En el aire flota un fino polvillo. El ruido de los martillazos resuena como un metrónomo y se amplifica con eco en los amplios pasillos de la sede de la Gobernación en Rosario. El edificio está casi desierto el viernes a la mañana.

Los empleados estatales fueron licenciados en enero, una medida que se tomó, según el gobierno, para ahorrar electricidad y para reorganizar la administración pública, algo que no se implementaba desde hacía más de 30 años.

Las oficinas están despobladas, salvo por los funcionarios cercanos a los ministros que resoplan de fastidio por el ruido y el polvo que tapiza los papeles de un edificio donde las obras de refacción debían terminar en noviembre, pero aún continúan. En la Casa de Gobierno de Santa Fe una tormenta derribó el techo de una oficina. Y todo quedó cubierto de escombros.

Esa imagen se inscribe como una metáfora. El inicio de la gestión de Omar Perotti, que transita los primeros 40 días, está aún en obra, en un período en el que no encontró un eje claro, ante la prioridad de atacar las urgencias y turbulencias que no cesaron desde que asumió, el 11 de diciembre. Es una gestión que no tuvo verano en enero.

Hay problemas ajenos, como los heredados de la gestión socialista, con un déficit que -según la actual administración- supera los 15.000 millones de pesos y con una deuda que orilla los 25.000 millones de pesos. Y hay dificultades propias, con errores no forzados, con un gabinete de funcionarios de experiencia -que ya participó en gestiones anteriores del PJ-, pero que pertenece a la era analógica, a los tiempos en que la velocidad de reacción no estaba condicionada de manera permanente por los smartphones, el WhatsApp o las redes sociales.

La crisis de seguridad que estalló la semana pasada en Santa Fe, tras el recrudecimiento de la violencia con 18 asesinatos en 18 días, provocó que el gobernador visitara por primera vez la Casa Rosada en el marco de una reunión de urgencia con Alberto Fernández. Durante la campaña, el presidente tuvo a Perotti como uno de los referentes en la región centro del país, convencido de que su perfil moderado iba a servir para unir en Santa Fe al peronismo, algo que consiguió y le dio la victoria.

Desde el ataque al casino de Rosario el sábado de la semana pasada, donde una bala disparada por un miembro de la banda Los Monos le atravesó la cabeza al gerente del Banco Nación de Las Parejas, Enrique Encino, el ministro Marcelo Sain estuvo casi en soledad en la escena pública en los primeros días.

Sain tiene la clara convicción de que la ola de crímenes se disparó a causa del relevo de 30 jefes policiales. El funcionario está convencido de que ese "ataque terrorista urbano" planeado por Los Monos buscaba generar conmoción y era un desafío al Estado para que detenga los cambios profundos a nivel institucional que se van a venir en esa fuerza.

El ministro de Seguridad provincial tiene, de todos modos, el respaldo de Perotti, que el jueves se reunió con los intendentes para sumar apoyo y les transmitió: "Es un momento difícil y duro, pero hay una firme decisión y en esa línea vamos a seguir trabajando".

Justicia

Después de que los ministros de Seguridad Sabina Frederic y Sain acordaran un nuevo plan de acción en Santa Fe (no solo con el desembarco de gendarmes, sino con un trabajo de inteligencia criminal más eficiente para combatir el narcotráfico), el gobernador le pidió a Fernández que nombrara más jueces federales en la provincia. Es un pedido que repiten desde hace una década, dirigentes de todo el arco político santafesino para que se ataque el narcotráfico, que es un delito federal.

El Presidente le respondió con otra idea: no se necesitan más jueces, sino más fiscales. Y le propuso poner en marcha a partir de febrero el nuevo sistema procesal penal federal en Santa Fe, sobre la base del sistema acusatorio, como ya rige en el fuero provincial desde 2014.

Un día después, el ministro de Seguridad de Santa Fe se reunió con el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, para empezar a diagramar la puesta en marcha de un sistema que ya se implementa con buenos resultados desde el año pasado en Salta, otro lugar clave en materia de narcotráfico por la frontera con Bolivia. "Por primera vez se acordó enfrentar el problema sin medidas espasmódicas de corto plazo", analizó el diputado Leandro Busatto, quien participó de la reunión.

Esa salida para el problema no provino de una propuesta del gobernador, sino del Presidente. Hasta antes de que estallara la crisis de seguridad, la estrategia de Perotti fue intentar mostrar el desastre económico de la herencia recibida. Así golpearía duro al socialismo y al exgobernador Miguel Lifschitz, que es el principal actor de la oposición, como presidente de la Legislatura.

La idea original era que a partir de marzo empezaran a moverse de manera más aceitada los engranajes del gobierno luego de atravesar un período centrado en el "ordenamiento" de la administración. "Estamos preparando la provincia para crecer cuando estén las condiciones económicas", explicó el ministro de Gobierno, Esteban Borgonovo, quien puso énfasis, como ya repitió Perotti, en los problemas que enfrentaron al encontrar una caja vacía.

Ordenamiento

En los planes del gobierno, esta etapa de "orden" -término que para la oposición es un eufemismo de "ajuste"- es imprescindible para lograr un despegue de la economía santafesina, después de que Fernández selle un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la provincia pueda conseguir financiamiento externo.

La idea original del gobierno era, a su vez, contar con ocho leyes de emergencia aprobadas durante este primer tramo, en el período de extraordinarias. Esa herramienta serviría para contrarrestar los problemas económicos que le acarreó a la nueva administración empezar a gobernar con un presupuesto sancionado en la gestión anterior, que no reflejaba el estado de situación real, según apuntó Borgonovo, que ocupó ese cargo durante la gestión de Carlos Reutemann, hace casi 20 años.

El presupuesto fue aprobado primero en el Senado, donde el peronismo tiene mayoría, y eso mostró los desajustes internos que enfrentó Perotti los primeros días. El Frente Progresista, alianza entre socialistas y radicales, le dio el aval al gobierno para aumentar los impuestos, pero rechazó el paquete de ocho leyes de emergencia.

Esa ley le permite al gobernador aumentar el inmobiliario rural entre 10 y el 40 por ciento e incrementar la alícuota de Ingresos Brutos a unas 18 empresas agroexportadoras que operan en suelo santafesino. La industrialización de granos -para aceite o pellets, entre otros productos- pasará de un 0,25% a un 2%. Y se incrementa el gravamen al 7 por ciento para bancos y financieras.

"Le dimos recursos, pero no vamos a avalar que Santa Fe esté en emergencia y sin que los fondos tengan control durante dos años", afirmó el diputado Maximiliano Pullaro, del Frente Progresista, que durante cuatro años ocupó el Ministerio de Seguridad. El bloque de Cambiemos también se opuso.

Ahora el gobierno pretende desdoblar ese paquete en tres leyes. Busatto, del Frente de Todos, es quien encabeza las negociaciones. Perotti pretendía insistir la semana pasada sin los cambios que exigía la oposición, pero decidió esperar hasta lograr un mínimo de consenso. Después de la crisis de violencia que estalló en Rosario, la sanción de la emergencia en seguridad está casi asegurada. Pero el resto está en duda a pesar de que después de los problemas internos lograron calmar al senador de San Lorenzo, Armando Traferri, quien arrió a la mayoría de ese cuerpo a transformarse por momentos en jugadores de la oposición.

"Da la sensación de que el gobernador Perotti asumió sin un plan concreto de acción en dos puntos fundamentales como son lo económico y la seguridad", señaló el diputado nacional de Cambiemos Federico Angelini, quien advirtió que hubo "cuando menos mucha improvisación en el comienzo de la gestión, habiendo tenido un tiempo más que suficiente para llegar de una manera adecuada al cambio de mandato". El legislador confirmó, sin embargo, que Cambiemos respaldará la ley de emergencia en seguridad.

En febrero, cuando regresen a trabajar los empleados públicos licenciados, empezarán a discutirse las paritarias, que amenaza ser otro capítulo de conflicto. Es un hecho que el gobierno sacará la cláusula gatillo que rigió durante 2019 y que logró que los estatales cobraran acorde con el crecimiento inflacionario. La primera alerta se encendió en diciembre cuando los gremios estatales de maestros y ATE en Rosario salieron a protestar, cuando el gobierno no llevaba 15 días en el poder, por el retraso del pago de los salarios.

"Hubo una reacción del statu quo, tras un cambio de ciclo después de 12 años de socialismo", argumentó el ministro de Gobierno. Reconoció que "el reordenamiento lleva su tiempo" después de la polvareda que se levantó.

Fuente y foto: La Nación