El Tribunal Oral Federal N°2 (TOF2) condenó al exsecretario de Comercio Guillermo Moreno a tres años de prisión condicional y seis años de inhabilitación para cargos públicos al considerarlo responsable de la manipulación de los datos del Indec en 2006 y 2007, durante la presidencia de Cristina Kirchner.

De este modo, el exfuncionario, que fue encontrado culpable por el delito de abuso de autoridad y el de destrucción e inutilización de artículo públicos, podrá cumplir por ahora su pena fuera de prisión porque la sentencia es de ejecución condicional.

Si bien carga con otras dos condenas previas, una por el uso de fondos públicos para solventar el cotillón con la denominación “Clarín miente”, y otra por amenazas en una asamblea de Papel Prensa, ninguna de ellas está firme, ya que no pasaron por la Corte Suprema.

El tribunal, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Guillermo Costabel, dispuso que la pena de prisión sea de ejecución condicional y no efectiva por el monto del castigo, que no supera los tres años. Esta condena, no obstante, deja a Moreno más cerca de la cárcel porque, de quedar firme, podría acumularse con otras -tampoco firmes aún- y si esa acumulación diera más de tres años, la prisión ya no sería en suspenso. Sin embargo, esa acumulación no es necesariamente el resultado de la suma matemática entre las penas.

En esta causa, el fiscal Diego Luciani había pedido cuatro años de prisión para el exfuncionario y 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. La defensa, en cambio, su absolución.

Además de Moreno, hubo tres acusados. La exdirectora del Índices de Precio de Consumo (IPC), Beatriz Paglieri, fue penada con tres años de prisión condicional y seis de inhabilitación para ejercer cargos y al igual que Moreno podrá cumplir su condena en libertad. Los dos exfuncionarios condenados deberán fijar residencia y someterse a la supervisión de un patronato.

En tanto, Marcela Filia y María Celeste Cámpora Avellaneda, ambas exempleadas del organismo, fueron absueltas por el tribunal, que dará a conocer los fundamentos del fallo el cuatro de septiembre.

En su alegato final, el exfuncionario kirchnerista, acusado por los delitos de abuso de autoridad, destrucción de documentos públicos y falsedad ideológica de un instrumento público, sostuvo que fue un juicio “académico” en el que no hubo pruebas, ratificó la metodología aplicada durante sus años como funcionario al frente de organismo y apuntó contra el fiscal Luciani, a quien felicitó irónicamente.

“Mi formación es de economista, pero he tenido algunas materia en derecho. Hay un viejo dicho que que dice algo así como hechos, pruebas, y derecho”, comenzó. “[En la investigación] no surgió ninguna prueba. Nadie puede decir si algo es falso o verdadero si no está la prueba”, agregó.

“Hay que reconocer que el alegato del fiscal fue inteligente. No tenía pruebas. Entonces apeló a un juicio académico. Ahora, como ustedes saben los juicios académicos lo pueden hacer los pares, no es facultad del fiscal”, sostuvo, repitiendo lo dicho unos días atrás. Lo escuchaban los tres magistrados, que dieron a conocer su fallo pasado el mediodía.

“Todos los gobiernos que sucedieron al nuestro han ratificado el buen desempeño del Indec”, añadió en el tramo final de su alocución. “Hechos, pruebas y derecho. Pruebas no hubo, descarto que habrá derecho”, cerró Moreno, cuya defensa estuvo en manos de Graciela Peñafort, que remplazó al abogado Alejandro Rúa en la audiencia.

Lo siguió Paglieri quien también apuntaló la metodología utilizada por el organismo en su periodo. ”Los pericia del juez [Rodolfo] Canicoba Corral indicó que se respetó la metodología”, afirmó la ex directora del IPC. “No modifiqué la metodología y tampoco incorporé informáticos”, se defendió.

Por su parte, Filia y Cámpora, quienes luego resultarían absueltas por el tribunal, optaron por no emitir palabras finales.

En su acusación, el fiscal Luciani sostuvo que el exprecandidato a presidente en las últimas elecciones fue el principal responsable del desprestigio a las que se vieron sometidas las estadísticas oficiales. “La intervención alteró indicadores cruciales como el IPC que afectó las mediciones de pobreza y estas manipulaciones han llevado a una desconfianza generalizada de las estadísticas oficiales. Moreno llevó las riendas de la maniobra. Ejerció presiones necesarias para lograr la consumación de los delitos”, sostuvo.

Luego de que el fiscal diera a conocer su pedido de condena a fines de junio, Moreno se defendió de las acusaciones, alegó que no existen pruebas en su contra, y apuntó contra el fiscal: “Fueron pasando los días y no aparecían las pruebas. El fiscal Luciani fue muy inteligente: transformó el juicio penal en un juicio académico. Es muy interesante lo que hace: ‘No tengo pruebas pero no tengo dudas’. Te arma un relato”, aseguró, días atrás, en el programa de streaming Gelatina.

Condenas

El 5 de julio de 2022, Moreno fue condenado a dos años de prisión en suspenso y a seis meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de amenazas coactivas. Fue a partir de un hecho en 2010: el exsecretario irrumpió a los gritos en una asamblea de Papel Prensa. “¿Casco o guante? ¿Qué quiere?”, preguntaba Moreno desafiante a los directivos de la firma, luego de haber instalado un clima de hostilidad.

El exsecretario de Comercio aceptó el fallo del tribunal: “Creo que la declaración indagatoria fue clara y pertinente y la exposición de mi abogado allanó el camino a una sabia decisión de ustedes. No tengo nada que agregar”, sostuvo en aquel tiempo.

Luego de que Casación confirmara el fallo tras su apelación, Moreno planteó un recurso extraordinario, que resultó rechazado. El exsecretario fue en queja a la Corte Suprema que tiene su caso en estudio.

Además, el exsecretario fue condenado en octubre de 2017 a dos años y medio de prisión en suspenso e inhabilitación absoluta y perpetua para desempeñar cargos públicos por haber destinado fondos del Estado en la compra de merchandising contra Clarín. Moreno también apeló el fallo, pero la cámara de Casación rechazó el recurso extraordinario. Luego, elevó un recurso de queja que la Corte Suprema tiene entre sus manos desde hace dos años.

La Nación