Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano comenzaron a investigar las presuntas irregularidades en la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, luego de que en la publicación de la edición papel de ANÁLISIS se informara que se le depositó durante muchos años los haberes a unos 80 jubilados que ya habían fallecido. En ese marco, según informó Elonce TV, de esa cantidad, se constató que en 62 cuentas se hallaba la totalidad del dinero, pero que había 18 casos en los cuales alguien había ido retirando los haberes, lo cual constituye un delito.

Cuando el medio intentó contactarse con quienes llevan adelante la investigación, se informó que "por el momento no harán declaraciones los fiscales".

Montos y cantidad de involucrados

Si bien en principio se había dejado entrever un perjuicio mucho mayor para las arcas provinciales, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, dio precisiones sobre el caso y señaló que el total de lo percibido por estos 18 beneficios ascendería a unos 8 millones de pesos que, actualizados, podrían duplicarse.

"Hay una causa iniciada en el Tribunal de Cuentas porque el mismo presidente de la Caja de Jubilaciones verificó que había irregularidades en la información que envía el Sistema Nacional Tributario y Social (SINTyS) que informa sobre el fallecimiento de personas fuera de la Entre Ríos, porque dentro de la provincia, lo hace el Registro Civil", aclaró.

A partir de esto, "el Tribunal detectó que hay alrededor de 80 casos en los que se siguieron depositando fondos en cuentas de ingreso de personas fallecidas. Lo grave es que hay 18 personas a las que alguien les cobró la jubilación. Claramente hay un delito penal, además de la irregularidad administrativa".

El funcionario dio cuenta de que "por eso se inicia el proceso penal y se comunica a la Fiscalía de Estado para que intervenga para el recupero de los fondos".

Rodríguez Signes ratificó que en el resto de los casos "el dinero no fue percibido por nadie, estaba en las cuentas de ingreso, por lo que la Caja pide la devolución al sistema de esos recursos".

"Alguien cobró las jubilaciones por esas 18 personas fallecidas. Por un lado está el proceso penal, pero Fiscalía de Estado debe determinar el perjuicio y tratar de recuperar esos fondos", enfatizó el fiscal de Estado.

Añadió que "estas es una investigación preliminar, hay que profundizar. Pero el expediente del Tribunal de Cuentas, respecto de estas 18 personas, sumaría unos 8 millones de pesos, pero con intereses y actualizados, seguramente se duplique esa cantidad".

La revista ANÁLISIS había dado cuenta de que "en el IOSPER, detectaron que un lote importante de personas fallecidas seguía con el beneficio de la obra social. Cuando profundizaron al respecto, notaron que la situación era más grave de lo pensado: eran todos jubilados muertos, la mayoría de ellos con domicilio fuera de Entre Ríos, donde alguien cercano a cada una de las personas seguía percibiendo la remuneración pertinente, pese a estar bajo tierra".

"Un grupo de 80 jubilados ya fallecidos, a quienes la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos le seguía abonando los haberes, mes tras mes, durante 15 años. De esa primera lista, surge que significaban un egreso de 2,5 millones de pesos mensuales. La mayoría son de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos", señalaba la publicación.

La investigación

Insistió con que "esta investigación comenzó en junio, recién está en sus orígenes y no se sabe cuál será el resultado final".

Sobre el rol del IOSPER en esta detección de irregularidades, Rodríguez Signes rtificó que la obra social "verificó la falencia en su sistema contable y habría sido lo que se le comunicó al Presidente de la Caja que pide la intervención del Tribunal de cuentas".

El recupero del dinero

"Si bien la causa comienza en junio, Fiscalía de Estado tomó conocimiento esta semana. Respecto de la calificación del delito penal, lo determina el Ministerio Público Fiscal. A la Fiscalía de Estado le corresponde recuperar el patrimonio detraído irregularmente, por lo que nos constituiremos como actor civil en el proceso penal", adelantó el funcionario.

Asimismo, dio cuenta de que esto "se estaba generando desde el año 2003" y que antecedentes de este tipo no recuerda. "Ha habido problemas de sistema, como en el Consejo de Educación. Es compleja la Administración, pero de personas fallecidas cobrando la jubilación, no conozco".

Hay que distinguir de lo que es un "delito del que fue con la tarjeta de cobro a sabiendas de que el beneficiario estaba fallecido. Veremos quién es el responsable, pero el que fue a cobrar, seguro", de lo que son "errores de sistema sin delito penal. En estos 18 casos, hay delito penal, pero la calificación le corresponde al Ministerio Público Fiscal".