Diana Wassner y Adriana Reisfeld llevan 28 años buscando saber quién, por qué y cómo voló la AMIA. Este viernes subieron el último escalón que les quedaba en esa larga búsqueda después de no obtener verdad y justicia en el país. A través de sus abogados, representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), pidieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que condene al Estado argentino, que admitió como válidas todas las injusticias que la agrupación Memoria Activa denunció. “El Estado es responsable por todas las manifestaciones de impunidad en el caso AMIA”, reconoció Natalia D’Alessandro, titular de la Unidad Especial de Investigación (UEI) AMIA, que depende del Ministerio de Justicia. La condena podría conocerse en los próximos tres meses, pero los integrantes del tribunal regional le encomendaron al Estado argentino que efectivice mientras tanto medidas concretas que puedan servir como modo de reparación a las víctimas.

No hay lugar en donde Diana y Adriana no se hayan metido para buscar saber qué pasó el 18 de julio de 1994, cuando una de ellas perdió a su marido y otra, a su hermana. Estuvieron en una oficina de Migraciones buscando fichas de ingresos al país mientras palomas las sobrevolaban dentro del edificio. En 2015 fueron a conocer el lugar donde estaban arrumbados los archivos de inteligencia sobre el peor atentado terrorista del país. Los encontraron con 40 centímetros de agua, entre cucarachas y ratas. Esos fueron algunos de los relatos que en estos últimos dos días oyeron de boca de referentes de Memoria Activa los integrantes de la CIDH que se reunieron en Uruguay, publicó el diario Página/12.

Los miembros del tribunal regional también escucharon que el juez que debía investigar el ataque –Juan José Galeano– terminó inculpando a inocentes y después terminó siendo enjuiciado por desviar la investigación. Lo mismo sucedió con los fiscales que lo acompañaban en la pesquisa. Condenados en 2019, esa sentencia aún no fue revisada por la Cámara Federal de Casación Penal –que recién fijó audiencia para el 17 de noviembre próximo–. Ahora, ya ni siquiera tienen contacto con los fiscales que llevan adelante la investigación y que quedaron a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) AMIA.

La representación del Estado argentino –encabezada por Javier Salgado, de la Cancillería, y por D’Alessandro, de la UEI-AMIA– no pudo más que decirles que les asistía la razón en cada uno de sus planteos. El reconocimiento fue fuerte. “El Estado es responsable por todas las manifestaciones de impunidad en el caso: por el armado de una acusación falsa, por la cooptación de la Justicia, por los servicios de inteligencia, por la corrupción, por la falta de seguimiento de líneas lógicas de investigación, por los plazos irrazonables de tramitación de actuaciones judiciales, por el secreto, por el encubrimiento de la verdad, por la falta de construcción de la memoria colectiva y, sobre todo, por la manipulación política de la causa al servicio de intereses –nacionales y extranjeros– inescrupulosos”, dijo la titular de la UEI-AMIA.

“Nos parece importante este reconocimiento”, respondió Diana Wassner. “Nos parecerá bien en el momento que se traduzca en acciones concretas”, agregó la integrante de Memoria Activa.

Hasta el 15 de noviembre próximo, el Estado argentino tendrá oportunidad de contestar los alegatos por escrito. Lo mismo harán Memoria Activa y el CELS. Se espera que para principios del año próximo haya una sentencia. Sin embargo, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ricardo Pérez Manrique, le pidió al Estado argentino que implemente algunas medidas que signifiquen un avance en el camino de verdad y justicia que reclaman los peticionarios. Entre otras cuestiones, el juez le encomendó al Ejecutivo que torne operativo el decreto del Presidente Alberto Fernández de 2020 que desclasifica información considerada secreta vinculada al atentado. Para eso, deberá convocarse a una mesa de trabajo por parte de las autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y de la Jefatura de Gabinete. Además, Pérez Manrique pidió que el Estado centralice toda la documentación disponible sobre el atentado, que –créase o no– aún no se ha hecho 28 años después del ataque a la mutual de la calle Pasteur.

Fiscalía fantasma

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) funciona como una fiscalía cuando un caso se lleva ante la Corte, es decir, toma un rol acusador. En su exposición, la presidenta de la CIDH, Julissa Mantilla Falcón, reclamó: “Resulta urgente que el Estado argentino revise la integración de la UFI-AMIA”. Para la comisionada, la urgencia pasa por dos cuestiones básicas: la nueva conducción de la Unidad –encabezada por los fiscales Sebastián Basso y Gonzalo Miranda– no recibe a las víctimas reunidas en Memoria Activa ni les informa cuáles son sus líneas de investigación o cuáles son sus avances.

Durante la jornada del jueves, Adriana Reisfeld había catalogado a la unidad que supo estar más de diez años a cargo de Alberto Nisman como una “fiscalía fantasma”. En la Procuración –a cargo del interino Eduardo Casal– por el momento no acusan recibo. El Ministerio Público Fiscal es una de las deudas del gobierno, que no logró nombrar a un titular en el cargo que quedó vacante después de que Alejandra Gils Carbó fuera forzada a renunciar.

“Nos privó de la verdad”

Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS, alegó en representación de Memoria Activa. “El Estado argentino, tanto con acciones como con desidias, nos privó a todos de la verdad histórica”, dijo la abogada.

El reclamo de Memoria Activa estuvo centrado en que se sabe poco y nada del atentado y que, para eso, es necesario acceder a los archivos. Desde la agrupación también reclamaron que se reforme la Ley de Inteligencia –una iniciativa que el Presidente anunció en marzo pasado–, que se cree una agencia de investigaciones federales y que se conforme un archivo histórico. Parte de lo que se demanda también tiene que ver con lo que la causa AMIA fue la demostración cabal –las relaciones espurias entre espías y jueces–. Memoria Activa y el CELS reclaman que se regule cómo se incorpora información de inteligencia a un expediente judicial.

“El reconocimiento fue muy importante porque el Estado argentino nos dio la razón en todas las violaciones que planteamos”, evaluó Litvachky después de la audiencia. “El caso AMIA debe pasar a ser un tema importante para el Estado en general -amplió-. Las medidas que le reclamó la CIDH son fundamentales porque van al corazón de la discusión sobre el funcionamiento de la Justicia argentina, su relación con los servicios de inteligencia y el acceso a la información”.