“Lo más antirrepublicano son los jueces. Son los únicos vitalicios, no se los puede remover, no pagan ganancias”, dijo el gobernador riojano, Ricardo Quintela. En la reforma constitucional que impulsó en su provincia uno de los puntos de debate es “la periodicidad de las tres funciones del Estado: Ejecutiva, Legislativa y Judicial” para avanzar en limitar la temporalidad en los cargos.

El gobernador redobló este martes la apuesta. Sostuvo en Futurock, que reprodujo La Nación, que espera que los convencionales “debatan, discutan”. La reforma de la Constitución que rige desde 1986 será tratada por 36 convencionales, entre los que el oficialismo tiene mayoría absoluta con 27; hay ocho de Juntos por el Cambio (JxC) y uno del partido Lealtad y Dignidad.

Otro punto a debatir que genera polémica es el de “la libertad de expresión y la gobernanza”. Quintela sostuvo que “la Justicia va a interpretar si el mensaje es de odio o no”, aunque remarcó que “la libertad de expresión está “resguardada, pero muchas veces no está en vigencia el derecho a réplica cuando hay información no veraz”.

La Asociación de Abogados y Abogadas de la República Argentina (ARA) se pronunció sobre la reforma, “en defensa de la inamovilidad de los jueces y juezas y de la libertad de expresión”. Su presidente Miguel Piedecasas entiende que el planteo del proyecto de reforma, al atentar contra la inamovilidad, afecta la garantía de la independencia de la Justicia.

Hace referencia al artículo 110 de la Constitución Nacional que establece: “Los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta, y recibirán por sus servicios una compensación que determinara la ley, y que no podrá ser disminuida en manera alguna, mientras permaneciesen en sus funciones”.

“La inamovilidad constituye una garantía objetiva y funcional atribuida a los miembros del Poder Judicial en miras a sustentar uno de los principios constitucionales fundamentales del sistema republicano, como es la independencia de la Justicia respecto de cualquier otro poder político, institucional, social, económico, mediático, religioso o de otra índole”, apunta Piedecasas.

En el caso del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, tres de los cinco integrantes fueron designados por el actual gobernador: Claudio Nicolás Saúl; Ana Karina Becerra (sobrina de Quintela y presidenta del Consejo de la Magistratura riojano) y Gabriela Irina Asís. Además, están Luis Alberto Nicolás Brizuela y Claudio José Ana.

Gustavo Canteros, convencional de Juntos por el Cambio por el partido Unite, sostiene que Quintela “tiene como fin ir por el litio de la provincia; quiere conseguir por la reforma la licencia social para la minería; la población judicializa los casos y él va por los jueces. Van a discutir quién se queda con la plata del litio; pone la renta básica universal en la reforma y se pagará con las regalías del litio”. Para ratificar su planteo, señala que el mismo día que se votó la necesidad de reforma constitucional “se votó la ley del litio”.

La radical Cristina Salzweder, presidenta del bloque de convencionales de JxC, profundiza que la reforma riojana “atenta contra la Constitución Nacional, los pactos internacionales y contra uno de los pilares del sistema constitucional; ya hay un proceso determinado para la remoción de los jueces”.

“En una provincia donde la Justicia está sitiada y dominada por Quintela -añade- será él quien determine el término del mandato de un juez. Todavía, por lo que declaró, no lo sabe; podrán ser 5, 7 o 10 años. Ya usan la figura de los ‘jueces transitorios’ que los designan por seis meses y los prorrogan por otros seis; los usan políticamente”.

Salzweder comenta que los jueces, según fuentes del oficialismo, se podrían reelegir: “¿Van a hacer campaña con las sentencias? ¿Quién va a determinar cómo es el mecanismo? No está mal tomarle examen a los jueces, pero sí ponerle temporalidad al cargo”.