Decisivo: se conoce el veredicto en el megajuicio por corrupción

De ANÁLISIS

Este jueves, a las 8.30, los jueces José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón, darán a conocer el adelanto de sentencia en el megajuicio por corrupción. Día de definiciones para el exgobernador Sergio Urrubarri y una parte de su equipo de gobierno, junto a empresarios, particulares y familiares.

La expectativa está puesta en el Tribunal de Juicios y Apelaciones que condujo el debate más importante del último tiempo. El veredicto o adelanto de sentencia es la parte resolutiva de una sentencia. Podrían escucharse, entonces, definiciones absolutorias y/o condenatorias.

El megajuicio por corrupción comenzó el 27 de septiembre pasado y ventiló cinco legajos por presuntos delitos de Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, Peculado y Fraude contra la administración pública. El debate tuvo varias postergaciones previas por distintos motivos. Finalmente, durante unos 5 meses se pudo escuchar a decenas de testigos, una discusión férrea entre las partes, descargos defensivos y pedidos de condenas y absoluciones. La audiencia se transmitió vía You Tube desde el Poder Judicial provincial y mantuvo la atención de la prensa, debido a la jerarquía de las personas juzgadas.

Las definiciones serán principalmente para el exgobernador y actual embajador en Chipre e Israel, Sergio Urribarri; para los exministros Pedro Báez y Hugo Marsó; el cuñado del exgobernador y empleado del Senado provincial, Juan Pablo Aguilera; los empresarios Gerardo Caruso y Germán Buffa; la contadora Corina Cargnel y los diseñadores gráficos Emiliano Giacopuzzi y Maximiliano Sena; los hermanos Luciana y Alejandro Almada; los empleados del Gobierno provincial Gustavo Tórtul y Gustavo Tamay. Para los 13 imputados, el Ministerio Público Fiscal pidió penas que van de los 12 a los 3 años de prisión, más inhabilitación para ejercer cargos públicos, multas y decomisos.

Es la primera vez que en Entre Ríos se lleva a cabo un juicio de estas dimensiones, por la cantidad de legajos acumulados y por la importancia en la función pública de las personas juzgadas. Bajo la lupa judicial quedaron contrataciones millonarias del Gobierno provincial, presuntos desvíos de dinero público para financiar intereses particulares, supuestos pactos o acuerdos espurios entre funcionarios políticos y particulares. Los fiscales calcularon un desvío de las arcas públicas que supera los 9 millones de dólares y que se ubicó en un período de tiempo de varios años, entre 2010 y finales de 2015.

Se investigó puntualmente las contrataciones sistemáticas del Gobierno provincial a empresas que adjudican a Juan Pablo Aguilera; la instalación de un parador playero en Mar del Plata bajo las reglas administrativas de la urgencia; la contratación a una empresa que no reunía las condiciones para formar parte del Registro de Medios en la provincia; la difusión millonarias de spots publicitarios; y la publicación de un texto en 18 medios gráficos del país, firmado por el exgobernador, en el marco de una puja judicial entre el Estado nacional contra fondos de inversión extranjeros.

Los defensores e imputados aseguraron, a lo largo de todas las investigaciones y principalmente durante el juicio oral, que todo se trata de una persecución político judicial, identificaron adversarios políticos detrás de las causas y sostuvieron que esta carrera se inscribe una oleada regional de persecución a dirigentes que pretenden la promoción de los derechos básicos del pueblo. Suele llamarse “lawfare”, y acusan la utilización de herramientas judiciales para el acoso y asedio de un grupo político.

Lista de imputaciones y pedidos de condena

  1. Sergio Urribarri, exgobernador: 12 años de prisión más inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y multa de 180 mil pesos más accesorias legales y costas. Delitos acusados en calidad de autor: peculado en concurso ideal con negociaciones incompatibles -tres hechos: imprenta, parador y Mercosur-. Delito de negociaciones incompatibles -un hecho causa Buffa-. Delito de peculado -un hecho: causa solicitada-. En total cinco hechos que concurren de manera real.
  2. Pedro Ángel Báez, exministro de Cultura y Comunicación: 10 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua más una multa de 90 mil pesos más accesorias legales y costas. Delitos acusados en calidad de autor: peculado en concurso ideal con negociaciones incompatibles –dos hechos: imprenta y Mercosur-. Delito de negociaciones incompatibles -un hecho causa Buffa-. Peculado -un hecho, causa solicitada-. En total cuatro hechos que concurren en forma real.
  3. Juan Pablo Aguilera, funcionario del Senado provincial: 10 años de prisión más inhabilitación absoluta perpetua y multa de 180 mil pesos. Acusado en calidad de partícipe necesario de peculado y negociaciones incompatibles -dos hechos-, imprenta y parador, que concurren realmente. 
  4. Corina Cargnel, contadora de Formato Urbano: 8 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua más multa de 180 mil pesos, accesorias legales y costas. Delitos acusados: partícipe necesaria de peculado y negociaciones incompatibles en concurso ideal -dos hechos-, causa imprentas y parador que concurren realmente.
  5. Emiliano Giacopuzzi, acusado como testaferro de Aguilera: 4 años de prisión e inhabilitación perpetua absoluta más multa de 90 mil pesos, accesorias legales y costas. Acusado como partícipe secundario de los delitos de peculado y negociaciones incompatibles en concurso ideal -un hecho-, causa imprentas.
  6. Luciana Almada, acusada como socia testaferro: 3 años de prisión condicional e inhabilitación absoluta perpetua más multa de 90 mil pesos, accesorias legales y costas. Acusada como partícipe secundaria de peculado y negociaciones incompatibles –un hecho-, causa imprentas.
  7. Alejandro Almada, acusado como testaferro: 3 años de prisión condicional e inhabilitación perpetua más multa de 90 mil pesos más accesorias legales y costas. Acusado como partícipe secundario de peculado y negociaciones incompatibles –un hecho, causa imprentas-.
  8. Maximiliano Sena, acusado como testaferro: 2 años y medio de prisión condicional e inhabilitación perpetua más multa de 90 mil pesos, accesorias legales y costas. Acusado de partícipe secundario de peculado y negociaciones incompatibles en concurso ideal –un hecho, causa imprentas-.
  9. Germán Buffa, empresario: 3 años de prisión condicional e inhabilitación especial perpetua. Acusado de partícipe necesario por peculado y negociaciones incompatibles –un hecho, causa Global Means-.
  10. Gustavo Tórtul, coordinador de la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur: 3 años de prisión condicional más accesorias legales y costas. Acusado de partícipe necesario de peculado y negociaciones incompatibles en concurso ideal –un hecho, causa spots de Mercosur-.
  11. Hugo Marsó, exministro de Turismo: 5 años de prisión más inhabilitación absoluta perpetua y multa de 90 mil más accesorias legales y costas. Acusado de autor de negociaciones incompatibles y peculado -un hecho, causa parador-.
  12. Gerardo Caruso, empresario: 5 años de prisión más multa de 90 mil pesos, accesorias legales y costas. Delitos acusados: partícipe necesario de peculado y negociaciones incompatibles en concurso ideal -un hecho, causa parador-.
  13. Gustavo Tamay, empleado del Gobierno provincial: 4 años de prisión más inhabilitación absoluta perpetua y multa de 90 mil pesos más accesorias legales y costas. Acusado como partícipe necesario de peculado y negociaciones incompatibles -un hecho, causa imprentas-.   

Legajos ventilados y otros datos

Se ventilaron cinco legajos por presunta corrupción en el gobierno de Entre Ríos, bajo los mandatos del exgobernador Sergio Urribarri.

El primero de los legajos investigados en el Ministerio Público Fiscal –representado por los fiscales Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull- se conoce como “causa de la vaca” o “causa de las imprentas”. Tiene como imputados al exgobernador Urribarri; el ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez; a Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador y empleado del Senado; a Alejandro y Luciana Almada; a Maximiliano Sena; a Emiliano Giacopuzzi -los cuatro como directivos de las empresas Tep y Next-; a Gustavo Tamay como responsable de certificación de publicidad en la vía pública del exMinisterio de Cultura y Comunicación; y a Corina Cargnel, contadora de las empresas.

La hipótesis principal apunta al direccionamiento de publicidad estática en las calles y rutas, en favor de las empresas que adjudican a Juan Pablo Aguilera. En esta causa también está imputado el publicista de Concepción del Uruguay, Fernando Montañana, pero fue apartado del debate oral y se lo juzgará oportunamente porque atraviesa una situación de salud comprometida. También estuvo imputado en este proceso el publicista paranaense Jesús Bustamante quien, en febrero de 2018 arribó a un acuerdo de juicio abreviado con Fiscalía por el cual aceptó una pena condicional de 2 años y 8 meses. Estos dos publicistas, sostienen los fiscales, aceptaron aparecer como beneficiarios de diversas contrataciones con el Estado entrerriano siempre y cuando retornaran parte del dinero percibido a las empresas Tep y Next que, de ese modo, concentraron toda la publicidad en la calle. La investigación abarca un período que va de 2010 a 2015.

Se ventila también el legajo conocido como “sueño entrerriano” que acumula tres expedientes: la causa Cumbre del Mercosur; Parador Playero en Mar del Plata; y Solicitada. Los imputados son Urribarri; Báez; Gustavo Javier Tórtul; Aguilera; Cargnel; el exministro de Turismo; Hugo Marsó; y Gerardo Caruso. La hipótesis acusatoria sostiene que a través de gastos del Gobierno de Entre Ríos se financió la campaña presidencial del exgobernador Urribarri.

El último legajo del megajuicio es el conocido como “Global Means”, a partir del cual se investigó la adjudicación de publicidad en 18 medios gráficos del país a una empresa que, cuando recibió el beneficio, no estaba constituida como tal y tampoco aparecía en el registro de proveedores del Estado.

En el debate intervinieron, además de los fiscales, los defensores Raúl Barrandeguy; Candelario Pérez; Marcos Rodríguez Allende; Emilio Fouces; José Velázquez; Ignacio Díaz; Juan Méndez y Miguel Cullen.

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