La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas quiere conocer qué decisiones y compromisos se adoptan en torno al Acuífero Guaraní.
La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA)-Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE), a través de su Centro de Acceso a la Información, presentó nuevas solicitudes de acceso a la información pública ambiental. Los reclamos apuntan al Tratado del Acuífero Guaraní y al Subgrupo de Medio Ambiente del MERCOSUR (SGT N°6), espacios institucionales claves que hoy funcionan con una opacidad alarmante, con modalidades de gestión y decisión, desconocidas por las comunidades.
En un contexto de crisis climática y avance de megaproyectos extractivos que dependen críticamente del agua, es estratégico que la ciudadanía conozca qué decisiones se toman a nivel regional y qué compromisos asume la Argentina.
El Acuífero Guaraní es una de las reservas de agua dulce subterránea más grandes del planeta. Atraviesa Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y constituye un patrimonio vital para el presente y el futuro de millones de personas. El Tratado del Acuífero Guaraní, vigente desde 2020 y ratificado en nuestro país por la Ley 26.780, establece la creación de una Comisión del Acuerdo para garantizar la gestión conjunta y precautoria de este bien común.
Sin embargo, a casi cinco años de su entrada en vigor, el funcionamiento real de este marco institucional es prácticamente desconocido para la sociedad. Por eso solicitamos al Ministerio de Relaciones Exteriores:
* Copias de las actas de reuniones de la Comisión del Acuerdo.
* Documentación que acredite si la Comisión intervino o tiene una actitud proactiva en los procesos de evaluación ambiental de proyectos de hidrógeno verde como el Tambor Green Hydrogen Hub (Enertrag, Alemania) en Tacuarembó y el proyecto de HIF Global en Paysandú, ambos en Uruguay.
* Un mapa actualizado de las zonas de recarga y descarga del acuífero en las cuencas del río Uruguay y Paraná.
* Copias certificadas de los proyectos destinados a la implementación del Programa de Acción Estratégico del Acuífero Guaraní, actualmente financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF).
* Información sobre las articulaciones entre el órgano ejecutivo del Tratado y la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).
Estos pedidos no son meramente técnicos: el acuífero está siendo presionado por proyectos de energía de transición y megaplantas de hidrógeno verde, que implican un uso intensivo del agua en territorios frágiles. Sin acceso a la información pública, no hay forma de evaluar los impactos reales ni de garantizar la protección de este bien común frente a intereses privados y corporativos, muchos de ellos liderados por corporaciones del Norte en sus procesos de transición energética para nada compatibles con nuestros ecosistemas y sus pueblos.
El Subgrupo de Trabajo N°6 (SGT 6) de Medio Ambiente es el órgano técnico del MERCOSUR responsable de incorporar la dimensión ambiental en todas las políticas del bloque. Fue creado para garantizar que la integración regional no se limite al comercio, sino que también contemple la protección de los ecosistemas compartidos y el uso responsable de los recursos naturales. Su mandato abarca desde la elaboración de lineamientos y normas comunes hasta la coordinación de estudios de impacto ambiental y la articulación con otras instancias binacionales y multilaterales.
A pesar de su rol estratégico, el funcionamiento del SGT N°6 permanece invisibilizado para la ciudadanía. Por eso solicitamos a la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación:
* Actas de sus reuniones de los últimos tres años.
* Información sobre su intervención en los estudios de impacto ambiental de la Hidrovía Paraguay-Paraná (Vía Troncal Navegable) y de la Hidrovía del Río Uruguay hasta Concordia/Salto.
* Documentación sobre la vinculación técnica y política entre el SGT N°6 y la Comisión del Acuífero Guaraní.
* El acceso al agua potable y la protección de los ecosistemas compartidos son asuntos de seguridad humana, justicia ambiental y soberanía regional. Sin transparencia y participación, los marcos institucionales internacionales se convierten en sellos vacíos que legitiman negocios, en lugar de proteger a las comunidades.
Los pedidos que realizamos buscan abrir una puerta cerrada: que el pueblo argentino sepa qué se negocia sobre su agua, cómo se implementan los tratados regionales y qué rol juega la Argentina en el MERCOSUR frente a la crisis climática.
El Acuífero Guaraní, los ríos Paraná y Uruguay y sus cuencas son bienes comunes que deben ser gobernados con transparencia, democracia y justicia ecosocial. No se trata solo de proteger la naturaleza: está en juego la vida, el futuro y la soberanía de nuestros pueblos.
