El parlamentario del Mercosur Fabián “Pepín” Rodríguez Simón espera en Montevideo que la Justicia uruguaya defina si lo extradita a la Argentina, luego de que una comisión especializada dictaminara que el asesor judicial del expresidente Mauricio Macri no debe ser recibido por ese país en calidad de refugiado político.

“Pepín” Rodríguez Simón está en Uruguay desde el 8 de diciembre y en mayo anunció, a través de un comunicado y de una entrevista televisada, que no piensa regresar al país porque se considera un “perseguido” y teme que de hacerlo queden en riesgo su libertad y su seguridad personal.

El parladiputado, sindicado como el supuesto operador judicial de Macri, está acusado de haber presionado de forma indebida a los accionistas del Grupo Indalo y de haber promovido la asfixia financiera de esa empresa en el marco de un expediente en el cual la jueza federal María Romilda Servini lo convocó a una indagatoria a la cual no se presentó.

La Comisión de Refugiados (CORE) entregó su dictamen hace más de una semana a la jueza uruguaya Adriana Chamsarian, que ahora deberá decidir si le otorga a “Pepín” el carácter de refugiado o si rechaza su petición y avanza con el tratamiento del pedido de detención emanado por la Justicia argentina y luego con el juicio de extradición, consignó la agencia de noticias Télam.

Si bien los detalles del dictamen de la CORE se mantienen bajo reserva al igual que las actuaciones de la jueza sobre el pedido de refugio, fuentes judiciales y diplomáticas adelantaron a Télam que es “muy poco probable” que la magistrada opte por considerar a Rodríguez Simón como un refugiado cuando una comisión especializada opinó en contrario.

En el entorno de Rodríguez Simón, sin embargo, remarcan que aún la jueza no tomó ninguna decisión y que para hacerlo analizará también distintas presentaciones que hizo el parladiputado imputado por la justicia argentina.

“Aún en el caso de que resuelva en contra de su pedido, Pepín mantendría su status -libre y a derecho en Uruguay- hasta que quede firme la denegatoria o le concedan en otra instancia el refugio”, señalan desde el entorno del dirigente político imputado por la Justicia argentina.

El 19 de mayo pasado, la jueza Servini declaró en rebeldía al diputado del Parlasur, ordenó su captura nacional e internacional, dispuso su inhibición general de bienes y el congelamiento de todos sus productos bancarios, luego de que Rodríguez Simón le notificara que no cumpliría con lo que había manifestado en otra presentación en la que había afirmado que se presentaría a su indagatoria prevista para el 26 de ese mes.

En aquella resolución, la magistrada planteó que el dirigente macrista tuvo pleno conocimiento de la existencia del expediente desde mediados de 2019 y se pudo defender en ese terreno con todas las garantías de la ley, por lo que resulta de imposible comprensión el planteo referido a su supuesto temor de ser detenido en forma indebida, como él manifestó públicamente.

En este expediente se investiga “la presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción”.