En su primer año de gobierno, el Presidente Javier Milei desmanteló décadas de lucha y políticas de género, y desfinanció los programas de apoyo a mujeres y diversidades sexuales. El programa televisivo Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) presentó un informe de la situación en la provincia y cómo se trabaja desde el Poder Judicial para sostener la protección a las mujeres y la lucha contra la violencia.
En Argentina, un país donde cada 35 horas se produce un feminicidio y donde durante el último año 272 personas murieron víctimas de violencia de género, el Gobierno de Javier Milei cerró las áreas institucionales del Estado que se dedicaban a enfrentar este problema mientras avanza en el desfinanciamiento de los programas públicos que luchan contra la violencia contra las mujeres.
En enero, en el Foro Económico Global de Davos, el jefe de Estado apuntó contra la "agenda del feminismo radical", aseguró que devino "en mayor intervención del Estado" y remarcó: “El libertarismo ya establece la igualdad entre los sexos, la piedra fundacional de nuestro credo dice que todos los hombres estamos creados iguales, todos tenemos los mismos derechos iguales”.
Las políticas feministas atacadas por el gobierno de Javier Milei
En orden cronológico, a partir de ese momento, el Gobierno resolvió:
- Prohibir del uso del lenguaje inclusivo y la aplicación de la perspectiva de género en la administración pública nacional por considerar que “se han utilizado como negocio de la política”, en palabras del vocero presidencial, Manuel Adorni.
- Disolver la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad creado durante la gestión de Alberto Fernández. Lo que implicó el desfinanciamiento de los programas para asistir, cuidar y fortalecer a las mujeres y diversidades en situaciones de violencia de género.
- Despedir al personal especializado en trata de personas, que trabajaba en todo el país en el Comité Ejecutivo de Lucha en contra de la Trata y Explotación de Personas, creado durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
- Destinar $0 en el Presupuesto 2025 para las políticas feministas que tienen como objetivo prevenir la violencia hacia las mujeres, como el Programa Acompañar y la Línea 144.
- Recortar en un 78% el presupuesto destinado en 2025 al Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), iniciado durante la gestión de Mauricio Macri.
- Disolver el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata.
- Prohibir que las personas detenidas soliciten el traslado de penal por cambio de identidad de género.
Teniendo en cuenta el desfinanciamiento de este primer año de gobierno, están en la mira libertaria las tres leyes más representativas del feminismo argentino: la ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, la ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres y la ley 26.842 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas.
Menos políticas de género en un país con más femicidios
El Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA) dio a conocer los últimos datos interanuales de víctimas. En 2023, se registró un incremento interanual de 10,6% en la cantidad de víctimas de femicidio en el país.
Según los datos del RNFJA, el año pasado hubo 250 víctimas de femicidio. En la última década, este número llega a casi 2.500 en Argentina.
El informe de 2023 explica que en al menos el 88% de los casos, la víctima directa de femicidio tenía algún vínculo con el sujeto activo: 64% eran parejas, exparejas o tenían otro tipo de relación sexo-afectiva; 12% eran familiares, y también 12% tenían otro tipo de vínculo (amigos, compañeros de trabajo, vecinos, conocidos, etc).
Además, hay un dato de importancia que se desprende del informe: entre quienes se conocían, el 44% convivía al momento del hecho. Solo en el 3% eran desconocidos entre sí y de esas víctimas en dos de cada cinco vínculos había antecedentes de violencia de género. Al menos 55 víctimas directas de femicidio habían efectuado denuncias formales contra aquellos que cometieron dichos femicidios.
La situación en la provincia
En ese escenario, el Poder Judicial de Entre Ríos viene sosteniendo el trabajo en materia de género, aunque también se ven reflejados los recortes presupuestarios. Como ejemplo vale comentar que desde el Superior Tribunal de Justicia (STJ) se informó este miércoles que “el ajuste económico y la reducción de las partidas presupuestarias impidieron desarrollar en su totalidad las obras de infraestructura proyectadas y la tarea (durante el 2024) estuvo enfocada en atender las emergencias que presentaron los distintos edificios”.
Esto se traduce también en la falta de recursos humanos capacitados, especialmente en los equipos técnicos e interdisciplinarios que se necesitan en muchos de los fueros, y especialmente en la atención de la violencia de género.
Hoy es una obligación legal tomar la denuncia por violencia, pero en la medida en que crece la demanda de las denuncias presenciales hace falta más personal. Las medidas que se implementan y la atención al público demanda profesionales capacitados en la temática, con experiencia, abogados preferentemente, que puedan asesorar correctamente a las personas que denuncian y derivarlas a cada organismo correspondiente. Y esto es una falencia en el Poder Judicial entrerriano.
El ejemplo más claro de la realidad de escasez es lo que sucede en el Centro Judicial de Género “Carmen María Argibay”, creado en 2014 y que está conformado por la Oficina de Violencia de Género y la Oficina de la Mujer, cada una con una secretaria judicial a su cargo. No obstante, desde hace siete meses la Oficina de la Mujer quedó sin su titular porque Yanina Yzet fue convocada para hacerse cargo del Juzgado de Familia N°5, con lo cual Fernanda Baima –originalmente a cargo de la Oficina de la Mujer- quedó a cargo de las dos Oficinas.
En la Oficina de la Mujer, a cargo de Baima, trabajan otras dos personas. El organismo se encarga de incorporar la perspectiva de género en el Poder Judicial y eso se hace a través de distintas tareas como la modificación del reglamento de licencias en beneficio de la mujer, se amplió de tres a cinco meses la licencia por nacimiento de hijo o adopción; la incorporación de espacios de lactancia en cinco jurisdicciones ddel Poder Judicial (Paraná, Gualeguay, Concepción del Uruguay, Concordia y Gualeguaychú), hay un registro de sentencias con perspectiva de género, se trabaja en relación muy estrecha con la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde se trabajan proyectos comunes.
Por otro lado, la Oficina de Violencia de Género está integrada por tres áreas: el Registro Judicial de Causas y Antecedentes de Violencia (Rejucav), el área de Botón de Pánico y el área de toma y recepción de denuncias. La recepción de denuncias se hace de forma personal, física, en este organismo, pero además se recepcionan las denuncias efectuadas a través de la página web. Allí trabajan cinco profesionales.
Con este organigrama, la Justicia entrerriana da cumplimiento a las obligaciones asumidas por el Estado argentino a nivel internacional en cuanto a incluir la perspectiva de género en el diseño de políticas públicas en los poderes del Estado, aunque, lamentablemente, el recorte del gobierno nacional y la postura negacionista del Presidente respecto de la lucha feminista contra la violencia hacen mella en estas áreas.
La abogada especializada en cuestiones de género, Fernanda Vásquez Pinasco, destacó el trabajo del Poder Judicial entrerriano que, pese a los discursos imperantes desde la Nación desconociendo la problemática y recortando presupuesto, continúa con una política de protección y de brindar respuestas a las mujeres.
Vásquez Pinasco destacó que a partir de la pandemia las denuncias se pueden realizar de modo on line. “A través de un link donde se rellena un formulario que, al enviarse, ingresa a una oficina que funciona las 24 horas recibiendo denuncias e inmediatamente a la recepción lo pasan al área que corresponde según la modalidad de la violencia (familiar, laboral, en la calle) y en menos de 24 horas la mujer está protegida. Además, hay notificación inmediata por mail a la comisaría según el domicilio de las personas. Este sistema está funcionando muy bien, así como el botón anti pánico y el dispositivo dual también están funcionando muy bien”, señaló en Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral).
Un caso emblemático en la provincia fue la denuncia por violencia de género que inició en 2018 la ex ministra de Salud Sonia Velázquez contra el dirigente de UPCN y ex diputado provincial José Allende. La causa viene transitando un derrotero complejo debido a distintos recursos de la defensa de Allende para evitar el juicio oral.
Hoy la causa está en el Superior Tribunal de Justicia con un recurso extraordinario interpuesto por la defensa del imputado.
La Cámara de Casación hizo lugar al recurso de la querella respecto a que la acción no estaba prescripta y había que remitir la causa a juicio. Ante esto la defensa de Allende presentó un recurso que le fue denegado, acudió en queja ante el Superior Tribunal, la Sala Penal le dio lugar y está en tratamiento.
Datos estadísticos
Hay tres leyes diferentes por las cuales se tramitan las causas de violencia de género
- la ley 10.668 (derog. ley 9198. ley nac. 24417) - Prevención violencia familiar
- la ley 10.956 (ley nacional 26485) - Protección integral a las mujeres
- delitos penales vinculados a situaciones de violencia familiar o contra la mujer
Expedientes totales durante 2024: 12.513
- Violencia contra la mujer: 6325
- Penales: 2456
- Violencia familiar: 3732
Expedientes totales durante 2023: 14.398
- Violencia contra la mujer: 6476
- Penales: 2981
- Violencia familiar: 4941
Expedientes por Jurisdicción en la Provincia de Entre Ríos
Paraná
Año 2023: 4214
Año 2024: 3260
Concordia
Año 2023: 2307
Año 2024: 2117
Uruguay
Año 2023: 1064
Año 2024: 873
Gualeguaychú
Año 2023: 1057
Año 2024: 1107
