El inicio del juicio está previsto para el 29 de julio.
Ayer se indicó que estaba previsto para este jueves, a las 9.30, la realización de una audiencia por un pedido de dos defensores en el marco de la causa de la vaca. Sin embargo, ni en la OGA está prevista una audiencia por ese motivo ni se ha pedido desde el Ministerio Público Fiscal (MPF).
Así se informó a ANÁLISIS a través de distintas consultas realizadas.
En la última edición gráfica de ANÁLISIS se dio a conocer que los abogados defensores Marcos Rodríguez Allende (en representación de Juan Pablo Aguilera) y Emilio Fouces (en representación del empresario uruguayense Hugo Fabián Montañana), presentaron un pedido de postergación del inicio del juicio oral, previsto entre el 29 de julio y el 27 de agosto. Se informó que los dos letrados alegaron problemas de salud que les impiden asistir a las audiencias.
“Esas cuestiones quedan en trámites de la causa. Hasta ahora no se ha interesado ninguna audiencia por el tema, por ninguna de las partes”, se dijo hoy a este medio.
La causa
Se la conoce como “causa de la vaca” porque en la investigación fiscal se determinó que se falsificaban las certificaciones de publicidad siempre con la misma foto, que mostraba un cartel de publicidad oficial al costado de la ruta, donde también se ve una vaca.
La IPP también determinó el direccionamiento de publicidad en el gobierno de Sergio Urribarri a la imprenta de su cuñado, Juan Pablo Aguilera, a quien se le adjudican las empresas Tep SRL y Next SRL. Los socios de esas firmas son Luciana Belén Almada (pareja de Aguilera), su hermano Alejandro Luis José Almada (cuñado de Aguilera), Maximiliano Romeo Sena, Emiliano Oscar Giacopuzzi; y la contadora de las firmas, contadora Corina Elizabeth Cargnel. Todos están imputados en la causa. Además, están acusados el actual diputado y ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez; el empresario de Concepción del Uruguay, Hugo Fernando Montañana; y Gustavo Rubén Tamay, responsable de Certificación de Publicidades en Vía Pública del Ministerio de Cultura y Comunicación.
Los delitos investigados consistieron en el direccionamiento de órdenes de publicidad durante los años 2010 a 2015 por un monto calculado en $24.204.918,69. Casi la totalidad de ese dinero, entienden los fiscales, fue direccionada a las empresas de Aguilera.
La imputación fiscal también dice que “otras empresas vinculadas comercialmente a las referidas (Tep SRL y Next SRL), como José María Bustamante Publicidad y Montañana Publicidad, fueron beneficiadas con idénticos contratos y pautas publicitarias, las que (a su vez) redundaban en beneficio de las empresas de Aguilera, a través de un sistema de retornos de dinero que terminaba en sus manos”.
El año pasado, José María Bustamante, aceptó el delito imputado en un juicio abreviado. Admitió de ese modo haber utilizado el sistema de “retornos” a la empresa de Aguilera. Por eso el empresario aceptó una pena de 2 años y 8 meses de cumplimiento condicional.
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(Foto: Infobae)
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