Sin la presencia de los legisladores de Juntos por el Cambio, el Frente de Todos firmó dictamen favorable al Decreto de Necesidad y Urgencia 690/20, por el cual el gobierno nacional declaró como “servicios públicos esenciales” a internet, la telefonía móvil y fija, y la televisión por cable.

Con mayoría en la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que preside el diputado Marcos Cleri, el oficialismo avaló la medida, cuestionada con dureza desde la principal fuerza de la oposición.

Quien defendió el DNU fue el diputado santacruceño Pablo González, que enfatizó que el decreto pone “las cosas en su lugar”. Recordó entonces que al asumir, el expresidente Mauricio Macri, dictó el DNU 267/15 que modificó las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y Argentina Digital.

Esa medida se hizo “bajo el argumento clásico, que hoy estamos viendo otra vez en los medios: falta de inversiones y seguridad jurídica”, señaló y agregó que “así se eliminó la posibilidad que tenía el Estado de regular esta materia; con el argumento de la competencia lo único que hicieron fue profundizar el control de los monopolios”. El oficialista consideró que ese decreto “directamente vino a beneficiar” la “necesidad y urgencia para Clarín”, publicó Parlamentario.

Además de la decisión tomada, González sostuvo que habrá que avanzar en “volver a poner en valor” la Ley de Argentina Digital; crear “una tarifa diferencial para los beneficiarios de la AUH”; y diseñar “una referencia tarifaria para un servicio mínimo de TV, telefonía e internet, que le traiga equidad a las ciudades que están lejos”, porque los monopolios no invierten en el interior.

El legislador aseguró que el DNU 690/20 “propicia la libertad de expresión y el acceso a la información”, al tiempo que “mucha más gente se va a poder conectar”. “El Estado es el que tiene que estar para poner las cosas en su lugar, nosotros volvemos a poner las cosas en su lugar”, dijo.

“También volvemos a suspender los aumentos (hasta el 31 de diciembre), porque los autoregulados nunca lo hubieran hecho”, destacó y finalizó insistiendo que se garantiza “el acceso de todos” y de “las familias con pocos recursos”, que actualmente tienen inconvenientes con la conexión a las clases virtuales.

Aunque no participa de la comisión, el diputado José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo) celebró la medida y la calificó como “un avance enorme” y “un hecho histórico”. También, cuestionó a Juntos por el Cambio: “Esta fuerza política no puede seguir dilatando los temas para tratar”.

El mendocino se diferenció entonces diciendo que desde su espacio: “Consideramos a las personas” y las políticas necesarias para que vivan “en condiciones de bienestar”, mientras que hay sectores que defienden “las ganancias económicas de un pequeño grupo de empresas que se hacen gigantes”.

Desde la izquierda, la diputada Romina Del Plá subrayó que el decreto “no avanza con temas que son fundamentales” y manifestó que la declaración de estos servicios públicos como esenciales, “no altera la estructura de funcionamiento de estas empresas y servicios que, en su inmensa mayoría, están en manos privadas y grandes monopolios”.

“Los precios los van a seguir fijando estas empresas monopólicas, no los fija el Estado”, advirtió la legisladora -que tampoco integra la bicameral- y apuntó que la suspensión “es eso, una suspensión, no la anulación”, por lo cual “queda en pie el tarifazo que ya implementaron en marzo”.

Finalmente, Cleri argumentó que “lo que hace este DNU es volver a restituir parte del articulado de la Ley 27.078 (Argentina Digital), que por amplías mayorías en el Congreso de la Nación se debatió y se sancionó” durante el kirchnerismo y formaba “parte de un andamiaje que el Estado estaba llevando adelante para tener no solo una Argentina conectada, sino una política humana de comunicación que beneficie a la ciudadanía”.

Críticas a la oposición

Al comienzo del encuentro, el presidente de la comisión informó sobre la nota que presentó Juntos por el Cambio para impugnar la reunión y defendió que la convocatoria se realizó con 48 horas de anticipación, que “tal cual usos y costumbres” y en “situación de pandemia” se efectuó con “48 horas corridas”.

Además, el santafesino recordó que el pasado 28 de abril la comisión decidió “por la mayoría” que la bicameral iba a “funcionar y dictaminar de forma remota”, decisión que incluso se tomó antes de que se aprobara el protocolo de trabajo remoto en la Cámara de Diputados.

En tanto, Pablo González remarcó que “esta es la primera vez que lo hacen y vemos esta advertencia”, cuando “no es la primera vez” que se convoca a la comisión de esta manera.

Al reflexionar que se debía al DNU 690/20, el santacruceño lanzó que hay “grupos concentrados” que “son afines a ciertos legisladores”. “Antes nunca nos avisaron que iban a ir ante una instancia judicial, no se explica mucho como si antes no lo hicieron ahora lo van a hacer”, continuó.

En línea con su par, el oficialista sostuvo que la bicameral se reúne “teniendo en cuenta la situación de extrema gravedad en la cual está el país” y además es la única comisión que “funciona aún durante el receso del Congreso”.

La senadora formoseña Teresa González criticó que la postura de Juntos por el Cambio “ya se vuelve un hábito” y “tienen una actitud repetitiva durante todo el tiempo de la pandemia”. Mientras que el diputado Pablo Yedlin hizo “un llamado a la oposición a participar de los debates, a autorizar el protocolo en la Cámara de Diputados, a poder trabajar en el Congreso, que es la institucionalidad que tanto se declama y que necesitamos”.

Por su parte, la diputada Lucía Corpacci expresó: “Estoy desconcertada, me asombra la actitud de la oposición”. “Nos acusaron de que no queríamos trabajar, que no queríamos legislar, que el presidente quería sacar todo por decreto…”, repasó y mencionó también “la caravana al Congreso”.

“Uno puede pensar distinto; a veces se gana, a veces se pierde. Pero lo que no se puede dejar es de dar el debate”, consideró y añadió que “le están fallando a sus votantes, quienes le dieron el mandato de defender y de discutir lo que hay que discutir”.

El resto de los DNU aprobados

El oficialismo avanzó también con el dictamen favorable del DNU 634/20 por el cual se prorroga el plazo para que los contribuyentes puedan acogerse al Régimen de Regularización de Deudas hasta el 31 de agosto de 2020; y el DNU 643/20 sobre modificación de los índices de actualización del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar).

Además del DNU 157/20, por el cual se creó la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación; y el decreto delegado 582/20 de enmienda a la oferta de reestructuración de la deuda pública en moneda extranjera bajo legislación extranjera.