El fiscal de Rosario del Tala, Samuel Rojkin, brindó precisiones respecto de lo sucedido en una vivienda de la localidad de Mansilla donde vecinos grabaron gritos de una joven y denunciaron hechos de violencia, y detalló el trabajo que se realiza desde hace años con esa familia.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Rojkin comentó que “se trata de una familia que vive de manera muy particular, a partir de una decisión del jefe de la familia o grupal pero que se tomó hace muchos años y por la cual esta familia comenzó a vivir en una especie de aislamiento, de poca sociabilización, de muy poco trato con el resto de la comunidad”.

Afirmó que “es una situación que se da desde hace aproximadamente 20 años” y especificó que “se trata de un sistema de tener muy poco trato con la comunidad, los integrantes de la familia a partir de terminar la escuela primaria no siguen el secundario, siguen la instrucción puertas adentro, salvo una de ellas que sí terminó el secundario;  y los integrantes de la familia –en su mayoría mujeres- salen muy poco a la calle”.

Apuntó que la familia está integrada “por el padre de 68 años, la madre, cuatro hijas mujeres y un hijo varón que ahora vive solo, todos de entre 30 y 38 años” y detalló que “una de ellas sufre de epilepsia y otra tiene algún tipo de trastorno mental”.

Reveló que “en 2012 una de las integrantes de la familia decide romper con este sistema, sale a la calle, tenía problemas de salud y por eso fue derivada al hospital donde comentó su necesidad de salir del aislamiento en que estaba viviendo y a partir de allí comienzan a actuar los distintos organismos del Estado, se le da cierta asistencia, la posibilidad de estar internada y luego de vivir en algún hogar de paso”.

“Paralelamente se da intervención por primera vez al Ministerio Público Fiscal ante la posibilidad de que se estuviera cometiendo algún delito, cosa que de ningún modo pudo ser acreditada en el expediente que se tramitó en 2012. En esa oportunidad tuvimos la posibilidad de charlar por primera vez con una de estas chicas, fue examinada por el médico forense, se entrevistó con psiquiatras y psicólogos, se intervino en el caso y en lo que a mí respecta de posibles conductas penales, luego de una investigación bastante interesante se culminó con un archivo por inexistencia de delito”, describió el fiscal.

Agregó que “a partir de esa primera salida de la chica con la necesidad de vivir otra vida, se le dieron todas las posibilidades y meses después esa chica terminó volviendo al hogar” y “a partir de ahí comenzaron a tejerse versiones respecto de lo que pasaba en la casa, dudas de porqué las chicas no se veían, porqué la familia no se veía, porqué era únicamente el jefe de familia el que hacía las compras y tenía un grado de sociabilización un poco mayor, por sus tareas laborales. Versiones como cualquier otra de pueblo chico”.

Comentó que “también se comienza a hablar del delito de presunta privación ilegal de la libertad, se dice que el grupo familiar estaba encerrado, presuntos delitos contra la integridad física y sexual, y hay una nueva denuncia en 2019 de un vecino que escucha gritos donde nuevamente se toma intervención y nuevamente se descartó la existencia de delitos, y ahora otra vez los vecinos se preocupan y vuelven a denunciar porque escuchaban gritos de una de las chicas en la casa”.

“Esto provoca una nueva intervención con la exclusión del padre del hogar, ordenada por el Juzgado de Paz de Mansilla que trabaja en temas de violencia de género,  y se comienza una nueva investigación para tratar de determinar si se está cometiendo algún tipo de delito puertas adentro de la casa. Hasta el momento no se pudo acreditar ninguna conducta delictiva, aunque no puedo descartarlo tampoco; sí puedo asegurar que no hay una privación ilegal de la libertad de nadie”, sentenció Roskin.

Aseguró asimismo que “en este caso han intervenido e intervienen muchísimos profesionales desde asistentes sociales del área de Acción Social de la Municipalidad de Mansilla, comisaría, psicólogos, psiquiatras, médicos forenses; es decir que se ha trabajado mucho, se han dispuesto medidas de protección de personas desde el Ministerio Pupilar. El Estado no ha estado ausente”.

En ese marco, criticó que “un sector del periodismo se ha manejado con poca cautela y está dando por sentado hechos muy graves que no fueron mínimamente acreditados, que no los descarto que puedan existir pero no se puede decir hoy por hoy que en esa casa se está violando, que se está agrediendo o privando de su libertad a personas”.

Respecto de lo que sucedió en el momento en que se grabó el video que se hizo público, el fiscal contó que “una de las chicas de la familia que es epiléptica, salió de la casa y suele suceder que muchas veces se pierde y la gente de la comisaría de Mansilla debe buscarla. Si no se la busca de manera inmediata la chica se va al campo y se hace más difícil localizarla y eso fue lo que sucedió ese día, donde personal policial la localizó en un procedimiento que no era la primera vez que realizaba, la llevaron al hospital donde le aplicaron una medicación y la devolvieron a la casa, pero la medicación no dio el efecto deseado o no actuó rápidamente y la chica sufrió un ataque de crisis que se tornó incontrolable”.

“A partir de ahí los vecinos empezaron a reunirse, algunos efectuaron filmaciones, y por ahí se escucharon frases pesadas que le hicieron creer a alguien que estaban pasando cosas realmente malas”, relató y acotó que “se procedió de manera inmediata porque ni bien toma la denuncia el Juzgado de Paz se ordenó la exclusión del hogar del jefe de familia”.

No obstante, planteó que “en este tiempo jamás se detectó ningún síntoma de que las mujeres de la casa sufran violencia física, pero la medida de exclusión se toma ante la denuncia del incidente, porque no se sabía lo que había pasado, y con muy buen criterio se ordena la exclusión para que las mujeres de la familia puedan seguir viviendo con cierta normalidad y los organismos podamos trabajar con mayor tranquilidad”.

Informó que el hombre “sigue excluido de la casa y está viviendo con el hijo varón que se independizó hace un tiempo, y el padre no tiene contacto con las mujeres en este momento” y reveló que “el hombre es Horacio Coccoz, está jubilado, es técnico electricista; en su momento habría sido víctima del terrorismo de Estado y tiene un hermano desaparecido”. “Es decir que tiene un historial complicado en su vida privada que puede haber dejado alguna secuela y lo pudo haber llevado a decidir que su núcleo familiar viva de otra manera”, resumió.

Aseguró que “jamás sus hijas denunciaron ningún tipo de abuso”. “Hemos actuado porque el Juzgado de Paz cuando en 2002 la chica quería irse de la casa e independizarse nos dio intervención para investigar si había alguna conducta delictiva”.

Respecto de la falta de escolaridad de los niños y jóvenes de la familia, comentó que “todos terminaron la primaria y una terminó la secundaria. No puedo asegurar que hace 20 años haya habido alguna denuncia sobre esto, pero dos de las chicas manifestaron que ellas mismas no querían seguir yendo a la escuela porque eran víctimas de discriminación, pero ni siquiera saben explicar porque se sentían discriminadas”. “Ellas mismas decidieron vivir con muy poca sociabilización, no están privadas de su libertad dentro de la casa, la casa está con puertas abiertas y ellas salen, pero no quieren salir, no les interesa salir”, graficó.

“Este sistema puede no agradar a las personas pero no debería ser cuestionable en la medida en que no se cometan delitos. No descarto que pueda haberse cometido algún delito puertas adentro, pero en este momento esa situación no está acreditada”, sentenció Rojkin.

Por último, explicó que “la exclusión del domicilio se mantiene como una medida cautelar en resguardo de la integridad física de las mujeres del núcleo familiar y mientras se continua la investigación. Es una medida necesaria en este momento y más adelante se evaluará si se levanta o no; pero en este momento es muy útil para poder investigar con tranquilidad, para asegurar la integridad física y para que al momento de declarar estas mujeres  tengan la libertad necesaria para hacerlo”.