Todavía no están claras las causas que desencadenaron el conflicto en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná en la noche de Navidad, que terminó con el ataque a un penitenciario que aún está internado, el incendio y la consecuente destrucción total del Pabellón 22. En las jornadas posteriores hubo protestas, reclamos y un hábeas corpus de los presos que perdieron todo por el fuego y sus familiares.

El Servicio Penitenciario trasladó a ocho internos del Pabellón 17, supuestos autores del ataque, a otras unidades penales de la provincia. El viernes pasado, la Justicia dictó medidas que no terminaron de satisfacer a algunos detenidos, por lo que no se descarta que los reclamos continúen. El panorama asoma complicado, en una cárcel donde las medidas estructurales van más lentas que los conflictos y necesidades, publicó el diario Uno de Paraná.

“La situación está fea, anoche (por el viernes) se levantó la huelga de hambre. Fui a la visita al penal y nos verduguearon mal. Están reofuscados, en vez de calmar la situación las empeoran”, sostuvo una familiar de uno de los internos que estaba alojado en el Pabellón 22. “Ahora los pasaron al 17, no se podía dormir de los alacranes, las ratas”, se quejó la mujer.

En el Pabellón 22 había 18 detenidos, entre ellos el ex concejal Pablo Hernández; en el mismo sector, pero en una especie de departamento separado, había cuatro internos más, entre ellos Gonzalo Caudana. Lindante a este pabellón está el 17. Según se indicó al diario Uno una fuente conocedora del ambiente carcelario, los internos del 22 “son más de trabajo, tienen otro poder adquisitivo, con mejores normas de convivencia, hasta la higiene”. En cambio, en el 17 había presos, sobre todo jóvenes “conflictivos, que no gozan de buena conducta”. Estas diferencias podrían estar en el trasfondo del conflicto: una especie de diferencia de clases dentro de los muros.

Conflicto

El miércoles a la tarde se originó el conflicto por el cual intervinieron los agentes penitenciarios. Uno de ellos, Ricardo Iglesias, fue atacado por un joven con una especie de lanza o jabalina en el rostro. El hombre sufrió una gravísima lesión, está internado y los médicos evalúan cómo proceder ante la rotura del maxilar superior. Luego desalojaron el Pabellón 22, momento en el cual desde el 17 habrían arrojado un colchón encendido y provocaron el incendio generalizado, que debió ser sofocado por los Bomberos Voluntarios.

“No quedó nada, con lo puesto quedaron los chicos, es una barbaridad”, dijo la familiar que habló con el diario Uno, quien insistió en que son maltratados: “Están para ser reinsertados de nuevo a la sociedad, pero la gente que está para eso los están verdugueando las 24 horas del día”, denunció.

En la audiencia del viernes en el juicio de la causa Narcomunicipio, Pablo Hernández contó: “En el incendio no solamente se quemaron todas nuestras pertenencias, es mentira que se quemaron cuatro colchones. Sillones, muebles, ropa de cada uno de los muchachos, tengo la obligación moral de decir lo que pasó. Tuve que salir esquivando los chuzazos que venían del Pabellón 17. Las familias se enteraron por las redes sociales y estaban afligidas. Nuestras familias estuvieron sufriendo y mis compañeros estuvieron llorando por las cosas que tenían, hay 18 personas que podrían haber muerto calcinadas, como pasó en Victoria, si no hubiese sido por el accionar del Servicio Penitenciario que evacuó, resguardó la integridad de cada uno de nosotros”.

Según se informó, aparentemente, Caudana había llegado a un acuerdo con un penitenciario para que todos puedan estar en la pieza que él habitaba mientras iban arreglando el resto del pabellón incendiado. Pero luego las autoridades del Servicio Penitenciario no lo permitieron, y ordenaron que queden todos en el 17. Esto volvió a caldear los ánimos y durante un par de días hubo protestas de familiares en la puerta del penal.

“A aquellos que se los sindicó como responsables del hecho por la prueba que se recolectó son ocho internos en total, fueron trasladados a unidades penales del interior. A los otros del Pabellón 17 se los reubicó con sanciones, pero dentro de la Unidad Penal Nº 1”, explicó el director general del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, Marcelo Sánchez, publicó el diario Uno.

El viernes “se hizo una inspección con autoridades judiciales, de rutina, luego los internos presentaron un petitorio ante el Juzgado de Ejecución de Penas de Paraná. La jueza (Cecilia Bértora) hizo una inspección al mediodía en el sector, lo que ellos le planteaban de cambio de pabellón no se hizo lugar, y se modificaron algunas cuestiones para las visitas, se cambia el lugar donde se hacen las visitas. En definitiva, la jueza confirmó las medidas que nosotros administrativamente habíamos dispuesto”, agregó el director del Servicio Penitenciario.

Consultado acerca del reclamo central de los internos, Sánchez dijo: “El planteo era que no querían ese lugar, querían volver al otro pabellón donde estaban antes. Este sector de ahora es más amplio y tiene más capacidad también”. Como respuesta a cuestiones que mencionaron públicamente internos sobre el hecho, Sánchez dijo: “Han sido argumentos para obtener un beneficio, no creemos que haya sido un ataque contra ellos”.

Sobre las medidas dispuestas para estos días, especialmente para el 31 de diciembre y el 1° de enero, Sánchez informó que “se van a reforzar los controles, ya se reforzaron, hay personal trabajando sobre el tema, con personal recargado y otras medias”, aunque antes de lo sucedido en Navidad no había “nada que diera indicios que llevara a pensar que esto podía pasar”, aseguró.

Además, fuentes judiciales informaron que se dispuso policial fijo por al menos 10 días en las inmediaciones de la Unidad Penal, ya que durante estos últimos se registró que desde afuera arrojaban elementos que podrían causar daños peores.

Por ahora la situación está más calma, aunque no se descarta que la tensión recrudezca con los mismos reclamos, a lo que se suman los numerosos pedidos de salidas o traslados para pasar fin de año cerca de las familias.