Causa Contratos: cuarto intermedio hasta el miércoles para definir recusación a fiscales

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La jueza de Garantías Marina Barbagelata dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles.

La jueza de Garantías Marina Barbagelata dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles a las 16 para definir sobre los planteos de recusación a los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, presentados por las defensas de los imputados. De la audiencia, además, participó la fiscal Mónica Carmona.

Por las defensas, en tanto, estaban de forma presencial José Velázquez, Leonardo Schonfeld, Leopoldo Cappa y Emilio Fouces; mientras que por videoconferencia participaron Miguel Ángel Cullen, Guillermo Vartorelli, Iván Vernengo y Damián Petenatti.

Mientras los planteos de las defensas -que siempre sostuvieron la legalidad de los contratos- giraron en torno a cuestionar la objetividad del Ministerio Público Fiscal y el cierre de la investigación para la remisión a juicio de la causa haciendo un “corte”, según entendieron, sin llegar a presuntos responsables superiores; desde la Fiscalía defendieron su actuación, hablaron de “clara confusión entre imparcialidad y objetividad”, consideraron que muchos de los planteos defensivos deben ser tratados en la etapa de remisión a juicio, y respondieron a las “falsedades” en que incurrieron las defensas, según apuntaron.

La definición que adoptará la jueza se conocerá la próxima semana, aunque hay una cuestión de competencia con la Justicia Federal para seguir adelante con ese caso, donde será la Corte Suprema de Justicia de la Nación quien zanje la discusión.

Cabe recordar que los imputados en la causa son Juan Pablo Aguilera y Alejandro Almada, de Alfredo Bilbao, Ariel Roberto Faure, Flavia Beckman, Hugo Mena, Esteban Scialocomo, Pablo Balladares, María Jazmín Mena Gioveni, Viviana Giselle Mena Gioveni, Alejandro Ferreyra, Fernando Sarnaglia, Andrea De Martín, Nicolás Beber, Sergio Esteban Cardoso, Fabián Jorge Lázaro, José Javier Schneider.

Comienzo con cuarto intermedio

La audiencia se suspendió poco después de comenzar por un cruce que mantuvo la jueza Barbagelata con el defensor de Juan Pablo Aguilera y Alejandro Almada, Miguel Cullen, por el cual la magistrada ordenó un cuarto intermedio de 5 minutos. Tras el mismo, se retomó.

“Tenemos que llamar la atención que estamos frente a lo que entendemos es un escándalo jurídico”, dijo el letrado respecto de la decisión de la jueza de continuar con la audiencia pese a que la Corte Suprema debe definir la competencia para investigar la causa.

“Está bien que haga usted el descargo de lo que ya adelantó cuando interpuso el recurso, eso tendrá su trámite. Este es otro trámite, de lo único que voy a escuchar es sobre la recusación a los fiscales”, lo frenó Barbagelata. “No voy a escuchar nada que no sea el planteo recusatorio”, agregó.

“Está bien, si usted no quiere no lo escuche su señoría, pero yo tengo que dejar sentado, y voy a participar de la audiencia porque usted no ha dado lugar a la reposición, pero no puedo dejar de mencionar que se trata de un escándalo jurídico. El 6 de julio su superior, la doctora (Carolina) Castaño, dijo que usted no puede dictar ninguna resolución hasta tanto no se resuelva la cuestión de competencia”, sostuvo.

En ese momento, la jueza definió un cuarto intermedio de 5 minutos. Al volver, la magistrada señaló a Cullen: “Le hago saber que esta audiencia es para analizar la cuestión de recusación. Me ha quedado claro cuál es la posición que tiene su parte, la defensa del señor Aguilera y Almada. Si usted decide seguir hablando sobre este tema, voy a tomar oportunamente las medidas pertinentes en función de que usted no acata las decisiones de este tribunal”.


La jueza Barbagelata.

“Entiendo que se me está coartando la libertad de expresarme”, reclamó el letrado. Y luego observó: “Es fundamental, por lo menos para esta parte, y ejerciendo el derecho a ser oído, que tiene específicamente que ver. Vamos a hacer una recusación condicionada a que la Corte Suprema ratifique la competencia de los tribunales ordinarios. Porque si no es un interés jurídico que aún no nació, está en suspenso hasta saber si tendrá efecto o no. Primero tenemos que saber cuál es el tribunal competente”, opinó. E hizo reserva de recurrir a la Corte.

Seguidamente, pasó a dar los argumentos por los cuales cuestionó la objetividad del Ministerio Público Fiscal y el cierre de la investigación para la remisión a juicio de la causa. En ese sentido, apuntó al procurador General, Jorge García, por “haber emitido opinión fuera del proceso en distintos medios de comunicación” cuando refirió, dijo, a la posible división de la causa en dos, “situación que se concreta al momento que se realiza la elevación a juicio sectorizada”, afirmó.

Seguidamente, sostuvo: “Dentro de las causales que receptan esta pérdida de objetividad está la que se expresa con claridad el tener un interés en el proceso. La fiscalía tiene que tener un interés específico que es el del bien común, que difiere del interés personal. Debe perseguir el esclarecimiento de la verdad. Cuando no ocurre, queda el interés subjetivo”.

“En la tesis de esta defensa no estamos en presencia de ningún delito penal, se trata de contratos reglados, que cumplían con todas las características de habilitaciones legales, tenían un presupuesto votado por toda la totalidad de la Legislatura”, entendió.

“La fiscalía perdió objetividad porque decidió cortar la investigación, cerrar la parte investigativa diciendo que no pueden determinar quiénes fueron los que suscribieron los contratos. O no leyeron los contratos o están hablando de que le falsificaron la firma o es ilegible. Pero si eso no puede comprobarse, explíqueseme por qué se persigue a quienes no firmaron los contratos, que es el hecho necesario para que se produzca lo que la fiscalía dice sustracción”, sostuvo luego. “Hay una persecución diseccionada”, remató.

“Quiero dejar en claro que somos muy respetuosos de la política criminal en cabeza del Ministerio Público Fiscal. Pero desde el ejercicio del derecho de defensa no podemos dejar de marcar la pérdida de objetividad”, aclaró.

A su turno, Vartorelli adhirió a lo expresado por su colega.

Restantes defensas

Seguidamente, Emilio Fouces adhirió a lo expuesto por Cullen -con quien se solidarizó tras el cruce con la jueza-, y señaló: “A mí se me dijo que no podía seguir instando recurso sobre otro planteo porque esta causa no podía seguir tramitando su normalidad hasta tanto no se resuelva el conflicto de competencia”.

Dejó expuesto también que no “pone en duda la honorabilidad y capacidad intelectual de los fiscales”, pero entendió que se dan las causales para la recusación.

“Básicamente, entendiendo que han incumplido con la manda legal, en cuanto a que su obligación de investigar nunca debe perder, fundamentalmente, la objetividad, y que debe llevarse a cabo tanto para determinar las imputaciones y analizando todo el plexo probatorio que puede existir como para eximir de responsabilidad a imputados”, señaló. Y pasó a exponer sobre las situaciones particulares de sus defendidos, Lázaro, Cardoso y Schneider. “Los tres son empleados de la administración pública y están pretendiendo ser llevados a juicio por el solo hecho de haber cumplido su trabajo”, sostuvo.

Sobre Cardoso, dijo que “la acusación, que nunca varió, dice que es quien trajo este sistema de contratos ilegales a la Cámara de Diputados”. “No solo que es una barbaridad sino que Cardoso aportó citas y datos concretos sobre un acta notarial, dijo quien lo llevó adelante, y que decía que el depósito estaba absolutamente vacío”, señaló. “No existe un solo elemento que diga que Cardoso en su trabajo realizaba algo tendiente a realizar este ilícito. Y cuando Cardoso daba elementos útiles a investigar, no se cumplió con la evacuación de las citas”, dijo.

También se explayó sobre las situaciones de Lázaro y Schenider. Sobre el último de ellos, dijo: “Está siendo querido llevar a juicio porque intercambiaba mails de listado de contratados, de altas y bajas, con el director de administración. Estaba mandando mails de lo que era su trabajo, en su horario de trabajo”.

“Creemos que no es un ilícito lo que se está investigando. Se está investigando un modo de contratar que tenía la Legislatura pero sin poder determinar cuál era el ilícito. No existe un elemento que haya aportado la fiscalía que pueda poner a ninguno de los 3 fuera del ámbito de su oficina”, completó.


Parte de las defensas participó por videconferencia. Se utilizaron dos salones de audiencia.

A su turno, Cappa también se solidarizó con Cullen y dijo que el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos y había designado a Boris Cohen para veedor de la audiencia tras esa situación, pero la magistrada no autorizó el ingreso a la sala de audiencias.

El letrado se preguntó “cuál es la necesidad y urgencia de realizar esta audiencia”, subrayando que “no hay detenidos, no hay riesgos procesales, no hay peligro de fuga, pero sí una necesidad de que esta causa esté en contexto electoral”, sugirió.

Volvió a referirse al motivo de recusación de la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche, por la cual la funcionaria judicial se apartó en su momento de la causa -lo cual recordó luego la fiscal Yedro-, y, como sus pares de las defensas preopinantes, afirmó que “se ha perdido la objetividad de la investigación”.

Se pasó luego a un cuarto intermedio de 5 minutos, tras el cual expuso Vernengo, quien habló de una “sorpresiva remisión a juicio”. Sostuvo que la fiscalía “no tomó ninguna medida” para insistir en el pedido de información a las cámaras -algo que fue rechazado luego por Yedro al dar cuenta de distintos pedidos-, “haciendo evidentemente un corte de los sujetos investigados”.

“No han explicado por qué no han podido identificar a estos autores principales desconocidos hasta el momento, en ningún momento justifican qué medidas han tomado tendientes a identificarlos. Acá se nota un corte antojadizo y diría cierto ensañamiento con ellos imputados en esta causa”, cerró.

Velázquez, a su turno, sostuvo que “se trata de contratos legales, lícitos y no hay delito. Los planteos de recusación tienen que ver de la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, que parten de un planteo totalmente distinto”. “No hay ni siquiera configuración de tipo objetivo”, acotó Schonfeld.

Postura de los fiscales

La fiscal Carmona comenzó respondiendo a los planteos de recusación, que también la alcanzaron: “Nos encontramos ante una supuesta falta de objetividad que sí está normada en la ley de Ministerio Público Fiscal, que permitiría recusar a los funcionarios. Ahora bien, esto se tiene que dar en el caso de que se indiquen los motivos en forma clara y fundada, bajo sanción de inadmisibilidad, que dejo peticionado que así se declare”. “En mí caso ni siquiera se especificó en qué participé”, objetó.

“Sí debo destacar que estas alegaciones genéricas nos persiguen, acusaciones infundadas y demás que hemos escuchado, con respeto lo digo, pero donde no se indican qué derechos, qué pruebas han faltado y derechos de defensa se han violentado, cuando en la investigación da cuenta de las pruebas que tiene la acusación. De ninguna manera se ha dicho que no se va a investigar, solo que se dice que no se ha podido determinar hasta el momento”, agregó, sobre los responsables superiores.

“No es el momento este para discutir, porque todas estas cuestiones de fondo claramente no son parte de esta audiencia y no dieron cuenta de ninguna violación de deber de objetividad alguno. Sí creo que es claro destacar que estas recusaciones genéricas refieren a poner en juego lo que es la independencia del Poder Judicial, el transparente funcionamiento de las instituciones y la república democrática”, advirtió. Y sentenció: “Nadie acá ha sido presionado por nadie y mucho menos hay una persecución direccionada, como se dijo sin fundamento”.

“Estas genéricas alegaciones de arbitrariedad o de falta de argumentación o persecución direccionada, absolutamente infundadas, deben ser rechazadas de plano conforme jurisprudencia de la Corte”, redondeó, y dejó planteado “la extemporaneidad del planteo” en relación a su persona.

Al tomar la palabra, el fiscal Aranberry consideró que, con la exposición del abogado Cullen “queda evidenciado que es una mera estrategia dilatoria de la causa”.

“Por eso de alguna forma se recurre a la falta de objetividad, a indeterminaciones de causales, a cuestiones que claramente deben ser debatidas en la etapa intermedia -completitud de la investigación, calificaciones legales, si los hechos se encuadran en tipos de figuras analizadas-, deja en evidencia que esto es un mero planteo dilatorio de la cuestión, evitar que la causa no sea elevada a juicio. Trabar esa instancia de proceso”, analizó.

Y agregó: “Existe además aquí una clara confusión entre imparcialidad y objetividad, no podemos considerarnos imparciales, somos parciales, somos parte dentro del proceso. El juez es imparcial. Las causales deben hacerse con arreglo con el rol del titular de la acción pública, en este caso”.

“Ninguna de las cuestiones que han sido traídas a esta audiencia por los señores defensores representa una grave afectación al principio de objetividad. Todas de órdenes discutibles, que van a ser zanjados en la audiencia de remisión de la causa a juicio”, añadió.

Y planteó como “contradictorio” el decir “que los contratos son legales, y se quejan que la investigación no está cerrada”.

Finalmente, dejó también planteado la extemporaneidad del planteo de recusación.

Por último, la fiscal Yedro se explayó en responder cuestiones puntales que refirieron algunas de las defensas, como Fouces, Cappa, Schonfeld, Vernengo y Petenatti. Y redondeó: “La mayoría de los planteos refieren a no conformarse con el pedido de remisión de la causa a juicio. Entendemos que no es esta la etapa procesal oportuna, pero nos vemos obligado a contestarlos toda vez que se han incurrido en falsedades que han servido para sustentar los planteos, pero no podemos admitir”.

En particular, sobre un listado que mencionó Fouces que no fue incorporado como prueba, Yedro explicó: “Esa evidencia no está colectada en el marco de la IPP, de la Fiscalía no sabemos de dónde salió y fue acercada luego del cierre de la causa. Lo instamos a que lo acompañe en la etapa procesal oportuna”. Sobre otra cita de Cardoso, señaló que “no era lo que estábamos imputando”.

Sobre el planteo defensivo en el caso de Schneider y su trabajo, acotó: “Está corroborado que mandaba mails y planificaba cómo distribuir ese dinero. No es que se lo imputa por realizar un trabajo de oficina”.

Y dijo que el pedido de remisión de causa a juicio “de ninguna manera fue intempestivo ni pudo haber sorprendido a los defensores, porque cuando la pericial terminara la Fiscalía estaba en condiciones de solicitarla”.

“Estamos también cansados de las falsedades que atacan la tarea fiscal que ha sido absolutamente transparente, y de buena fe y lealtad”, completó.

Al finalizar, Cullen quiso responder a Carmona, pero la jueza Barbagelata informó que no habría réplicas, al tratarse de “una audiencia de razones de recusación”, con lo cual dio por concluido el acto.

 

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