Desalojo de Fiscalías: “Se pone en jaque la administración de Justicia”, afirmó Arias

El fiscal de Concordia, José Arias, criticó la determinación del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de desalojar las Fiscalías de Colón, Concordia y otras 11 ciudades de la provincia. “Esta poda de recursos al Ministerio Público Fiscal va a ir en detrimento del servicio de justicia”, aseguró.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Arias dijo que se vive la situación “con mucha zozobra porque entendemos que se está poniendo en jaque la administración de justicia. Los recursos con que cuenta la Fiscalía no los tiene porque sí ni para disfrute personal sino porque cumple determinadas funciones y deberes concretos, y toda esta poda de recursos al Ministerio Público Fiscal va a ir en detrimento del servicio de justicia. Por eso la preocupación es enorme”.

Como ejemplo, mencionó que “una de las podas significa dejar a la Fiscalía sin la posibilidad de consultar a los equipos técnicos interdisciplinarios que cumplen una función fundamental en los casos más graves como son los de violencia sexual o violencia de género, en los cuales necesitamos contar con esos dictámenes y ahora parece que también van a recortarlos”. 

Agregó que “para nosotros los equipos técnicos interdisciplinarios nos sirven para hacer las pericias psiquiátricas o psicológicas y es un elemento fundamental en diversos casos, principalmente en violencia sexual o violencia de género, que están en la órbita del Poder Judicial pero tenemos un trato cotidiano por el cual les pedimos los informes y ellos hacen las pericias que se les encomiendan, pero ahora también parece que harán recortes en ese sentido con lo cual todas esas víctimas van a quedar sin posibilidad de ser analizadas y poder avanzar en sus casos”.

Consultado por la concreción de la medida, consideró: “Apuntan a generar incertidumbre, plantean que primero nos sacan y después vemos dónde. Mientras tanto no tenemos ninguna información de qué instalaciones vamos a tener ni de los recursos concretos para cumplir nuestra función. La única decisión que hay es recortar las instalaciones y recursos”.

“No sabemos nada, ni dónde vamos a ir ni cómo se va a llevar a cabo el desalojo. Estamos en un nivel de incertidumbre total. Sí estamos viviendo los efectos de una pelea que emprendió y acomete el Superior Tribunal contra quien ha cumplido sus funciones, creo que todo tiene que ver con las funciones específicas que ha cumplido al Fiscalía que han sido positivas y eso ha generado este descalabro”, consideró.

“Entiendo que en el caso de la Fiscalía de Colón hay una notificación formal de desalojar, y calculo que si la decisión implica a varias jurisdicciones se irá dando de a poco pero ya comenzó a concretarse”, comentó.

Consultado concretamente por los motivos de esta situación, Arias analizó que “esto tiene que ver con el cambio de sistema y el rol que ocupó el Ministerio Público Fiscal con el sistema acusatorio que es un rol de preponderancia en la investigación, con una estructura mayor. Y ante eso sienten que el Poder Judicial quedó disminuido, pero de ninguna manera eso es así porque el poder sigue estando en los jueces, son los jueces los que deciden, los que controlan a la Fiscalía, son los que dicen hasta acá llegaste. En esa falta de entendimiento de lo que es el ejercicio del poder, el ejercicio de la responsabilidad, han perdido el norte. Les duele mucho que sea la Fiscalía la que decida qué se investiga y qué se deja de lado, y por política criminal la Fiscalía ha incrementado enormemente la investigación y el juzgamiento de casos de abuso sexual, de violencia de género y de corrupción. Esos tres pilares que ha elegido la Fiscalía como eje de su política criminal es lo que, en definitiva, molesta”.

En relación con la disputa entre el procurador General, Jorge García, y el STJ, Arias apuntó: “Esto no es una pelea de García con el Superior Tribunal porque acá el que acomete al Ministerio Público Fiscal es el Superior Tribunal con toda esta serie de recortes, con la reforma del Código que no tiene otro objetivo más que aplicar limitaciones a la investigación de los delitos, es decir a las facultades del  Ministerio Público Fiscal; ahora atacan con el tema de los recursos. Me parece que viene del otro lado el ataque y no es una cuestión personal sino es una cuestión de falta de entendimiento de lo que es el sistema acusatorio y que no pueden contemplar que determinadas funciones y decisiones quedaron en cabeza de la Fiscalía y otras de mayor relieve e importancia quedaron en cabeza de los jueces. Antes el Superior Tribunal manejaba la totalidad de las decisiones, y ahora quedo acotado pero sigue teniendo las principales decisiones”.

En cuanto a la posibilidad de dialogar con la presidenta del STJ, Susana Medina, dijo que “como agente fiscal de Concordia, que es una jurisdicción mínima, no puedo entablar una conversación formal por la totalidad de lo que pasa, porque eso corresponde a las otras órbitas, pero lo que sucede es que tampoco vemos que haya una vocación de diálogo, ni de cómo salir de esta situación o de cómo llevar a cabo los cambios que se quieren hacer”.

En tal sentido, planteó que “acá se han olvidado absolutamente de que primero está la gente y están pensando en una interna. Una interna que ya vimos en el caso Goyeneche donde hasta incluso emitieron una resolución inválida y arbitraria denegándole un amparo”. “El Superior Tribunal está en contra de la Fiscalía, hay que poner las cosas en su lugar para analizar la cuestión y acá la gente va a terminar sufriendo la falta del servicio de administración de justicia porque se están llevando a cabo acciones que van en contra de la gente”, resumió.

Finalmente, en relación con el tiempo que llevan las investigaciones sostuvo que “en un sistema republicano los funcionarios tienen que dar respuestas es decir que si hay alguna causa particular que se demoró, hay que sentar al funcionario para que dé explicación de esa demora, para que rinda cuenta de porqué durmió tal o cual investigación. Pero eso no es fundamento para cambiar un sistema, es una mera excusa”.

“El sistema en términos generales es saludable y se ven los resultados con condenas concretas en casos muy complejos, con pluralidad de personas intervinientes y de organismos intervinientes – me refiero concretamente a la causa Urribarri-, con un montón de hechos y situaciones que requieren de determinado tiempo de análisis, mientras que los recursos con los que contamos son mínimos. Los fiscales ponen el cuerpo y estamos analizando personalmente todos los teléfonos, las pruebas, no podemos delegar porque no hay recursos para eso, y a veces sí se demora. Pero si hay algún caso específico de demora el funcionario debe dar cuenta de ello”, refirió.

  

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