La polémica en torno al incremento constante del Jurista (Jus) tras la reforma de la ley 7046 que regula los honorarios profesionales de abogados, abogadas y procuradores es un tema candente en Entre Ríos. Sucede que los altos honorarios están causando un cimbronazo en las cuentas por ejemplo de la principal obra social de la provincia. A la par, ha surgido un tema preocupante: la aparición de letrados que, al observar el incremento notorio del Jus, exigen a personas que ya les pagaron por un trabajo una actualización del monto, culpando a la inflación. Si bien la situación económica del país puede afectar los costos y los honorarios profesionales, es fundamental respetar los contratos previamente establecidos. Los letrados no deberían modificar unilateralmente los términos acordados. Si esto sucede, según el Colegio de la Abogacía se debe denunciar. Para que esto no suceda dicen del CAER se debe solicitar un recibo cancelatorio o la factura.

Un informe de Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) abordó esta problemática, tras recibir siete denuncias que fueron investigadas.

La medida que genera una mejora en los ingresos de los abogados va en detrimento de los bolsillos de los clientes en algunos casos e instituciones que deben afrontar el pago de honorarios altos.

En realidad, lo que sostienen varios abogados es que con la modificación de la ley no se tocó el fondo de la cuestión, que es regular la cantidad de juristas por cada proceso, se dejó lo que ya estaba, entonces los honorarios son altísimos porque no se cambió la cantidad de juristas para cada proceso.

Por un Amparo de Salud, el Instituto de la Obra Social de Entre Ríos (Iosper) terminó pagando en 2023 un monto cercano a los 205.00 pesos, o sea 50 juristas. Ese monto se duplicó para enero de 2024, pero su gran salto luego de la sanción de la norma. En junio, la obra social pagó por 50 juristas más de 2 millones de pesos por Acción de Amparo en la que fue condenada. El incremento del Jus entre junio del año pasado y este mes fue de 1.784,50%.

Cuestión de Fondo trató de obtener la palabra de las máximas autoridades del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, tanto de María Marta Simón, presidenta como de Santiago Esquivel Vicepresidente primero, pero informaron que el tema se trató en Mesa Ejecutiva y que se decidió que “no se iban a manifestar por el momento”.

El tema causa preocupación en la abogacía particular porque claramente en un contexto de recesión económica y aumento de delitos crecería el trabajo, pero no crecería la capacidad de lo justiciable de poder hacer frente a un gasto tan importante que significa de arranque poner nada más y nada menos que 104.000 pesos para tener una consulta con un letrado. La Ley de Aranceles y Honorarios de Abogados y Procuradores de Entre Ríos -Ley Nº 7046 fija la consulta verbal en un mínimo dos juristas. Si ya hay un escrito el mínimo se eleva a 5 Jus, un poco más de 250.000 pesos.

Otro tema que aparece en este horizonte tiene que ver con los juicios de monitoreo para cobrar impuestos adeudados con la Municipalidades o la Provincia. Este procedimiento judicial es rápido, económico y permite reclamar el cumplimiento de determinadas obligaciones, cuando la persona demandada no se opone al proceso. Según el monto se determina si el caso va a un juzgado de Paz o al juzgado Civil Nº10. Hasta el semestre pasado los menores a 250.000 pesos a un lado y los mayores al juzgado.

Por este tipo de trabajo un abogado debe recibir un mínimo de 10 Jus, pero con la suba intempestiva y rápida de Unidad de Medida Arancelaria lo que comenzó a sucede es que a muchos abogados le comenzaron a regular cinco juristas para compensar la balanza, porque por una deuda aproximada a los 250.000 pesos con la Municipalidad o la Provincia una persona terminaba pagando de abogado más de 446.000 pesos. Si bien hay abogados que entienden la realidad económica, hay otros que apelan la resolución para cobrar el monto que establece la norma. 

Cumplir lo acordado

Siete personas de distintos puntos de la provincia contaron su desilusión con los abogados que habían contratado. Por ejemplo, una mujer relató que pagó un poco más de 300.000 pesos en efectivo por un trámite de divorcio acordado previamente con su ex. El pago al abogado lo realizó en enero, pero cuando salió la sentencia el letrado le pidió un dinero extra porque el valor del Jus se había modificado notoriamente. 

Otro caso tiene que ver con una mujer que pagó 600.000 pesos por un trámite de sus padres. Sucede que su madre está enferma y hay un inconveniente para el cobro de un dinero. La actualización del monto es superior a los dos millones de pesos. 

“Cuando yo te dije: mis honorarios son, por ejemplo, 300.000 pesos y mañana me trajiste esos 300.000, el cliente cumplió y honró su compromiso cancelando la deuda. Entonces, lo lamento hermano, ahí sí no hay vuelta atrás, porque estuviste asumiendo un riesgo y tu cliente también, toda vez que quizás ese precio pudo haber sido hoy una buena suma, pero mañana, quizás, no tanto y al revés. De no ser así, le hubiera dicho, vea señor o señora, arreglemos los honorarios en un precio referenciado en moneda dólar o valor jurista, de tal suerte que el precio de ese honorario va a variar en un sentido u otro con parámetros objetivos para abogados y clientes. Entonces, bueno, si vos prevés que la inflación va a ser más alta, entonces, sobre todo si el cliente te paga en varias veces o cuotas, les fijás un mayor valor a tu honorario, pero las reglas, formas y plazos de pago, se convienen previamente y ambas partes deben respetarla a rajatabla. Caso contrario, como habría sucedido en estos casos que me planteas, siempre le vas corriendo el arco al cliente”, dijo el abogado Rubén Pagliotto al ser consultado sobre el tema. Además, instó a denunciar este tipo de situaciones.

“Lo que pasa es que estamos viviendo en una sociedad líquida, muy atada al éxito económico y paradójicamente atravesados siempre por recurrentes crisis inflacionarias, en un país donde te cambian permanentemente las reglas, encima, con una cantidad de abogados y abogadas muy nuevos y con enorme necesidad de trabajo con un número cada vez mayor de matriculados, y observo con preocupación que muchos jóvenes tienen poco corazón, y encima en un mundo que mide sus valores en cifras, quieren ganar mucho dinero en poco tiempo y asegurarse la mensual con un o dos clientes, pero la historia no es ni funciona así. Pero bueno, eso va en cada uno; lo mío es más que nada una exigencia ética, es una suerte de ley interna moral mía y te garantizo, que muchos colegas actuamos así. Yo te puedo asegurar que los más conocidos actuamos así, pero bueno, cada quien elige su conducta, su camino y cómo manejarse en la vida”, relató

Preocupación en el Iosper

El gerente administrativo de IOSPER, Arnoldo Smith, reconoció el enorme golpe que significa para la obra social el aumento rápido y fuerte que esta teniendo el Jurista.

“El impacto ha sido muy, muy grande. Sabemos que hasta antes de la aprobación de esta ley era un valor fijo que era establecido por el Superior Tribunal de Justicia y ahora se ha establecido el 1,5% de la compensación básica y de la asignación básica y la compensación jerárquica. No cuestionamos el espíritu de la ley que tenga esa movilidad. Lo que decimos que, o consideramos, lo ha dicho también el Presidente (por Fernando Cañete), que se ha arrancado con una base muy alta. Para hacerte una idea, en junio del 2023 el valor jurista estaba en 2.750 pesos. Hoy en agosto está en 51.823 pesos. Es decir, incrementó en el 1.784,5%. Es exorbitante. Y yo estoy seguro, seguro, que la legislatura entrerriana no va a aprobar tamaño incremento de los empleados públicos entrerrianos”.

En ese orden agregó: “Hasta antes de la aprobación de la ley veníamos pagando 9.800 por jurista. La mayoría de los fallos son 50 juristas. Es decir, 490.000 pesos. Hoy esos 50 juristas son 2.591.000 pesos por juicio”.

Smith sostuvo que “IOSPER aprobó su presupuesto en octubre del 2023. Ahí el valor estaba en 2750 pesos. IOSPER hace toda una proyección y cálculo presupuestario con esos valores. Hoy estamos hablando de 51.000 pesos por cada jurista. Hay que reasignar partidas. Lamentablemente, sacar partidas de otros lugares, tal vez del sector de prestaciones, para atender el pago de los honorarios, porque si vos no lo pagás en tiempo y forma, viene la ejecución y viene el descuento directamente a través del débito”.

Por otra parte, el gerente administrativo de la Obra Social precisó que no fueron convocados por la Legislatura cuando analizaron el tema. Y dijo que una salida a la situación sería “una ley que modifique la base de cálculo, no el espíritu que consideramos que es correcto, pero en vez del 1,5% de estos dos conceptos, que hoy estamos hablando de más de 3.400.000 pesos en la base de cálculo, reducirlo al 0,7%, por ejemplo, reducir el porcentaje. Yo sé que va a sonar antipático para los abogados, pero con estos nuevos números, la verdad es que estamos muy confundidos”.

Cada mes, Iosper tiene unos 140 Amparos en los cuales debe pagar honorarios a profesionales.

Un cambio que era necesario

El senador provincial de Nogoyá, Rafael Cavagna, habló sobre la reforma que se votó en ambas cámaras por unanimidad. “Desde la Cámara de Senadores se aprobó por unanimidad, previa obviamente de mesa de diálogo, con el Colegio de la Abogacía y con diferentes actores. Se veía claramente que la unidad arancelaria estaba retraída con relación a otras provincias. De hecho, actualmente sigue. Si bien hay una cláusula de actualización del 1,5% en relación a los jueces de primera instancia, actualmente la unidad arancelaria en Entre Ríos está en 51.800 pesos y vemos como Provincia de Santa Fe está en 79.000 pesos o CABA en 86.000 pesos. Si bien es cierto que es competencia de cada una de las provincias regular sus honorarios, los colegios de distintos profesionales de la provincia, vemos que claramente se produce una similitud, se hace ese derecho comparado, justamente porque si cruzamos el túnel subfluvial y el trabajo de un abogado para tener una apertura de un juicio sucesorio es el mismo que realiza en la Provincia de Santa Fe o en la Provincia de Entre Ríos, claramente alguna similitud tenemos que encontrar. Así que se elaboró eso, se trabajó en eso, insisto, una readecuación donde se buscaron todos los consensos”.

Con respecto a la problemática que plantea el Iosper, dijo: “Obviamente que puede llegar a haber algún tipo de encono respetable o no, pero sin lugar a dudas los representantes de la Provincia de Entre Ríos, tanto de la Cámara de Diputados como de Senadores, por unanimidad, acompañaron esta reforma que hoy se aplica en toda la Provincia de Entre Ríos”.

En ese sentido añadió que se hizo una modificación en el proyecto de ley de honorarios que redujo las unidades que se pagaban por Amparo, en respuesta a las preocupaciones planteadas. Se destacó que se pueden convenir honorarios por debajo de lo regulado y que la ley regula plazos y montos máximos. Además, se mencionó que en comparación con otras provincias la unidad arancelaria de Entre Ríos está por debajo, pero se actualizará con las paritarias.