Para Salduna, vocal del Superior Tribunal, la Sala Penal no tiene "razón de existir”

Bernardo Salduna sostiene que es conveniente reducir el Superior Tribunal de Justicia de nueve a siete o cinco vocales.

Bernardo Salduna sostiene que es conveniente reducir el Superior Tribunal de Justicia de nueve a siete o cinco vocales.

El vocal del Superior Tribunal de Justicia, Bernardo Salduna, reclamó que se reduzca el número de integrantes del alto cuerpo; consideró que la Sala Penal no tiene razón de ser y le reclamó mayor celeridad a los integrantes del cuerpo judicial. En diálogo con el programa Cuestión de fondo (Canal 9 Litoral) respaldó a Emilio Castrillón, porque sostuvo que “contribuyó mucho en mejorar la imagen del STJ, que estaba bastante deteriorada”, pero marcó cierta distancia de su apreciación, en torno a la existencia de ciertas mafias en el poder. “No puedo asegurar de que existan mafias, de que existan organizaciones del tipo delictivas que estén operando sobre el Poder Judicial. Pero, si las hubiera tenemos que estar alertas y tenemos que estar preparados para resistir”, afirmó. Dijo que “la Justicia se maneja un poco en base a los tiempos políticos” y que tal situación “perjudica hasta los propios acusados, porque los tiempos de la Justicia son –a veces- extremadamente morosos y una Justicia que no reacciona con la suficiente rapidez, con la suficiente celeridad, que no da respuestas inmediatas es una mala Justicia”.

Salduna estimó además que “tendría que existir un funcionamiento del Consejo de la Magistratura no sólo respecto a las Fiscalía, sino más ágil y más dinámico. Del mismo modo debería existir un funcionamiento de la Justicia menos moroso en todos los sentidos y en todos los ámbitos. No hay razones para que un juez o un funcionario se atrase o no cumpla con los plazos que determina la ley”, recalcó. Se pronunció también por la necesidad de “reducir el número de vocales” del STJ e incluso indicó que tal propuesta se la hizo al propio gobernador Gustavo Bordet (PJ). “Por ejemplo, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, hoy día que existen las Cámaras de Casación no sé cuál es –sinceramente- la función que cumplen. Porque si se trata de la revisión constitucional de las sentencias penales, las puede hacer el pleno del Cuerpo. Inclusive, la exclusividad que tenían con los amparos hoy en día también ha pasado al pleno del Cuerpo. De manera que la Sala Penal no sé si tendría razón de existir”, acotó.

- ¿Cuánto los sorprendió a ustedes como integrantes del Superior Tribunal de Justicia las declaraciones explosivas del presidente Emilio Castrillon?

-En primer lugar, hay que tener en cuenta el contexto en el cual se dieron. Y se dio en un momento en que se estaba discutiendo la renovación de mandato y la elección de las nuevas autoridades del Superior Tribunal. El doctor Castrillon tenía legítimas aspiraciones de ser reelecto. En general era reconocido por haber hecho una buena gestión al frente del Superior Tribunal. Tanto él como la que fue su vicepresidenta, Susana Medina de Rizzo, hicieron una gestión correcta y eficiente. Además, Castrillon contribuyó mucho en mejorar la imagen del Superior Tribunal que estaba bastante deteriorada y que ustedes saben por una serie de episodios ocurridos durante mandatos anteriores. En ese sentido, todos los presidentes que estuvieron últimamente en el Superior Tribunal han tenido posibilidad de reelección. El doctor (Daniel) Carubia inclusive dos veces… en fin… a todos se les ha dado esa posibilidad.

-Claudia Mizawak fue la última.

-Así es. Cuando esto (las declaraciones de Castrillon) de alguna manera se sintió o el doctor Castrillon apreció o estimó que podría haber resistencias o injerencias por parte del sector político, respecto a su designación, hizo las declaraciones que conocemos; en el sentido de plantear cuál es el motivo: ¿será que yo soy un estorbo para el poder político o un estorbo para el avance de determinadas causas, para la impronta independiente que le queremos dar al Poder Judicial? Entonces hizo sus declaraciones, con su habitual estilo, que resultaron un tanto explosivas. Creo que se la ha tomado un poco erradamente, porque no creo que él haya hecho denuncias en concreto.

-Pero habló de mafia.

-Él lo que dice es que no va a tranzar ante las mafias. Eso es una cosa que también la suscribo y creo que la debería suscribir cualquier integrante del Poder Judicial.

-Pero son vocales del Superior Tribunal, de la más alta esfera. Es legítimo preguntarse ¿de qué mafia está hablando?

-Creo que habla un poco en el sentido abstracto, en el sentido figurado. Si existen sectores vinculados a la administración o al poder político que puedan incidir en el Poder Judicial con respecto a manipular determinadas causas, entonces el Poder Judicial debe plantarse frente a eso. Creo que ese es el sentido que le dio a su expresión. Yo no le doy ningún otro sentido. No puedo asegurar de que existan mafias, de que existan organizaciones del tipo delictivas que estén operando sobre el Poder Judicial. Pero, si las hubiera tenemos que estar alertas y tenemos que estar preparados para resistir.

-Usted es un hombre que sabe de política porque tiene historia política. ¿Usted considera que hay un ámbito así en la relación poder político – Poder Judicial hoy por hoy en la Provincia?

-Le voy a dar mi impresión con respecto a la Justicia. Hablemos de los aspectos penales. No estoy en el fuero penal, sino en otro fuero. Le podría decir que mi desempeño en el Poder Judicial no puedo decir que haya tenido aprietes o presiones ni ninguna injerencia indebida por parte del poder político, por el contrario. Hablemos de la parte Penal, evidentemente tenemos una Justicia que en esencia es una Justicia honesta. No hay ningún juez ni ningún funcionario que esté denunciado por algún problema de corrupción. Han existido denuncias y acusaciones, pero de otro tipo. Del tema corrupción no ha habido en el Poder Judicial. Lo que sí hay a veces es lo que llamo el “tiempismo”, es decir, la adaptación de la Justicia a determinados tiempos políticos. La provincia de Entre Ríos es la que mayor cantidad de causas tiene y que han avanzado, inclusive que han llegado a condenas a altos funcionarios públicos, por ejemplo, en materia de enriquecimiento ilícito. Creo que no existe ninguna otra provincia que registre tres o cuatro condenas que registre como tenemos nosotros. Creo que lo hemos hablado muchas veces con usted, estas condenas vienen después que han perdido el poder. La Justicia se maneja un poco en base a los tiempos políticos. Y a veces se aprecia que se centra en aquellos actores menores y se olvida de los más altos niveles. Cosa que perjudica hasta los propios acusados, porque los tiempos de la Justicia son –a veces- extremadamente morosos y una Justicia que no reacciona con la suficiente rapidez, con la suficiente celeridad, que no da respuestas inmediatas es una mala Justicia. Le reitero, no intervengo en causas penales, pero a veces cuando hay excusaciones me toca intervenir. Hace poco me llegó una causa donde están involucrados altos funcionarios y cuando la voy a ver, resulta que tiene trece o catorce años de tramitación. Entonces, ¿qué quiere que le diga? No sé si son o no culpables; pero me resulta muy difícil, muy duro, tener que condenar a una persona después de tanto tiempo. En la Justicia nacional esto adquiere ribetes de escándalo.

-Por supuesto, terminan archivándose o prescribiendo.

-Así es. Ahora se está hablando que se va a modificar la Ley de Prisiones Preventivas y probablemente salgan en libertad ocho o nueve mil personas que está en las cárceles y en la cual la Justicia morosa no les da respuestas. En Entre Ríos no es tan grave el problema, pero igual creo que tenemos ese problema y debemos encontrar una solución.

-Hay situaciones diversas. A usted le consta que en nuestra provincia las causas por enriquecimiento ilícito no demoran menos de cinco o seis años.

-Y dentro de todo, nuestra provincia es la que mejor ha avanzado en este sentido.

- ¿Pero, qué pasa? Porque uno va siguiendo el ritmo de las investigaciones en las causas por enriquecimiento ilícito. A veces la demora es porque no hay un perito contable que pueda trabajar en el tema porque está en otra causa. Y el otro tema es que se observa que hay un accionar de un grupo de abogados penalistas que están todo el tiempo viendo cómo objetan esta pericia, aquella medida o apela un determinado tema.

-El doctor Castrillon señalaba, por ejemplo, un tema que creo es álgido en eso, cuando decía que aproximadamente entre un 80 y 85 por ciento de miembros del Ministerio Público de la Fiscalía y de la Defensa están en categoría de suplentes. Es decir, están sin la debida estabilidad. Un fiscal que está en categoría de suplente, que está sin la estabilidad propia del cargo, le falta uno de los elementos esenciales que es el de la independencia. Esa persona está sujeta a presiones, a promesas, a conversaciones o a lo que fuere.

-Pero, se han titularizado muchos fiscales en los últimos tiempos.

-Así es. Pero tendría que existir un funcionamiento del Consejo de la Magistratura no sólo respecto a las Fiscalía, sino más ágil y más dinámico. Del mismo modo debería existir un funcionamiento de la Justicia menos moroso en todos los sentidos y en todos los ámbitos. No hay razones para que un juez o un funcionario se atrase o no cumpla con los plazos que determina la ley. Creo que otra de las fallas que tiene el sistema judicial entrerriano es que debería existir una Fiscalía dedicada específicamente dedicada a trabajar en las causas de la corrupción administrativa.

-Pero hoy por hoy existe la Fiscalía Anticorrupción.

-Sí, pero no estoy de acuerdo con la estructura que se le ha dado, dependiendo de la Procuración General. Creo que debería ser una Fiscalía que actuara hasta independiente del Poder Judicial, que fuera un organismo independiente, munido de todos los elementos propios para trabajar. Por ejemplo, un cuerpo de peritos contables, informáticos.

-Lo que usted menciona es una excelente idea. Pero, fíjese cómo ha actuado el poder político ante la existencia de una oficina específica de Anticorrupción y que estaba dispuesta en la reforma de la Constitución de 2008. Y el poder político nunca la activó.

-La Constitución de 2008 un poco falló en el tema.

-Pero nunca la trató el poder político.

-La puso dentro de la órbita de la Procuración. Y el poder político nunca la implementó, a pesar de que muchas veces critica al Poder Judicial. Ellos, que muchas veces tienen los resortes propios para solucionar ese tipo de inconvenientes, no toman las medidas. Esa (medida) como muchas otras que debería tomar, tanto para mejorar todo lo atinente a la Justicia Penal y a la investigación de las causas de corrupción como al avance de la Justicia en general.

-Pero no se ha escuchado a ningún vocal reclamar en estos últimos diez años estas cuestiones. A ningún vocal del Superior Tribunal.

-Bueno, ahora está escuchando a uno. No lo he dicho antes porque no me lo han preguntado; ahora que usted me lo dice, lo digo. Y sostengo que es un déficit que tenemos como muchos otros y que se pueden corregir por la vía legislativa o con la suficiente decisión política.

-Usted considera que esto que pasó con Castrillon los afectó como Cuerpo o cúpula judicial?

-Mire, hace mucho tiempo que vengo planteando que la elección de las autoridades del Superior Tribunal de Justicia, es otra cosa que también debiera corregir el Poder Legislativo. En casi todas las provincias se realiza a través de un sistema rotativo.

-Pero eso antes ocurría en Entre Ríos.

-Sí pasaba en nuestra provincia, hasta que, en una oportunidad, por algún motivo, no le gustó a la persona a la cual le tocaba y se dejó de lado ese sistema. Entonces se centró en eso que fue generando creación de grupos, divisiones, enconos. Divisiones que muchas veces no eran por cuestiones conceptuales, sino por cuestiones de amistad o de devolución de favores. Además, ese sistema permite, facilita la injerencia del poder político que acá ha existido siempre. Porque como es un resorte de poder, al poder político siempre le interesa.

-Eso no debería modificarse.

-Bueno, la propuesta que he formulado y que lo he hecho en infinidad de veces, es que se reforme por ley. Inclusive recuerdo que lo propuso cuando se reformó la Constitución. Pongan en la Constitución un sistema rotativo, inclusive con la posibilidad de una reelección. De esa manera no habría gobernador ni ministro, ni senador, ni diputado ni concejal que pudiera meterse a influir, porque al que le toca le toca, como dice el refrán. Otro tema que también propuse en su momento fue la posibilidad de que el presidente del Tribunal pudiera controlar a sus pares en cuanto a la morosidad en las causas. Si bien en el Superior Tribunal tenemos plazos para dictar las sentencias, no tenemos un órgano que esté por encima de nosotros que nos imponga una determinada sanción sino cumplimos. Y así ha ocurrido con algunas causas relevantes que se han ido dilatando con el tiempo, sin que existiera la posibilidad de algún tipo de sanción hacia el vocal o miembro del Superior Tribunal que se manifestara moroso.

-En la entrevista que le hicimos al gobernador, le preguntamos si pensaba en la renovación del Superior Tribunal de Justicia. Hoy por hoy están todos los integrantes del Alto Cuerpo en condiciones de jubilarse. En algún momento usted pidió un informe al respecto. ¿Piensa en irse?

-Le contesto lo que le he contestado a mucha gente que me lo ha preguntado. A lo mejor me voy mañana, tal vez dentro de diez años. No tengo un plazo fijo. Depende de mi voluntad y en última instancia de mi estado de salud física y mental. Lo que sí sería mi mayor anhelo es que el día que me jubile no nombraran a nadie en mi reemplazo. Eso también fue algo que en su momento le propuse al gobernador.

-Es decir, reducir el número de vocales.

-Exacto. Reducir el número de vocales. Por ejemplo, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, hoy día que existen las Cámaras de Casación no sé cuál es –sinceramente- la función que cumplen. Porque si se trata de la revisión constitucional de las sentencias penales, las puede hacer el pleno del Cuerpo. Inclusive, la exclusividad que tenían con los amparos hoy en día también ha pasado al pleno del Cuerpo. De manera que la Sala Penal no sé si tendría razón de existir. Sé que esto a algunos de mis colegas no les va a gustar, pero es lo que veo. Aparte, pienso que un Tribunal chico, de siete o cinco miembros, como es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sería mucho más ágil y expeditivo que el que tenemos actualmente. Pero, bueno, estos son determinados puntos de vista. En algún momento lo conversé con el gobernador y él estaba de acuerdo con esta idea. Pero, cada gobernador que llega, quiere tener la posibilidad de nombrar a uno o a dos. No cuestiono a las personas que ha nombrado en absoluto; pero me parece que lo ideal sería eso. El día que ocurra mi vacante, espero que no se cubra.

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