La Cámara de Diputados cerrará el año en un estado de semi parálisis. Los más optimistas creen que en febrero se reactivará el diálogo con la oposición y se podrán tratar proyectos de consenso durante las sesiones extraordinarias. Sin embargo, son más los que consideran que la fuerte polarización -que marcó la dinámica durante los últimos meses- no hará más que profundizarse de cara al año electoral, trabando cualquier intento de sesionar.

La paridad de fuerzas en la Cámara baja dejó como resultado apenas una docena de sesiones a lo largo del año. Y las tensiones entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio hicieron naufragar en la grieta varios proyectos considerados de vital importancia, como la ley de Alquileres o la nueva moratoria previsional. Algunos incluso contaban con cierto consenso entre representantes de diferentes fuerzas, como la ley de humedales, la creación de universidades y la ley de para combatir el lavado de activos.

Las tensiones políticas entre oficialismo y oposición llegaron a su punto máximo en noviembre con el conflicto por las designaciones de representantes para el Consejo de la Magistratura. La decisión de Cecilia Moreau de suspender los nombramientos de Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade, Roxana Reyes y Álvaro González dinamitó el diálogo con Juntos por el Cambio. La propia Moreau no pudo ser reelecta como presidenta de la Cámara por falta de quórum para la sesión preparatoria. Luego le siguieron dos sesiones fracasadas más, una de ellas directamente terminó en escándalo con insultos, agresiones y gestos obscenos por parte de la bancada de Juntos por el Cambio.

La acordada de la Corte Suprema que dispuso que juren esos cuatro diputados como consejeros podría haber sido el puntapié para retomar las negociaciones. Sin embargo, desde el oficialismo se mostraban convencidos de que la oposición solo buscaba cerrar el Congreso hasta el año que viene para ocultar sus diferencias internas y también bloquear cualquier tipo de victoria política del Frente de Todos. Por su parte, la oposición denunció la intransigencia del oficialismo por negarse a incluir proyectos que no sean propios en los temarios de las sesiones especiales. El reclamo de ampliar los temarios fue compartido por las bancadas “del medio” como el Interbloque Federal y la Izquierda, publicó el portal Infobae.

Hasta este jueves, tanto en Jefatura de Gabinete de la Nación como en la Presidencia de Diputados arriesgaban que el Ejecutivo probablemente convocaría a sesiones extraordinarias para febrero. Según pudo saber el portal Infobae, descartaban tratar proyectos sin consenso como el impuesto a la renta inesperada o la reforma del Consejo de la Magistratura, pero mostraban cierto optimismo respecto a la creación de universidades (que tiene el apoyo de parte del bloque Evolución), la ley de Agroindustria (que tiene el visto bueno de parte de la UCR) y la ley para prevenir el lavado de activos (con consenso entre todas las fuerzas).

Este panorama pasó al olvido con el fallo de la Corte Suprema que le dio la cautelar si abordar la cuestión de fondo al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en su reclamo por la reducción de la coparticipación. La decisión de Alberto Fernández de enfrentar al máximo tribunal y desconocer el fallo puso a todos los sectores nuevamente en pie de guerra.

La UCR fue la primera en adelantar que pediría un juicio político contra el Presidente por incumplimiento de deberes de funcionario público. La medida seguramente será acompañada por la Coalición Cívica y el PRO, que dejó trascender que analizaba sumar a la denuncia penal a Carlos Zannini, “Wado” De Pedro y Silvina Batakis.

A todas luces el clima en la Cámara de Diputados será poco propicio para tejer acuerdos durante las próximas semanas.

Los principales proyectos que no fueron tratados

El proyecto de ley de Alquileres obtuvo dictamen de comisión en junio. En el plenario de comisiones de Legislación General y Presupuesto, el Frente de Todos hizo valer su mayoría y logró firmar el dictamen principal. Su proyecto propone incentivos fiscales para aumentar la oferta de propiedades en el mercado, algo que en teoría ayudaría a bajar los precios. No obstante, el oficialismo no quiso modificar el plazo de tres años para los contratos ni la actualización anual de los alquileres, dos de los puntos más cuestionados de la ley vigente.

Por su parte, el dictamen de minoría (que paradójicamente sumaría más votos en el recinto) propone volver a los contratos de dos años y permite la actualización por un mínimo de tres meses y un máximo de 12 meses, en base a uno de tres índices: Índice de Precios al Consumidor, Índice de Precios Mayoristas o el Índice de Salarios del Indec.

El plan de pagos de deuda previsional (conocido como moratoria) ya tiene media sanción del Senado y consta de dos partes. Por un lado, un plan de pago similar a los que se implementaron en 2004 y 2014 que permite que los hombres de 65 años y las mujeres de 60 que no tengan todos los aportes puedan regularizar los períodos faltantes en hasta 120 cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que obtenga.

Por otro lado, también se permitirá que los trabajadores que estén en actividad y no lleguen a completar los 30 años de aportes por estar cerca de la edad jubilatoria puedan anticipar y empezar a pagar los períodos faltantes hasta el 31 de marzo de 2012. Estas personas podrán pagar unidades de cancelación de aportes, que son equivalentes a un mes de servicios y tendrán un valor fijo del 29 por ciento de la base mínima imponible de remuneración, en coincidencia con lo que pagan los trabajadores en actividad cuando se realizan sus aportes en tiempo y forma.

Desde ANSES estiman que sin esta ley unos 800.000 adultos mayores no podrán jubilarse y deberán recurrir a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% de una jubilación mínima.

La ley de Humedales también pasó por comisión. A principios de noviembre Juntos por el Cambio logró quedarse con el dictamen de mayoría gracias a la falta de apoyo de los gobernadores del oficialismo. En términos generales el proyecto consensuado por la oposición reconoce una mayor incidencia de las provincias, ya que, por ejemplo, para la elaboración del inventario de humedales toma la información que hayan generado cada distrito. Por otro lado, la autoridad de aplicación de la norma serán los Ministerios de Ambiente y Agricultura, de forma conjunta.

La creación de nuevas universidades también tiene dictamen, gracias a un consenso con Evolución Radical que firmó con disidencias parciales. Se trata de las Universidades del Delta, que comprenderá a los partidos de Tigre, Escobar y San Fernando; de Saladillo, de Pilar, de la Cuenca del Salado; y de Ezeiza que estarán ubicadas en la provincia de Buenos Aires. También se crearán las Universidades de Madres de Plaza de Mayo, en la ciudad de Buenos Aires; de Río Tercero, en Córdoba; y en Entre Ríos, la Universidad Juan Laurentino Ortiz, con sede en la ciudad de Paraná.