“Pretendemos que los abogados y abogadas seamos escuchados”. La frase le sirvió a Graciela Chiappas, flamante presidenta del Colegio de la Abogacía de Concordia, para resumir la máxima prioridad de su gestión gremial.

Con franqueza, la profesional del derecho transparentó el malestar que ha invadido a sus representados ante controvertidas decisiones adoptadas desde la cúpula del Poder Judicial y desde el Ejecutivo provincial, que no solo impactan en la “abogacía” sino muy especialmente en la ciudadanía de a pie, o, como estilan decir en el mundo tribunalicio, en los “justiciables”.

Chiappas no dudó en considerar “grosero” que desde el Poder Ejecutivo provincial se haya ignorado al primero de una terna salida de los concursos del Consejo de la Magistratura y demandó alguna clase de explicación. “Lo que ha pasado ahora es muy grosero. Nadie de los que tienen el poder de decisión sale a dar una explicación. Sería saludable para la sociedad que expliquen por qué eligen al 10, al 12, al 4 o al 5 y no al primero. Sería muy saludable que lo hagan”, enfatizó.

En diálogo con Oíd Mortales Radio, Chiappas aludió a algunos problemas que aquejan a los matriculados, como la falta de actualización por inflación de los honorarios y la exigencia de que las mediaciones sean presenciales, cuando durante la pandemia se hicieron exitosamente aprovechando la tecnología y la virtualidad.

A renglón seguido, no esquivó un tema espinoso: la designación de una abogada y exconcejal de Federación como jueza suplente en el Juzgado de Familia 3 de Concordia. Tras dejar en claro que no hay “reproche alguno para las personas en sí mismas”, Chiappas se tomó el trabajo de explicar por qué la entidad salió a objetar “el método de designación, la manera en que la colocan en ese lugar”. “La forma nos choca muchísimo”, reconoció.

Agregó que “la vacante puntual en el Juzgado de Familia calculo que es de dos años por lo menos. Además, ese cargo estaba titularizado por la doctora que luego fue designada como suplente en la Cámara y ella retiene el cargo en primera instancia, que recién se va a liberar cuando esa doctora que está en la Cámara titularice allí o en otro lugar. Mientras tanto sigue siendo ella la titular. Por ende, hay dos concursos pendientes, uno para el cargo en Cámara donde está suplente y otro para el de primera instancia. En los tiempos del Consejo de la Magistratura son fácil tres años. Y en esos tres años, la persona que está cubriendo la vacante va adquiriendo conocimientos que el abogado de a pie que quiere concursar no puede adquirir. Uno para el concurso se prepara, agarra los libros y estudia, pero cuando se presenta a la entrevista te dicen 'respecto de tal tema, conoce cuál es el criterio que tiene hoy el STJ'... Por ahí podemos llegar a saberlo si tuvimos un caso parecido, pero si no, no lo conocemos, no tenemos manera de conocerlo”.

En referencia a los suplentes, dijo: “Eso es ya una ventaja que tiene sobre el abogado de a pie que quiere entrar al Poder Judicial. Nosotros decimos que nos corrieron el arco, porque trajeron, nombraron una profesional que era Jueza de Paz en Federación. Más allá de que en el régimen de violencia todos los juzgados son competentes, sobre todo en lugares que no tienen los juzgados específicos como es el caso de Federación, entonces tengo entendido que algún tema de familia y violencia ella lo pudo haber visto. Pero por supuesto que eso nunca se compara con los que rindieron el concurso para el fuero de familia”.

Según publicó El Entre Ríos, la abogada continuó en esa línea. “De la terna que era para cubrir ese cargo en Concordia, entraron el primero y el segundo. La tercera, la que estaba tercera en la terna, no entró. Entiendo yo que es la persona a quien naturalmente debieron haberle ofrecido. Ahora bien, la respuesta a su pregunta no la tengo yo, no la puedo contestar. Debe contestar el Superior Tribunal de Justicia”, aseguró.

“Ahora se entiende cuando nosotros, muy enojados, porque estamos enojados en el Colegio de la Abogacía -no es que estamos ofendidos, estamos enojados, que no es lo mismo-, decimos que queremos que se nos respete y se valore nuestra opinión. Debe ser tomada como una opinión de consulta. Quienes deben tomar estas decisiones, por ética deben consultarlo al Colegio de la Abogacía, porque la decisión que ellos adoptan no afecta a la abogacía solamente sino a todos los ciudadanos de a pie que necesiten el servicio de justicia o les dicten una sentencia”, subrayó.

Descartó que la modalidad de nombramiento sea habitual. “Eso lo estamos viendo ahora. Yo no sé lo que está pasando. Nos miramos y nos preguntamos qué está pasando. Siempre se respetaron las ternas, siempre se respetó al primero; el gobernador de turno elegía al que estaba primero, después al segundo, al tercero y al cuarto. Nosotros estamos viendo ahora clarísimo que no se está respetando. ¿Qué está pasando? La verdad es que no lo sé”.

“Lo que ha pasado ahora es muy grosero. Nadie de los que tienen el poder de decisión sale a dar una explicación, lo que sería saludable para la sociedad, que expliquen por qué eligen al 10, al 12, al 4 o al 5 y no al primero. Sería muy saludable que lo hagan”, cerró.