Organizaciones de defensa de los derechos humanos denunciaron que poco más de 380 personas desaparecieron en Colombia durante la ola de protestas contra el Gobierno, que insistió en la necesidad de “levantar bloqueos y garantizar suministro de alimentos y vacunas”, en una jornada en la que se renovaron algunas manifestaciones callejeras unificadas ahora en el único reclamo de cesar la represión y desmilitarizar las calles.

Aunque el pliego de demandas del Comité Nacional del Paro incluye no menos de 10 puntos, la ola de represión y ataques a las marchas por parte de las fuerzas de seguridad –que además dejaron al menos 26 muertos- corrió cualquier otro eje y todo quedó concentrado en el reclamo para que se respete el derecho a la protesta, defendido además por organismos internacionales.

La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UPBD) dependiente de la Defensoría del Pueblo de Colombia, que relevó la información de unas 26 organizaciones de derechos humanos, dio a conocer ese número de 380 personas desaparecidas, aunque la actitud de las fuerzas policiales y militares justamente dificulta el relevamiento porque los ciudadanos se rehúsan a “avisar” de su paradero.

Inicialmente, el reporte registraba 471 personas presuntamente desaparecidas desde el 1| de mayo, pero ya fueron encontradas 92 personas, varias de ellas heridas y hospitalizadas.

La Inspección General de la Policía de Colombia informó que abrió casi medio centenar de investigaciones internas tras la ola de denuncias por la feroz represión a las protestas que, por décimo día consecutivo, se dan en las principales ciudades del país, inicialmente por una reforma tributaria y ahora por otros reclamos.

En las redes sociales circulan centenares de videos que muestran cómo la policía y especialmente el Escuadrón Antidisturbios (Esmad) ataca a los manifestantes en Cali, Medellín, Pasto, Barranquilla, Bogotá y otras, con ráfagas de aturdidoras, gases lacrimógenos y munición real.

Activistas denunciaron además que las cuentas de Twitter e Instagram de medios independientes están siendo bloqueadas para evitar la viralización de esas imágenes.

La campaña Defender la Libertad, de la que forman parte varias organizaciones de la sociedad civil, recibió 569 denuncias por agresiones y violencia a manos de los agentes.

La Fiscalía indicó, además, que se está investigando la posible relación de otras siete muertes con las manifestaciones.

En Colombia, los delitos que son cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad en el desarrollo de sus funciones son juzgados, en principio, ante la Justicia Penal Militar. Esto no impide, no obstante, que la Fiscalía adelante sus indagaciones y pueda pedir la competencia de los procesos o que se acuda a los tribunales para decidir quién asume los casos. La jurisdicción militar no incluye, no obstante, los delitos de tortura, genocidio, desaparición forzada, lesa humanidad o aquellos que atenten contra el Derecho Internacional Humanitario.

Ante el número de violaciones denunciadas por los medios, las cuestiones “técnicas” sobre el uso de la fuerza quedaron en el centro del debate e inclusive se discutió en los diarios de mayor circulación el concepto de “desaparición forzada”. El diario El Espectador publicó en su sitio digital un extenso y contundente informe con testimonios de jóvenes que estuvieron detenidos extraoficialmente algunas horas y que relataron los golpes y torturas que recibieron, mientras sus familiares los buscaban y denunciaban sus desapariciones en las redes sociales.

La represión

Por supuesto que la represión estuvo también en la mesa de conversaciones que el presidente Iván Duque mantuvo con opositores nucleados en la Coalición de la Esperanza, que condenaron “de manera vigorosa” la represión. “Nuestra presencia aquí no aminora ni suaviza nuestra protesta. Hemos visto escenas de descontrol que deben ser castigadas”, señaló el grupo integrado por exgobernadores, legisladores, exministros y un exvicepresidente, a la salida de la Casa de Nariño, sede de la Presidencia.

La reunión marcó el segundo día de la agenda de conversación con diferentes sectores del país prometida por Duque en medio de la crisis política que no solo lo obligó a retirar la reforma tributaria y a cambiar un ministro, sino que lo fuerza ahora a atender otros reclamos. Duque empezó ayer con los titulares de los órganos del Poder Judicial la ronda de diálogo, que él busca poner en el centro de la escena.

“Enfatizamos en la importancia de respaldar la institucionalidad, levantar bloqueos y garantizar suministro de alimentos y vacunas”, escribió el mandatario en su cuenta de la red Twitter, en la que insistió en el “respeto a la protesta pacífica, como expresión democrática y el rechazo a la violencia y vandalismo”, sin una mención siquiera al accionar de las fuerzas de seguridad.

Para los opositores, en cambio, la cuestión fue central. “El Presidente debe asumir el liderazgo directo de las Fuerzas Armadas para que cesen los ataques a la población que se ha manifestado de manera pacífica”, señaló un dirigente de la Coalición por la Esperanza.

En las protestas, además de bloqueos de calles y rutas, indígenas misak voltearon la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada, el conquistador español fundador de la ciudad, que estaba en una plazoleta a pocas cuadras del Palacio de Nariño, la sede presidencial. Otro grupo de la comunidad había hecho lo mismo la semana pasada con la figura del también conquistador Sebastián de Belalcázar en Cali.