Rosario del Tala: pedirán mantener en prisión al concejal acusado de abusar de menores

El concejal de Rosario del Tala Diego Iván Zapata -Juntos por el Cambio-, podría pasar otros tres meses en prisión preventiva, en el marco de una causa que lo tiene como acusado de promoción a la corrupción de menores. Este jueves vence el plazo de 90 días de prisión que le aplicó la Justicia: 30 días los cumplió en la Jefatura de Policía de Tala; el resto, en la Unidad Penal de Concepción del Uruguay.

La fiscal Emilce Reynoso, de la Unidad Fiscal de Rosario del Tala, pedirá este jueves que se amplíe en otros 90 días la preventiva del concejal Zapata. Será durante una audiencia que se desarrollará a las 12 ante la jueza de Transición y Garantía de Rosario del Tala, Silvina Graciela Cabrera. La magistrada ya aplicó en julio último los primeros 90 días, medida que fue refrendada el 2 de agosto por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay. También la Cámara de Casación Penal de Concordia avaló la medida, informó Entre Ríos Ahora.

El defensor del concejal Zapata, José Ostolaza, no recurrió luego ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia.

Encarcelado con prisión preventiva, el concejal Zapata -secretario de organización de la seccional Tala de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), pero también coordinador de la carrera de Enfermería en la Escuela Superior José Ossola, y enfermero en el Hospital San Roque, de Rosario del Tala-  está bajo una investigación penal en el marco de una causa por corrupción de menores: captaba a sus víctimas, de 15 y 17 años, en boliches de la ciudad y las llevaba a su casa. Allí, les ofrecía bebidas alcohólicas que, ahora se sabe, mezclaba con medicación, se presume psicotrópicos, y luego mantenía con ellos relaciones sexuales. En la causa, los menores -dos, de momento- refieren que despertaban en la casa del edil, desnudos, y en un estado de confusión.

La vivienda del concejal fue allanada por decisión judicial, y en ese procedimiento se secuestró gran cantidad de medicamentos. Hasta ahora, la imputación fiscal había señalado con insistencia que el concejal Zapata lograba que sus víctimas accedieran a mantener relaciones con él en base al suministro de alcohol y dinero. En una audiencia judicial de discusión de la prisión preventiva del edil, el Ministerio Público Fiscal señaló que «por el alcohol y el dinero se está promocionando la corrupción de las víctimas». Ahora, se agrega otro dato escabroso: el suministro medicación mezclada con alcohol. Entre los medicamentos secuestrados en la casa del concejal -alquila un departamento en calle 25 de Mayo, antes de bulevard Belgrano- se hallaron dosis de Valium. El informe forense señaló que la mezcla de ese psicotrópico con alcohol produce somnolencia.

Zapata fue denunciado por el papá de uno de los menores -uno tiene 15, el otro 17 años- y a pedido de la fiscal Emilce Reynoso, de la Unidad Fiscal de Rosario del Tala, el 23 de julio la jueza de Garantías Silvina Cabrera dictó la preventiva por 90 días como forma de frustrar el entorpecimiento de la investigación que recién estaba en sus comienzos. José Ostolaza, defensor del concejal, apeló la medida, que fue confirmada el 2 de agosto último por el camarista Fernando Martínez Uncal, vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay.

Disconforme con esa resolución, la defensa apeló ante la Cámara de Casación Penal de Concordia, que rechazó el planteo y confirmó lo resuelto por los dos tribunales inferiores. En su voto, la vocal María del Luján Giorgio desaconsejó otorgarle el beneficio del arresto domiciliario, por cuanto, aseguró, «ya fueron evaluados el alto grado de probabilidad de intervención del enjuiciado en la causa en cada uno de los varios hechos que actualmente lo indican como sujeto activo de la figura legal en ciernes, evaluando el elevado monto de la pena en expectativa que impediría la condenación condicional -como un elemento más y no exclusivo fundamento- y la existencia de los riesgos procesales de entorpecimiento del proceso, con andamiaje en las referencias fácticas aludidas -amenazas, persuasión, divulgación de la intimidad, posición social, acotadas dimensiones de la localidad, desproporción respecto a las edades de los adolescentesdesaconsejan su instrumentación. De tal manera, conceder en estas instancias el beneficio propiciado, sería desatender la cobertura también constitucional a las víctimas cuyas situaciones coyunturales están siendo aún investigadas».

El voto de Giorgio fue acompañado por los vocales María Evangelia Bruzzo y Darío Gustavo Perroud.

Zapata, además, de concejal de Juntos por el Cambio en el Concejo Deliberante de Rosario del Tala, es enfermero en el Hospital San Roque, de esa ciudad, y también coordinador de la carrera de Enfermería en la Escuela Superior José Ossola. Fue licenciado sin dieta del Concejo, y suspendido por Salud y Educación, respectivamente, en los cargos que ocupaba.  Integra, además, el consejo directivo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Tala.

En la audiencia de Casación en Concordia, el defensor Ostolaza planteó sus reparos respecto a que, en vez de tramitar una investigación penal por un supuesto delito, desde la Fiscalía habrían iniciado una «caza de brujas» a personas por su orientación sexual.

Luciana Cometti, integrante del Ministerio Público Pupilar, relató pormenores de la causa y refirió de qué modo Zapata hostigaba a los menores para que mantuvieran relaciones sexuales no  consentidas con él. Una de las víctimas contó en Cámara Gesell que el concejal de Juntos «lo amenazaba que si no estaban con él, lo iba a delatar por la red social Instagram».  Y contó también que «todos los damnificados recibieron el  hostigamiento de Zapata para los encuentros sexuales».

En representación del Ministerio Público Fiscal, el fiscal Federico Uriburu aseguró que «el común denominador que existió con respecto a todas las víctimas fue la facilitación de bebidas alcohólicas y en uno de los casos las amenazas posteriores de difusión de imágenes íntimas». Refirió de la existencia de un boliche bailable en Rosario del Tala al que se permitiría el acceso a menores. Allí, el concejal captaba a sus víctimas.

El boliche se llama «Moho».

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