La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) decidió avanzar con el análisis de la causa de Gisela López, la joven de Santa Elena, de 19 años, asesinada a principios de 2016 y cuyo crimen permanece impune.
A Gisela la golpearon, violaron, asesinaron y descartaron en la zona conocida como El Bajo, donde su cuerpo fue hallado el 10 de mayo de 2016 a 168 metros de su casa, en el barrio 120 Viviendas de Santa Elena.
El 3 de julio de 2019, la Sala N° 1 de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos concedió el recurso extraordinario federal para que el caso por el femicidio de la santaelenense llegue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Este miércoles, en diálogo con Entre Ríos Ahora, Gabriel López, hermano de la joven, informó que se le notificó un avance: el máximo tribunal nacional solicitó a la Procuración General de la Nación que realice su descargo. Es decir, escuchará los fundamentos para pasar a analizar si revoca las absoluciones de los acusados o no.
Cabe recordar que el recurso extraordinario federal había sido interpuesto a principios de mayo de 2019 la Procuradora adjunta Cecilia Goyeneche (hoy suspendida), y tuvo el acompañamiento del Instituto Nacional de las Mujeres (INAM).
La Procuración entrerriana busca que el máximo tribunal del país deje sin efecto la resolución de la Sala Penal que el 20 de marzo de este año confirmó las absoluciones para los únicos acusados del femicidio de la joven. Además, pretenden que se confirme la resolución de la Cámara de Casación Penal de Paraná que el 26 de abril había revocado las absoluciones y ordenado realizar un nuevo juicio.
El caso
Gisela López desapareció la noche del viernes 22 de abril de 2016 a la salida de la Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos Padre Fidel Olivera, de Santa Elena, ciudad del departamento La Paz, a 150 kilómetros de la capital provincial. Dieciocho días más tarde, el 10 de mayo, fue encontrada asesinada en un descampado conocido como El Bajo, sobre la avenida Presidente Perón, cerca de su casa, en el barrio 120 Viviendas.
Un año después se realizó el debate oral y público, al que llegaron como únicos acusados Mario y Elvio Saucedo (padre e hijo) y Matías Vega. El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, integrado por los jueces Ricardo Bonazzola, José María Chemez y Cristina Van Dembroucke, los absolvió al entender que no había pruebas contra los imputados.
El Ministerio Público Fiscal apeló el fallo ante la Cámara de Casación Penal que el 25 de abril de 2018 anuló la sentencia absolutoria y ordenó hacer un nuevo juicio. Sin embargo, el defensor de los acusados, el abogado Roberto Alsina, presentó un recurso de queja ante la Sala Penal del STJ, que el 20 de marzo de este año confirmó el fallo absolutorio de primera instancia. Daniel Carubia y Miguél Ángel Giorgio, fueron quienes votaron por la confirmación del fallo absolutorio de primera instancia, mientras que Claudia Mizawak se había expresado en disidencia, es decir, a favor de que se realice un nuevo juicio.
En mayo se reunieron en Paraná seis gobernadores: Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Maximiliano Pullaro (Santa Fe); Raúl Jalil (Catamarca); Axel Kicillof (Buenos Aires); Ignacio Torres (Chubut) y Sergio Raúl Ziliotto (La Pampa). Ahora volverán a hacerlo durante esta semana en el Consejo Federal de Inversiones (CFI).
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