Imagen de archivo de la protesta de septiembre del año pasado que realizaron los trabajadores municipales del área de Obras Públicas de Gualeguaychú.
La Sala Laboral II de la Cámara de Apelaciones de Gualeguaychú confirmó este martes el rechazo al amparo sindical presentado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) contra el Gobierno de Entre Ríos y la Secretaría de Trabajo provincial. El gremio buscaba anular una resolución administrativa que había declarado ilegal una medida de fuerza realizada en septiembre de 2025 por trabajadores del área de Obras Públicas de la Municipalidad de Gualeguaychú.
El fallo fue firmado por los camaristas Norberto Edgardo Stettler y Fabián Arturo Ronconi, mientras que Vicente Martín Romero se abstuvo por existir mayoría.
La discusión judicial giró en torno a un conflicto originado por reclamos vinculados a la falta de ropa de trabajo y elementos de seguridad. ATE había iniciado medidas de acción directa y cuestionó luego que la Secretaría de Trabajo declarara ilegal la protesta por considerar que afectaba servicios esenciales sin garantizar guardias mínimas.
Qué había resuelto el juez de primera instancia
El juez laboral Agustín Dellazuana había rechazado íntegramente el amparo sindical.
Aunque reconoció que el Gobierno provincial ni siquiera contestó formalmente la demanda -lo que generaba una presunción favorable a los hechos denunciados por ATE- sostuvo que eso no alcanzaba para admitir automáticamente la acción.
Según el magistrado, el expediente demostraba que el municipio mantuvo una actitud “proactiva” para resolver el conflicto y que el sindicato incumplió obligaciones legales básicas al lanzar la protesta.
El punto central de la sentencia fue que la medida gremial afectaba servicios esenciales y que ATE no garantizó prestaciones mínimas, tal como exige el artículo 24 de la Ley 25.877.
Dellazuana entendió además que la resolución administrativa cuestionada no constituyó una conducta antisindical, ya que la Secretaría de Trabajo actuó -según su interpretación- dentro de sus facultades de control.
También declaró abstracto el planteo porque consideró que había transcurrido demasiado tiempo desde el conflicto original.
Los argumentos de ATE en la apelación
ATE apeló con una fuerte crítica al razonamiento del juez. El gremio sostuvo, en primer lugar, que el fallo confundió dos medidas de fuerza distintas. Según explicó, el magistrado analizó una protesta iniciada el 22 de agosto de 2025 que había quedado suspendida por conciliación obligatoria, cuando la resolución impugnada se refería en realidad a otra medida posterior, iniciada el 17 de septiembre.
Además, cuestionó que se calificara como “servicio esencial” al área de Obras Públicas. Para ATE, la dependencia no figura dentro de las actividades taxativamente enumeradas como esenciales por la legislación nacional ni por las ordenanzas municipales. El sindicato insistió en que el juez mezcló las funciones de Obras Públicas con las de Obras Sanitarias.
Otro de los agravios apuntó al corazón del amparo sindical. La organización afirmó que la Justicia agregó requisitos que no existen en la Ley 23.551 al exigir prueba de una “motivación antisindical” específica por parte del Estado.
ATE también rechazó la idea de que el caso hubiera perdido actualidad. Argumentó que la declaración de ilegalidad seguía produciendo efectos concretos, como descuentos salariales y eventuales sanciones disciplinarias.
Por último, el sindicato cuestionó la competencia de la Secretaría de Trabajo para declarar ilegal una huelga cuando el propio Estado era parte interesada en el conflicto. Citó doctrina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y jurisprudencia de la Corte Suprema para sostener que esa evaluación debería quedar en manos de un órgano independiente.
La defensa del Gobierno provincial
La Fiscalía de Estado defendió la legalidad de la resolución y pidió confirmar el fallo. El Gobierno sostuvo que la Secretaría de Trabajo no actuó como “juez y parte”, sino ejerciendo su poder de policía laboral y facultades de control administrativo previstas en la Constitución provincial.
También acusó al gremio de intentar presentar como simples “asambleas” lo que en los hechos era una retención de servicios por tiempo indeterminado. Según la Provincia, las reuniones de cuatro horas diarias paralizaban más de la mitad de la jornada laboral y afectaban seriamente servicios públicos sensibles.
La defensa oficial rechazó además el argumento de que Obras Públicas no prestaba servicios esenciales. Invocó el “principio de primacía de la realidad” y afirmó que la protesta impactó directamente sobre tareas vinculadas al mantenimiento de redes de agua y cloacas, actividades consideradas esenciales porque comprometen la salud pública.
El Gobierno remarcó que ATE nunca informó cómo garantizaría guardias mínimas ni aseguró continuidad en las prestaciones básicas.
El voto clave: Stettler confirmó la legalidad de la resolución
El voto central de la Cámara fue el del juez Norberto Stettler, quien rechazó uno por uno los planteos del sindicato.
Primero descartó declarar desierto el recurso, aunque señaló que la apelación reiteraba argumentos ya expuestos anteriormente.
Luego ingresó al fondo del asunto y concluyó que el Estado provincial sí tenía competencia para controlar la legalidad de la medida de fuerza. Según explicó, fiscalizar protestas que afectan servicios públicos forma parte de las facultades administrativas necesarias para preservar el orden público y la seguridad de la población.
Stettler consideró insuficiente la defensa de ATE respecto de la supuesta confusión entre las medidas de agosto y septiembre. Para el camarista, el gremio nunca logró demostrar que hubiera cumplido efectivamente los requisitos legales exigidos para la protesta iniciada el 17 de septiembre de 2025.
Obras Públicas y los servicios esenciales
Uno de los tramos más extensos del voto estuvo dedicado a determinar si el conflicto afectó servicios esenciales. El camarista repasó la normativa municipal y nacional y concluyó que sí.
Aunque admitió que formalmente la protesta correspondía a la Subsecretaría de Obras Públicas, sostuvo que la documentación demostraba que las medidas afectaban áreas de agua y cloacas, mantenimiento vial y bacheo.
Para Stettler, esas tareas impactan directamente sobre servicios vinculados a la salud pública y la seguridad ciudadana, por lo que encuadran dentro de la categoría de servicios esenciales prevista en la Ley 25.877.
El juez destacó especialmente un acta de constatación elaborada por la Delegación de Trabajo, donde se consignaba que las asambleas alcanzaban sectores de “agua y cloaca”.
El punto decisivo: la falta de guardias mínimas
La Cámara entendió que ATE incumplió una obligación central: garantizar servicios mínimos. Según el voto mayoritario, el sindicato nunca informó de qué manera mantendría las prestaciones básicas durante la protesta. La única comunicación presentada hablaba de asambleas de 7 a 11 de la mañana “por tiempo indeterminado”, sin detallar esquemas de cobertura mínima.
Para Stettler, esa omisión justificó plenamente la resolución administrativa que declaró ilegal la medida. “El sindicato no informó ni garantizó de qué forma se mantendría la cobertura mínima de servicios esenciales afectados”, sostuvo el camarista.
A partir de allí concluyó que no existió persecución antisindical, sino “el ejercicio regular de las facultades estatales de control”.
Adhesión y cierre
El juez Fabián Ronconi adhirió íntegramente al voto de Stettler, mientras que Romero se abstuvo al existir mayoría.
Finalmente, la Cámara confirmó la sentencia de primera instancia, rechazó la apelación de ATE e impuso las costas al sindicato. También reguló honorarios para los abogados intervinientes tanto de la parte sindical como de la Fiscalía de Estado.
La sentencia
