Enriquecimiento ilícito: ventilan otra vez la causa de Urribarri y Cardona Herreros

La causa en torno al supuesto delito de enriquecimiento ilícito que se le sigue a Sergio Daniel Urribarri, tendrá mañana un nuevo capítulo vinculado con el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, sindicado como “testaferro”.

La causa en torno al supuesto delito de enriquecimiento ilícito que se le sigue a Sergio Daniel Urribarri, tendrá mañana un nuevo capítulo vinculado con el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, sindicado como “testaferro”.

La investigación penal en torno al supuesto delito de enriquecimiento ilícito que se le sigue al ex gobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Sergio Daniel Urribarri, tendrá un nuevo capítulo mañana.

El Ministerio Público Fiscal decidió apelar la resolución que adoptó el último 8 de octubre el juez de Garantías, Mauricio Mayer, al dar cabida parcial a una petición hecha por el abogado Ignacio Díaz, defensor del empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, sindicado como “testaferro” de quien fuera dos veces titular del Ejecutivo entrerriano, entre 2007 y 2015.

Ignacio Díaz pidió que la Justicia le restituyese a Cardona Herreros cinco computadoras secuestradas en los allanamientos que se practicaron el 28 y el 29 de junio del año pasado, en la sede de la empresa Relevamientos Catastrales SA -de Cardona Herreros-, ubicada en Avenida Córdoba al 1100 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el propio domicilio particular del empresario, ubicado en la Provincia de Buenos Aires, publicó el portal Entre Ríos Ahora.

La petición de devolución de los equipos había sido negada por el Ministerio Público Fiscal, pero hoy el fiscal Gonzalo Badano, en la audiencia ante el juez Mayer, aceptó la devolución de un equipo, aunque insistió en retener en custodia otras cuatro computadoras por contener material de prueba. El argumento del defensor es que esa retención afecta garantías constitucionales, como el de poder ejercer la actividad comercial del empresario, ya que los equipos contienen información de contrataciones de Relevamientos Castratales SA, y además datos y fotos personales, algunas de índole familiar.

Ante esa petición, Mayer dispuso lo siguiente:

* No hacer lugar a la devolución de los cuatro equipos de computación, tres secuestrados en la empresa Relevamientos Catastrales, uno en el domicilio particular de Cardona Herreros.

* Hacer lugar a la restitución de una notebook marca Apple.

* Autorizar a Cardona Herreros para que, por medio de profesionales idóneos, con control de Fiscalía, proceda a extraer la información de carácter estrictamente personal y familiar, protegida por el derecho a la intimidad, que contengan los equipos que seguirán en poder de la Fiscalía. Y ordenar que, tras su extracción, se proceda a la expurgación de esa información de los equipos secuestrados.

* Autorizar a Cardona Herreros a que por medio de profesionales idóneos extraiga todos los datos atinentes a contrataciones con otras provincias, con otras empresas, ajenos a lo investigado. Y que esa información también sea expurgada de los equipos secuestrados.

 De esta forma, el juez Mayer se pronunció a favor de mantener las computadoras en poder de la Justicia, pero no por el valor material de los equipos en sí, sino porque en el tipo de delitos investigados, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública, cohecho y peculado, resultan “instrumentos privilegiados” para consumarlos.

“Decimos –señaló el magistrado en su resolución- que estas computadoras gozan del estado de sospecha de ser instrumentos del delito y por lo tanto están sujetas a decomiso en el juicio respectivo en caso de demostrarse la responsabilidad de los imputados”. Así –sostuvo- “deben ser preservadas”, publicó el portal Entre Ríos Ahora.

La Fiscalía, sin embargo, interpreta que la resolución del juez resulta de difícil implementación, en particular la que ordena revisar cada uno de las computadoras y extraer y borrar correos electrónicos que no tienen incidencia en la causa. Uno de los equipos tiene más de 130 mil correos electrónicos. Desde el Ministerio Público Fiscal decidieron apelar la resolución del magistrado por cuanto no acuerdan con todos los puntos.

Los argumentos de la Fiscalía serán expuestos en la audiencia prevista para mañana, a las 9, en los Tribunales de la capital provincial.

 

Las conexiones

 

En aquella primera audiencia del 8 de octubre de la causa por enriquecimiento de Urribarri, se conocieron impactantes revelaciones. A la par que defendía lo investigado, el fiscal Gonzalo Badano detalló de qué modo el empresario Cardona Herreros, consiguió millonarios contratos con el Estado entrerriano a cambio de pago de coimas a funcionarios. Y, también, leyó una serie de correos electrónicos y planillas de cálculos en los que Cardona Herreros habría llevado una puntillosa contabilidad de los gastos que costeaba a Urribarri y a su familia, incluidos viajes al Caribe, a Cuba y a Venecia, y hasta el pago de su teléfono celular.

En los correos electrónicos que intercambiaba Cardona Herrero con Urribarri se demostraría que entre ambos había una relación sobradamente estrecha que excedía lo protocolar.

“Estimado Pato: Aprovecho para saludarte y preguntarte qué hacemos con los temas en cartera. No sé cómo seguir”, dice un correo electrónico que el empresario envió al ex gobernador. “Me gustaría saber si estás enojado conmigo. Necesito hablar con vos”, rogaba en otro. “Tengo que cerrar números con vos”, urgía un tercero.

La Procuración apuntó al modo cómo una empresa contratada por el Estado entrerriano entre 2007 y 2014 financió actividades privadas del ex titular del Ejecutivo y su familia, y en qué medida Relevamientos Catastrales SA, empresa de Cardona Herreros, se hizo de jugosos contratos mediante el pago de coimas a funcionarios provinciales.

El fiscal Badano se ocupó de explicar por qué la Procuración considera una prueba relevante esas computadoras para la investigación de dos causas por corrupción que involucran a Urribarri: una por enriquecimiento ilícito y otra por negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho, en las dos involucrado Cardona Herreros, resaltó el portal Entre Ríos Ahora.

En uno de los equipos, están peritando 134 mil correos electrónicos; en otra, 55 mil. “Rechazamos el pedido de devolución de las computadoras secuestradas porque consideramos que esos equipos contienen información de importancia para la teoría del caso”, argumentó la Fiscalía. “Son instrumentos del delito, y por eso, sujetos a decomiso”, agregó Badano.

El fiscal relató que la causa por enriquecimiento que se abrió a Urribarri en 2015 incorporó a un empresario que resultaría clave en su “desproporcionado” crecimiento patrimonial: Cardona Herreros. Y para eso se basó en un informe pericial del contador Héctor Enrique que demuestra de qué modo la incorporación de un patrimonio de 11 millones de dólares a los bienes del ex gobernador sólo pudo ser posible con la participación del empresario de origen paraguayo. “Urribarri utilizó la infraestructura de Cardona Hereros para su crecimiento patrimonial. Este dinero que incorporó a su patrimonio, además, no encuentra registro en ningún organismo oficial. No está en la ATER ni en la AFIP, ni en ninguna declaración jurada. Hemos podido determinar que Cardona Herreros compraba vehículos para la familia Urribarri, le compraba viajes al Caribe, para que viajen el ex gobernador y su familia. También está la compra de muebles. Y de todas estas operaciones no existe registro en otro lado que no sea en las computadoras de Cardona Herreros que secuestramos”, afirmó Badano.

 

 

Más elementos

 

“La única manera de registrar esos movimientos era en las computadoras de Relevamientos Catastrales y de Cardona Herreros. Se valían de planillas de Excel, el envío de correos electrónicos entre ellos, vinculados a inmuebles, viajes y muebles. Urribarri utilizó la estructura de Cardona Herreros por medio de Relevamientos Catastrales. En la empresa, cuando allanamos descubrimos que tenía cajas fuertes y equipos informáticos para poder administrar este dinero”, señaló el fiscal. “También hay datos de eso en la computadora secuestrada en el domicilio de Cardona Herreros”, apuntó.

Según Badano, las computadoras resultan una “pieza fundamental” porque registraron “las operaciones que no están asentadas en ningún lado”.

En una de las computadoras secuestradas, la de la empleada Laura Suárez, de Relevamientos Catastrales, la Fiscalía halló datos sobre “la compra de pasajes en Aerolíneas y en Austral a nombre de Urribarri, y sus hijos Mauro y Franco. Está hasta el detalle de los precios. Encontramos detalles de pagos a nombre de SDU, esto es Sergio Daniel Urribarri. También operaciones de cambio de pasajes a nombre de Bruno Urribarri; el pago de departamentos, con cuotas en dólares y hasta pagos a la empresa Kriptak Inc, de la familia Urribarri”.

En forma aleatoria, el fiscal Badano fue leyendo en la audiencia de Tribunales copia de la documentación encontrada en las computadoras secuestradas en la casa de Cardona Herreros y en las oficinas de su empresa. “Se encontró el dato del pago del teléfono celular de Urribarri, que lo hacía Cardona Herreros. También los gastos de un viaje a Venecia”, afirmó. Luego, leyó los datos de información encontrada en la computadora personal de Cardona Herreros: allí se dio con registros de la compra de un “voucher” de un tour por La Habana a nombre del ex ministro de Gobierno, Mauro Urribarri.  También, los gastos pagados por un viaje a Madrid del exgobernador y su esposa, Ana Lía Aguilera. Y el registro de un viaje de la familia Urribarri a Miami.

 

Coimas

 

Badano planteó la hipótesis de la Fiscalía respecto a que esas computadoras secuestradas no sólo fueron instrumento del delito en la causa por enriquecimiento ilícito, sino en otra investigación que salpica al ex gobernador: por negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho, un tecnicismo judicial para referirse al pago de coimas, publicó el portal Entre Ríos Ahora.

Esa causa –dijo- investiga de qué modo a partir de 2007, cuando Urribarri era ministro de Gobierno del ex gobernador Jorge Busti, y luego durante sus dos gestiones como titular del Poder Ejecutivo, “como el fin de generar un núcleo ilícito, favoreció a Relevamientos Catastrales”. Lo hizo mediante maniobras para favorecer que esa firma lograra quedarse con las distintas licitaciones para la adquisición de software en la provincia. La imputación dice que Urribarri realizó “acuerdos con Cardona Herreros, y ordenó a funcionarios que aportaran información anticipada, y que gestionaran la contratación a favor de Cardona Herreros”.

En esas maniobras, dijo el fiscal, hubo cobro de sobreprecios que sirvieron, después, para el pago de sobornos a funcionarios. En esa causa la investigación apunta a la participación de una serie de funcionarios, entre los que están el ex ministro de Economía, Diego Valiero; el titular de la Secretaría de Presupuesto, Luis Erbes; el director de Ajustes y Liquidaciones, Miguel Ulrich; el ex secretario de Hacienda, José Humberto Flores; y el ex ministro de Trabajo, Guillermo Smaldone; publicó el portal Entre Ríos Ahora.

Con el aval de Urribarri, Cardona logró contratos importantes en el Estado entrerriano: primero, con el Ministerio de Trabajo, en tiempos de Smaldone, por 19 millones de pesos, para la instrumentación de un software.

1) A través del Decreto N° 20, de enero de 2014, se contrató la provisión de un servicio de “relevamiento, análisis, diagnóstico, diseño, desarrollo e implementación de un software de gestión y administración integral” para la cartera a su cargo. El acuerdo finalizará en el 2016 y tiene un costo mensual de 550 mil pesos.

2) Después formalizó un convenio con el Ministerio de Economía liderado por Diego Valiero. Fue por 7.833.600 pesos, según el Decreto 788/15, por la prestación de un servicio de “soporte técnico operativo y de mantenimiento de software” en la Dirección General de Ajustes y Liquidaciones del Ministerio de Economía.

3) En el Boletín Oficial de Entre Ríos, de fecha 6 de junio de 2012, se encuentra el Decreto Nº 482 del 29 de diciembre de 2011, con el cual el entonces gobernador Sergio Urribarri y su entonces ministro de Economía, Diego Valiero, aprobaron el contrato de Relevamientos Catastrales SA para que brinde “un servicio de soporte técnico, operativo y de mantenimiento de software, por un período de 18 meses, con opción a prórroga a favor del Estado por 18 meses más, con destino a las Direcciones Generales de Ajustes y Liquidaciones y de Informática”. Por ese servicio se le pagó un importe mensual de 80.900 dólares, y “un importe total por 18 meses de 1.456.200 dólares, por cumplir con los pliegos y resultar el precio cotizado conveniente a los intereses del Estado”.

4) En enero de 2014, el entonces ministro de Trabajo, Guillermo Smaldone, contrató a la misma empresa para la provisión de un servicio de “relevamiento, análisis, diagnóstico, diseño, desarrollo e implementación de un software de gestión y administración integral” por un plazo de tres años, a un precio mensual de 550 mil pesos. El monto total que se le pagó fue de 19.800.000 pesos.

5) El 21 de diciembre de 2015, la Revista ANÁLISIS, reveló que ese año el entonces gobernador Sergio Urribarri le adjudicó a Relevamientos Catastrales SA un contrato anual por 7.833.600 pesos por la prestación de un servicio de soporte técnico operativo y de mantenimiento de software en la Dirección General de Ajustes y Liquidaciones del Ministerio de Economía.

En esa publicación, ANÁLISIS dio más datos sobre el empresario detrás de la empresa (y empresas) contratadas por Urribarri. Precisó que la firma tiene sede en Capital Federal, y estaba presidida por el empresario Diego Armando Cardona Herreros que “es amigo personal de Urribarri (hay quienes lo vinculan a ambos con la pasión por el fútbol y algunos negocios relacionados a ello) y a su alrededor giran por lo menos diez empresas que, en su mayoría, tienen el mismo domicilio: avenida Córdoba 1184, piso 4, en Capital Federal y, por lo general, se dedican a tareas de consultoría. Entre ellas aparecen TPI Invest SA; Organización Mesopotámica de Asesoramiento y Servicios; Economía y Regiones SA; Sistemas, Administraciones y Consultorías; Macadel SA; Novopharma SRL; Relevamientos fiscales SA; Mandatos y gestiones SA; Lemondata SA y Relevamientos Catastrales SA”.

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