Análisis: ¿Quién manda en el narcotráfico en Rosario?

cargamento de droga

Pese a que los líderes de las bandas quedan presos, las organizaciones continúan financiando grandes cargamentos de droga.

Por Germán De los Santos (*)

Ariel “Guille” Cantero y Esteban Alvarado son los principales gerentes del narcotráfico en Rosario. Ambos estarán presos por décadas. El líder de Los Monos carga sobre su espalda con 62 años de condena en seis juicios y ahora se sumó otro, acusado de siete ataques contra funcionarios judiciales, en el que la fiscalía pidió 24 años de prisión.

Alvarado, preso en la cárcel de Piñero, también pasará muchos años en la sombra de la prisión, tras el pedido de prisión perpetua por el secuestro y crimen del prestamista Luciano Maldonado.

Alvarado, actualmente acusado por planificar un homicidio y otros hechos.

En veredas separadas y enfrentados, ambos trataron durante la última década de tener la hegemonía del negocio de la droga en Rosario. Ninguno logró su objetivo, a pesar de que ambos contaron con la complicidad de sectores de la policía y otros entramados ligados a la política.

Desde siempre la muerte sirvió para tratar de “ordenar” la compleja geografía narco de Rosario, un rasgo que diferenció a esta ciudad, con una cantidad de crímenes que triplicó y duplicó la media nacional de homicidios en los últimos años. Delfín David Zacarías, jugador de peso que siempre se mantuvo ajeno a la escalada de disparos, fue condenado a 16 años de prisión hace cuatro años, cuando le descubrieron un laboratorio de cocaína en Funes con capacidad para elaborar 500 kilos por mes.

A la par, otro jugador de peso en esta trama oscura, como Andrés Bracamonte, líder de la barrabrava de Rosario Central, también está preso desde el 22 de julio pasado, en una causa que investiga el supuesto lavado de dinero.

Las bandas que se trenzaron en una infernal escalada de violencia a principios de 2018 en barrio Municipal, en el sur de Rosario, como los Funes y los Caminos también fueron detenidos. René Ungaro, condenado a 33 años de prisión por el crimen del ex jefe de la barra de Newell’s Roberto “Pimpi” Caminos, quien dominaba La Tablada, seguirá preso, tras media docena de acusaciones en su contra.

Varios de los jugadores de un escalón inferior, también cayeron no por expandir el negocio narco con estrategias más sofisticas, sino por mandar a matar a sus enemigos circunstanciales. Fue el caso de Brandon Bay, una especie puntero narco de Los Monos en San Lorenzo, que desde la cárcel de Coronda mandó a disparar en junio pasado contra puntos de venta de cocaína que pretendía ocupar y mató a dos personas.

De San Lorenzo y Nuevo Alberdi la puja se trasladó al otro extremo a Villa Gobernador Gálvez, donde este año se produjeron por lo menos cinco asesinatos en una saga narcocriminal entre barras de Newell's, ligados al narcotráfico, como Héctor Noguera, el "Gordo Dani", y Ariel "Jerry" Gaeta, asesinado el 5 de agosto pasado.

Noguera está sindicado como el encargado de administrar la droga en la zona de Villa Gobernador Gálvez para 'Los Monos' y por ordenar usurpaciones para instalar acopios de armas y búnkeres de estupefacientes. También es uno de los tres jefes que tiene la barrabrava de Newell's y estuvo históricamente enfrentado a los Bassi, que eran jugadores de peso en esa zona desde la remisería Cinco Estrellas y con el ex intendente fallecido Pedro González como aliado.

La sangre también corrió en Empalme Graneros y en el norte de Rosario por la necesidad de ocupar el lugar que quedó vacante con el crimen de Emanuel Sandoval, alias Ema Pimpi, a quien fusilaron en una casa donde cumplía “prisión morigerada”.

La hipótesis que maneja el ministro de Seguridad Marcelo Saín es que la violencia narco que engrosó las estadísticas de homicidios en septiembre (27 asesinatos en un mes) tiene su raíz en los enfrentamientos permanentes entre las segundas y terceras líneas de estas organizaciones que quedan en libertad. A esto se suma que, de acuerdo a la visión de Saín, la crisis que disparó la pandemia achicó la demanda de drogas ilegales, por lo que las bandas se disputan una porción cada vez más pequeña de un negocio que se achicó y sirve para menos gerentes.

¿Cómo se regeneran de manera permanente las capas de estas bandas precarias y cada vez más violentas que surten de personal a los capos que están presos? El narcotráfico parece romper los límites todo el tiempo y deja al Estado a la intemperie, frente a un problema que se profundiza y gana complejidad, con mayor potencia en esta crisis, con tramas que atraviesan las fronteras del delito para extender sus raíces en una cultura asociada al “narco” que se hace cada vez más sólida, en medio de las debilidades sociales perforadas por una situación de crisis casi permanente, ahora acuciada por la pandemia.

Jóvenes nacidos y criados con autos lujosos y una pistola 9 milímetros en la cintura se consagran como el molde del triunfador que tiene el poder fragmentado y momentáneo, pero que en su territorio es el que manda frente al “gil” -como lo llaman-, aquel que trabaja, por ejemplo, en una obra de construcción, señala el psicólogo Horacio Tabares, de la fundación Vínculos.

Ese protagonista manda de manera efímera y en permanente desenfreno, porque su vida es corta. La carrera se termina de manera abrupta en la cárcel o con la muerte, sin que existan esperanzas de alcanzar la posibilidad de un retiro próspero en ese rubro delictivo.

La historia de Jorgelina Selerpe en Rosario es un caso testigo. Junto a su ex novio Alan Funes, ambos procesados por asociación ilícita y tráfico de drogas, se ajustan a ese perfil.

Chipi, como la llaman, es la tercera generación Selerpe en el narcotráfico. Su abuelo Froilán y su padre Jorge, fueron pioneros en la instalación de las primeras cocinas de cocaína en Rosario. Allí trabajaba su tío Domingo y también Rosa, la madre de esta joven que se crio entre olores fuertes, que emanaban los bidones de ácidos clorhídrico y sulfúrico, éter y acetona, los precursores químicos que usaban en esa casa para transformar en cocaína la pasta base que les llegaba de Bolivia.

Esta nueva generación de delincuentes muy jóvenes y violentos tiene otra matriz que sus antecesores. No vivieron en la pobreza, ni la marginación. La herencia generacional es seguir siendo el más malo del barrio. Y sobre todo mostrar ese poder con violencia. El Estado es débil para competir con ese submundo precario pero cada vez es más robusto que salió de las sombras de la clandestinidad y se metió en las grietas de una sociedad que recompensa con fascinación a esos personajes. Esta nueva generación de delincuentes muy jóvenes y violentos tiene otra matriz que sus antecesores

La política entra de prestado y a veces con consenso en esos territorios dominados por el narcotráfico. El rol del antiguo puntero mutó en el narco que es hoy quien habilita el ingreso pacífico al barrio, teje acuerdos de convivencia con la policía y controla parte del tejido social.

La investigadora mexicana Lilian Paola señala en “Las fronteras de la narcocultura” que “el narco” no es sólo una imagen identificada por el conjunto social, sino que pasó a ser una categoría social objetiva. Esta relación aparece en un escenario de alto nivel de impunidad e ilegalidad, que se configura en un orden paralelo al poder legitimado donde los actores que juegan un mismo papel, tanto en el lado legal como en el ilegal. “La mezcla de impunidad, armas de fuego y la sensación de poder que los acompaña, genera contextos de trasgresión inadmisibles”, advierte.

La relación entre el narcotraficante y puntero Daniel Celis con el ex intendente de Paraná Sergio Varisco muestra cómo esa relación detectada por la Justicia Federal, que terminó con la condena al dirigente radical a seis años y seis meses de prisión, envuelve ese vínculo por fuera del esquema de un negocio criminal que alcanza otros horizontes, como el despliegue territorial de la política. El peligro radica en que este esquema ambos se necesitan.

El Estado llega con dinero a través de programas sociales, pero no tiene capital propio ni decisión para enfrentar un problema del narcotráfico que trasciende una cuestión de seguridad pública. Asoma la mirada desde el Estado que romper ese esquema puede generar hoy más tensiones que soluciones, sobre todo en los conurbanos más populosos, como el de Buenos Aires, Rosario y Córdoba.

(*) Publicado en Aire de Santa Fe

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