron con la situación personal de cada uno; cómo accedieron a esa adjudicación, cuál es la situación en que cada uno se encuentra y las afectaciones que padecen con sus viviendas. Todo eso reforzó y fue importante que lo hicieran, porque me daba la impresión de que existía una intención de archivar rápidamente esta causa, porque la consideraban una cuestión (del fuero) Civil”, advirtió Kisser.

“Por eso, esas ampliaciones de denuncias permitieron mantener viva a la causa (Penal) y hoy, por lo que sabemos, el fiscal que interviene que es el doctor Gonzalo Badano, ha convocado a los implicados a designar defensor, pero no sé exactamente a quiénes, aunque supongo que habrán sido los responsables de las empresas constructora, de la Mutual Modelo”, informó el senado departamental y agregó que “todavía no han prestado declaración indagatoria en torno a todas estas cuestiones”,

Ante una consulta precisa formulada por el programa Cuestión de Fondo (Canal 9, Litoral), Kisser admitió que “el primer responsable es el IAPV. Ese organismo ha incumplido, en este caso, con su propia Ley. Cuando se va a hacer un plan de viviendas, antes se debe planificar todo. Y eso implica no hacer las viviendas en cualquier lugar, sino que haya accesibilidad para los que vayan a habitar en ese barrio, que tengan escuela, salud, seguridad, transporte, comunicaciones, además de suministrarle todos los servicios esenciales como agua potable, cloaca, energía eléctrica, gas en su caso. Y creo que aquí el IAPV incumplió, porque en donde se hicieron las viviendas no se previeron espacios verdes. En ninguno de estos tres barrios hay prevista la construcción de plazas. Tampoco hay previsto dispensarios médicos, entre otras falencias”, enumeró Kisser.

El legislador expresó su preocupación por lo lenta que va la Investigación Penal Preparatoria (IPP). Nos da la impresión que por la connotación social que tiene toda esta problemática, se debería haber actuado mucho más rápido”.

Kisser también advirtió que sabe que el Procurador General de la Provincia Jorge Amílcar García, sigue esta causa muy de cerca y denunció: “Me parece que desde la política criminal que se maneja desde el Ministerio Público Fiscal se debería haber dado instrucciones para actuar con mayor celeridad en este caso, por la connotación social que tiene todas estas cuestiones”.

La denuncia

La denuncia solicita la “apertura de la consecuente Investigación Penal Preparatoria (IPP) relativa a la construcción de 800 viviendas en el Área Paraná, y más concretamente 250 viviendas en San Benito, 250 Viviendas en Colonia Avellaneda y 300 viviendas en la parte Este de la Ciudad de Paraná, sobre calle Don Bosco y Avenida Circunvalación; y la responsabilidad que tuvieron, eventualmente, entre otros, las siguiente personas: ex titulares del IAPV (Oscar Marelli y Alfredo Francolini) y/o quienes integraron en esas gestiones el directorio del organismo y/o quienes tuvieron a su cargo los controles como inspectores de las mismas y/o gerentes técnicos que hayan tomado intervención directa y que sus decisiones hayan sido dirimentes, sin perjuicio de los actuales directivos del IAPV y contra los titulares de las empresas constructoras intervinientes en cualquiera de los tres grupos habitacionales y que totalizan las 800 viviendas (Néstor I. Szczech, Miguel Marizza, Rubén Oscar Grasso, titular/es de Adelco- Viano Construcciones, Caballi S.A.”, y “RP Construcciones) y directivos de la Mutual Modelo y/o cualquier otra persona jurídica o humana de las que surgiera responsabilidad penal, cualquiera haya sido su grado de participación en posibles injustos, a título de dolo o culpa, por acción u omisión”.

Apunta a la falta de planificación urbana de la zona aledaña a los barrios; a los defectos de construcción de las viviendas, los servicios que no funcionan o lo hacen deficientemente; plantea que el proceso licitatorio estuvo hecho “a medida” de las empresas antes mencionadas.

Planteos

El planteo judicial sostiene que:

* “Hace aproximadamente cinco años, apareció una UTE conformada por Néstor Iván Szczech, Caballi SA, y Cemyc SRL, haciendo un ofrecimiento para hacer 800 viviendas en la Ciudad de Paraná, ofrecimiento que le hacen al IAPV, con el argumento que tenían la anuencia del entonces Ministro de Planificación Federal; Inversión Pública y Servicios, Arq. Julio De Vido, y de los entonces Secretario de Obras Públicas de la Nación, Ing. José Francisco López, y Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, Arq. Germán Nivello”.

* “En función de ello se “arma” todo un “proceso licitatorio”, resultando luego como empresas adjudicatarias para construir las viviendas: a) En el caso de San Benito eran 250 Viviendas, y resultaron ser adjudicatarios de la construcción, la UTE, conformada por “Néstor Iván Szczech – Caballi S.A. – CEMYC S.R.L.” (CUIT 30-71460166-7); b) Para el caso de las 250 viviendas de Colonia Avellaneda, resultaron adjudicatarias las empresas de “Caballi SA”, “Szczech S.A.” y c) En el caso de las 300 viviendas de Paraná, resultaron adjudicatarias “Caballi S.A.”, “Adelco- Viano” y “RP Construcciones”.

* “El ideólogo (i.e., el factótum) de todo este emprendimiento, habría sido el Ing. Miguel A. Marizza (Ex Titular de la Cámara Argentina de la Construcción), el cual, y es de público y notorio conocimiento, tiene una directa vinculación y hasta se lo considera dueño de “Asociación Mutual Modelo de Entre Ríos” CUIT 30-70016642-9, con domicilio en Gualeguaychú 204, de la Ciudad de Paraná”.

La respuesta del IAPV

Ante la consulta del programa Cuestión de Fondo (Canal 9, Litoral), el presidente del IAPV, Marcelo Casaretto, fue tajante y reiterativo: “Las cuotas de las viviendas hay que pagarlas, porque lo que los vecinos plantean es que no quieren pagar”.

Y explicó que “en todos los casos el IAPV siempre hace inicialmente un contrato de tenencia precaria, y pagan un canon de uso, que es lo mismo que la cuota. Esto es para constatar que la gente se mude al lugar, ocupe la vivienda, le dé el destino que le tiene que dar y pague las cuotas. Al cabo de un año o año y medio se hace una resolución de venta de la vivienda, y empiezan a pagar la cuota definitiva, y lo que pagaron como canon de uso se descuenta de lo que tienen que abonar. En toda la historia del IAPV esto ha sido así y se lo explicamos en todos los casos a todos los adjudicatarios en todo Entre Ríos”.

A su vez, planteó que “la gente se mudó al barrio y accedió a la vivienda conociendo el tipo constructivo que era, conociendo las condiciones, sabiendo que habían hecho un convenio con la Mutual para pagar el terreno y que la cuota del IAPV tiene un valor determinado y que se actualiza de la forma pautada”.

En este marco, subrayó: “Cada una de las 300 familias firmó por escrito su conformidad con la cuota y la forma de actualización. Nosotros no nos ponemos a discutir con cada una de las 52 mil familias que tienen vivienda del IAPV preguntándoles cuánto quiere pagar cada uno, eso no existe. Acá hay una pauta de cuota, cada uno firmó por escrito su conformidad y tiene que pagar; eso es así”.

Aseguró que “las cuotas son las mismas en toda la provincia, actualmente de alrededor de siete mil pesos” y explicitó que “hay planes donde entidades intermedias (sindicatos, mutuales, cooperativas) compran el terreno y se los vende a sus afiliados. Con lo cual la gente debe pagar el terreno (al contado o en cuotas) y la cuota de la casa al IAPV. De este modo, la gente no va a sorteo, sino que se asegura la entrega de la casa. Es una operatoria permitida por la ley de creación del IAPV”.

En ese sentido, planteó que “la gente antes pagaba un alquiler y la cuota del terreno, y ahora le entregamos la casa y debe pagar la cuota al IAPV, y eso es lo que no quieren pagar”. Agregó que “hoy hay 27 mil personas que pagan sus cuotas y 29 mil familias anotadas esperando vivienda, y si se baja la cuota, no se pueden hacer más casas porque este es un sistema solidario”.

Problemas estructurales de las viviendas

Sobre las quejas por las deficiencias en las casas, explicó que el IAPV hace obras contratando empresas que las ejecutan y son las responsables de entregarlas con una terminación de calidad. “Las viviendas tienen garantía de seis meses, en los cuales la empresa debe responder por cualquier deficiencia en las terminaciones o lo que fuera. Lo que necesitamos es que cada familia que tiene un problema en su vivienda presente su reclamo por escrito ante el IAPV para que, por escrito, nosotros le hagamos la orden de servicio y de cargo a la empresa para que arregle el problema”, señaló.

Aclaró que “la garantía es de seis meses luego de entregada la vivienda, pero ante los problemas denunciados, el IAPV no dio final de obra y por eso aún sigue vigente la garantía y a los problemas los arregla la empresa”.

De todos modos, planteó que “de 844 viviendas en Paraná, San Benito y Colonia Avellaneda sólo hubo diez reclamos, e incluso se les dio la posibilidad de dejar las casas y cederlas a otra familia”.

Sobre esa opción, dijo que “hubo cuatro interesados que están en trámite, pero no por la situación de las casas sino por otras cuestiones personales como divorcios de pareja o traslado a otra ciudad”.

Denuncia penal

Respecto de la denuncia penal que presentó Kisser y que está en manos del fiscal Gonzalo Badano, Casaretto mencionó que la misma “se presentó hace un año, la Justicia está actuando y se respondieron todos los informes”.

En cuanto a la responsabilidad del IAPV, el funcionario recordó que “la licitación, la adjudicación y todo el proceso de construcción se efectuó en 2015 o 2016 cuando el organismo estuvo a cargo de Alfredo Francolini y de Oscar Marelli” y apuntó que su única acción respecto del barrio “fue haber entregado las viviendas”.

“Al tema lo resolverá la Justicia, pero hasta el momento no hay nada. Si algún funcionario tiene que ir en cana, irá en cana; pero la gente tiene que pagar la cuota”, sentenció.

Planificación urbana

Por último, consultado por los planteos por un supuesto incumplimiento de la responsabilidad del IAPV en relación a la planificación urbana, Casaretto aseguró que “toda planificación está a cargo de los municipios; los loteos deben estar habilitados por cada municipio con todos los servicios y cada beneficiario sabía adonde estaba el barrio y las condiciones de la zona antes de comprar su terreno”.