La sede de la empresa en Victoria, donde se produjo el presunto delito.
La Fiscalía de Victoria pidió informes a la Inspección General de Justicia (IGJ) y tomó nuevas declaraciones testimoniales en el marco de la causa por presunta defraudación por retención indebida de trigo que involucra a Los Grobo Agropecuaria S.A., el poderoso grupo agroindustrial controlado por el fondo Victoria Capital Partners y la familia Grobocopatel. Es en el marco de una causa iniciada por una productora que denunció la retención de una carga importante de cereal valorada -a enero de este año- en alrededor de 480 millones de pesos. Las nuevas medidas procesales fueron impulsadas por el fiscal Iván Yedro.
Según confirmaron fuentes judiciales, el Ministerio Público Fiscal requirió informes a la IGJ para precisar la constitución societaria de la compañía y determinar las responsabilidades jerárquicas dentro de su estructura. Además, se recibieron declaraciones testimoniales de empleados con cargos gerenciales, entre ellos el jefe de planta de Victoria, los activadores comerciales, el líder del equipo comercial y el gerente de operaciones de la casa central.
La investigación busca establecer si la decisión de no restituir en tiempo y forma el cereal depositado fue adoptada de manera deliberada por la empresa y, en su caso, por quiénes.
En el expediente, la firma denunciante “La Capilla Sociedad en Comandita por Acciones”, administrada por Magdalena Teresa Santamarina, sostiene que Los Grobo retuvo indebidamente 2.468.204 kilogramos de trigo que fueron depositados en la planta ubicada en el cruce de Boulevard Brown y Ruta 11, en Victoria. La causa fue abierta el 23 de enero tras la presentación de Santamarina, quien relató que los depósitos se efectuaron entre noviembre de 2024 y enero de 2025, tanto a título personal como en nombre de la sociedad.
En la denuncia se detalla que Los Grobo entregó parcialmente unos 418.000 kilogramos de trigo, sin justificar la falta de restitución del remanente, pese a las intimaciones formales y requerimientos notariales. La apertura de causa sostiene que el hecho encuadra “provisionalmente en el delito de defraudación por retención indebida previsto en el artículo 173 inciso 2° del Código Penal”, y atribuye prima facie la conducta a los responsables legales de Los Grobo Agropecuaria S.A. El delito prevé una pena de un mes a seis años de prisión.
El texto judicial subraya que la empresa no tenía derecho de propiedad ni título para retener los granos, y que su silencio frente a las intimaciones y las entregas parciales resultan indicativos del conocimiento del deber de restitución.
Además, la Fiscalía advierte que las dificultades financieras de Los Grobo podrían haber incidido en la conducta denunciada: “No resulta un dato menor la información relativa a las dificultades financieras que estaría atravesando la firma Los Grobo Agropecuaria S.A., que implican la imposibilidad de pago de compromisos financieros asumidos (...), por cuanto permite sospechar fundadamente que la reticencia de la devolución del remanente de granos obedecería a su posible entrega a otros depositantes o una posible e ilegítima venta por parte de Los Grobo S.A. a fin de obtener liquidez en procura de responder a los compromisos financieros asumidos y actualmente exigibles”.
Durante el procedimiento de allanamiento realizado el 27 de enero, se secuestraron 1.990.514 kilogramos de trigo junto con documentación contable y operativa vinculada a las operaciones del cereal desde enero de 2024. El fiscal Yedro dispuso inicialmente que el jefe de planta actuara como depositario judicial, aunque posteriormente esa función fue trasladada a la querellante, Santamarina.
Desde aquel procedimiento, se supo que las partes en conflicto mantuvieron contacto para conseguir una salida alternativa. De hecho, llegaron a un acuerdo transaccional que debe ser comunicado a la Fiscalía. Uno de los puntos centrales es que la demandante retire la denuncia penal, algo a lo que accedió.
A pesar de esa intención, la última palabra en la causa penal la tendrá el Ministerio Público Fiscal. Una vez conocida la letra del convenio, podrá definir si continuar o archivar la denuncia penal.
Qué dice la querella
El abogado querella Diego Calderón explicó a Cuestión de Fondo (Canal 9) que en diciembre de 2024 la empresa manifiesta que “no van a cumplir con las obligaciones” y “generó alerta en los productores que habían entregado la campaña de trigo y que tenían soja en los depósitos de la empresa”. “En Victoria hay una planta grande almacenamiento de grano y varios productores tuvieron esa inquietud y algunos decidieron retirar los granos de la empresa. Con algunos la empresa accedió y con otros no. Me contactó una empresa de Capital Federal pero que trabaja acá y dentro de las posibilidades estaba de denunciar penalmente en virtud del artículo 173, de estafa por retención indebida. Para entonces aún no estaba abierto el concurso preventivo”, recordó.
Y agregó que la firma que representó “tenía aproximadamente dos millones cien mil kilos de grano de trigo. Es una cantidad importante. Acá hay un silo que puede almacenar cinco mil toneladas de trigo y esta cantidad ocupaba la mitad de eso”.
En esa línea, el letrado remarcó: “En este caso no había contrato y por lo tanto no se había perdido la propiedad de los granos y por ello se hizo la denuncia de retención indebida. Luego se abre el concurso y eso cambia las cosas. Nosotros no ingresamos, pero nos valimos de una figura del artículo 20 de la Ley de Concurso de Quiebras que permita al concursado el cumplimiento del contrato que ya está en curso. Es una herramienta importante para el concursado para continuar con sus actividades”.
“Nos ofrecen entrar en esa modalidad. No era sencilla la situación. Después vimos que la sindicatura en el juicio y el juez aprobó un par de convenios y nos ofrecieron un convenio que era beneficioso económicamente. Si bien es un delito de estafa, nosotros pretendemos lograr la restitución del dinero o los granos. La empresa cumplió con el pago y mis representados desistieron de la denuncia penal. Esto en razón de esta circunstancia”, explicó.
El letrado señaló que, en un primer momento, la confianza en Los Grobo se vio muy afectada en la localidad. Pero luego esa situación fue cambiando. “En Victoria en ese momento (por enero) quedaron vacíos: la gente sacó todo. Luego de unos meses ya estaba lleno de camiones. Es particular la situación. Hay gente que ha caído con Vicentín o Molinos. Lo que pasa es que hay pocas empresas que tengan la logística y capacidad para recibir tanta cantidad de granos”, explicó.
Finalmente, manifestó que es necesario una legislación que proteja a los productores ante hechos de estas características. “Con una legislación más clara se podrían evitar estas cuestiones y pondrían al productor en una posición más segura. Estaría bueno una legislación que escuche a los productores”, completó.
El contexto financiero: un gigante en crisis
El avance judicial en la provincia se produce en paralelo con la delicada situación económica del grupo. Los Grobo Agropecuaria S.A. se encuentra en concurso preventivo de acreedores, tramitado ante el juez Hernán Papa, del Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 12, ubicado en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La compañía, que llegó a ser considerada una de las mayores agropecuarias del país, reconoció públicamente su default en diciembre de 2024 y solicitó protección judicial en febrero de 2025, tras acumular deudas por $320.508 millones con 3.740 acreedores en todo el país.
Cabe señalar que, desde 2016, la firma está controlada en un 90% por Victoria Capital Partners (VCP), un grupo con inversiones millonarias en Sudamérica. En tanto, el 10% restante de la empresa está en manos de Gustavo Grobocopatel (conocido como “El rey de la soja”) y su hermana Matilde.
Según el balance presentado ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), en los primeros nueve meses del ejercicio 2024/25 registró pérdidas por $36.619 millones y un patrimonio neto negativo de $23.869 millones, lo que técnicamente la ubica fuera de los parámetros legales para seguir operando como sociedad.
“La Sociedad no tendrá, en el corto plazo, capacidad financiera para afrontar de forma regular sus compromisos”, admite el documento firmado por el contador Daniel Fabián Rivadulla.
En la lista de acreedores aparecen Agrosiembra, de Gualeguay; Agrosemb, de Urdinarrain y ubicada en Aldea San Antonio; Calume, de Larroque; Agrosoluciones, Avati Semillas, Agropecuaria Sur, ambas de Gualeguaychú; Agrosur, Ruta 11, Nogoyá; Agroprogreso San Salvador; Avegrand, Santa Anita; Fabio Bara, de Victoria; José Carlos Barbiero, de Rosario del Tala; Angel Barbara, de Gualeguay; Maria de los Ángeles Basualdo, de Diamante; Lucas Beltramino Díaz, de Gualeguay; Berardo Agropecuaria, de Aldea San Antonio; Benedetti Hermanos, de Gualeguaychú; Bizzoto Hermanos, de Rosario del Tala; Rubén Bochatay, de Caseros; Esteban Bosch, de Victoria; Juan Boschetti, de Paraná; Concepción Group, Gualeguay; entre otros. También figuran más de 10 particulares de Victoria. Con muchos de ellos Los Grobo avanzó en acuerdos en el marco del concurso preventivo.
En febrero, el juez Papa notificó al Registro de la Propiedad Inmueble de Entre Ríos para que identifique los inmuebles a nombre de Los Grobo y Agrofina y comunicó la inhibición general para disponer y gravar dichos bienes en el marco del concurso.
Además, recientemente se conoció que la Comisión Nacional de Valores (CNV) concedió una prórroga de 45 días a partir del 8 de septiembre para la presentación de los Estados Contables Anuales de la Sociedad por el ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2025. La información fue comunicada por Julieta Gioia, Responsable de Relaciones con el Mercado de la firma, según se verifica en el sitio del ente que regula el mercado de capitales.
