El subsecretario de Asuntos Universitarios obtuvo el apoyo con esta foto de Javier Milei y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello. (Foto: Clarín)
El subsecretario de Asuntos Universitarios Alejandro Alvarez confirmó dos medidas. Por un lado, estudia anular una resolución del ex Procurador General de la Nación Carlos Zannini que impide que la Sindicatura General de la Nación audite los gastos de las universidades estatales. Por otro lado, analiza usar el artículo 59 de la ley de Educación Superior para que entre la SIGEN. No descartar incluso ir a la Justicia.
El plan secreto del Gobierno para auditar la "caja" de la UBA y otras universidades públicasEl subsecretario de Asuntos Universitarios, tras una debate en TV por el financiamiento de las universidades públicas, obtuvo el apoyo con esta foto de Javier Milei y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.
Mientras la oposición y sectores dialoguistas intentan anular el veto presidencial a la ley de financiamiento educativo que comenzará a tratarse el miércoles en la Cámara de Diputados, el Gobierno presiona a las universidades y arma una estrategia para auditar a la UBA.
Por un lado, el gobierno estudia anular una resolución del ex Procurador General de la Nación Carlos Zannini que impide que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) audite los gastos de las universidades estatales porque son autónomas. Por otro lado, analiza usar el artículo 59 de la ley de Educación Superior para que la SIGEN supervise las cuentas de la casa de estudios, sobre todo de la UBA, a la que considera la "cabeza" de la resistencia al recorte de gastos.
Miguel Blanco, titular de la Sindicatura General de Empresas Públicas (SIGEN) confirmó a Clarín que el Gobierno estudia esas dos alternativas legales y el subsecretario de Políticas Universitarias del Gobierno, Alejandro Álvarez ratificó que “es efectivamente una de las opciones que se está analizando”. Alvarez, tras un debate en TN con el vicerrector de la UBA y ex diputado radical Emiliano Yacobitti se convirtió en la cara del Gobierno en esta ofensiva.
Para Blanco, ex presidente de IDEA, las universidades públicas son autónomas en cuanto a su autogobierno, pero no son “autárquicas desde el punto de vista financiero y por lo tanto sus gastos deben ser auditados por la SIGEN”. La SIGEN ya logró firmar “convenios específicos con 26 universidades de un universo total de 62 y las tareas están siendo programadas y próximas a comenzar”.
Debate entre Emiliano Yacobitti y Alejandro Alvarez en a "Dos Voces" en TN.Debate entre Emiliano Yacobitti y Alejandro Alvarez en a "Dos Voces" en TN.
Pero Blanco puntualizó que “la UBA decidió no suscribir dicho convenio” y por eso ahora buscan alternativas para monitorear sus cuentas.
En concreto, Blanco estudia aplicar el artículo 59 de la Ley de Educación Superior. Este artículo establece que “el rector y los miembros del Consejo Superior de las instituciones universitarias nacionales serán responsables de su administración según su participación, debiendo responder en los términos y con los alcances previstos en los artículos 130 y 131 de la ley 24.156”.
A su vez, el artículo 130 de le lay 24.156 de Administración Financiera estipula “toda persona física que se desempeñe en las jurisdicciones o entidades sujetas a la competencia de la Auditoría General de la Nación responderá de los daños económicos que por su dolo, culpa o negligencia en el ejercicio de sus funciones sufran los entes mencionados siempre que no se encontrare comprendida en regímenes especiales de responsabilidad patrimonial”.
¿Cuál es el presupuesto a auditar de la UBA?, Según el rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Gelpi, actualmente es "muy difícil saber" porque el de este año es una prórroga del presupuesto del año pasado.
"En la UBA tenemos más de 300 mil alumnos, trece facultades y cada una de ellas tiene un presupuesto diferente", detalló Gelpi en la previa de la masiva Marcha Federal Universitaria del miércoles pasado. Sin embargo, estimó que el presupuesto rondaría en los $140.150 millones de pesos, es decir unos 130 millones de dólares.
Pese a esta pelea por la “caja”, la UBA quedó esta semana entre las diez mejores universidades de América Latina, según el ranking QS de universidades de América Latina y el Caribe, elaborado por Quacquarelli Symonds.
Por su parte, Víctor Moriñigo, rector de la Universidad de San Luis y presidente del Consejo Interuniversitario nacional (CIN) dijo que las universidades se tienen que “auditar, se auditan y estamos dispuestos a aceptar los mecanismos necesarios” para dar mayor transparencia. La ley de Educación Superior dice que los controles debe hacer la Auditoría General de la Nación (AGN) que 6 o 7 por año”, explicó.
Entonces, hace falta más presupuesto para la AGN y derogar el dictamen del 28 de noviembre del 2022 -que corre por el expediente IF-2022-128362119-APN-PTN- de ex Procurador General de la Nación y mano derecha en temas jurídicos de Cristina Kirchner, Zannini.
El dictamen de Zannini afirma que “no resultan aplicables a las universidades nacionales las previsiones que, en materia de control interno, contienen los artículos 100 y concordantes de la Ley 24.156, que regula la administración financiera y los sistemas de control del sector público nacional, y establece a la SIGEN como contralor”.
En fuentes parlamentarias, se afirmó que el dictamen de Zannini habría sido resultado de una negociación en 2022 entre “Yacobitti y el ex ministro de Economia y candidato presidencial K Sergio Massa”. Y que el gobierno de Milei no lo deroga porque habría conversaciones reservadas entre el gobierno de Milei y Yacobitti para tratar de desactivar el actual conflicto. Al menos, antes de la segunda marcha masiva y el veto de Milei.
En paralelo, el ex presidente de la Auditoría General de la Nación y ex diputado radical Jesús Rodríguez le sugirió al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que anule el dictamen de Zannini para que pueda entrar la SIGEN a la UBA y a las otras 61 universidades nacionales.
La anulación debería dictarla el actual Procurador General de la Nación, Barra. Rodríguez pertenece a un sector radical que se opone al del vicerrector Yacobitti, quien responde a Evolución Radical que lidera el senador Martín Lousteau.
Ayer Rodríguez fue más duro con los K y con Blanco. Citó una nota del secretario del Comité Nacional de la UCR, Diego Cevallos, quien dijo que un dictamen del Procurador General del Tesoro “es de carácter consultivo y no obligatorio”. Este procurador es el jefe de los abogados del Estado.
“Un dictamen consultivo del PGT no puede impedir que la SIGEN ejerza su obligación de controlar a las Universidades Nacionales” y Blanco podría entonces poner en marcha el proceso sin esperar a la anulación, comenzó Cevallos.
Y ante la negativa de alguna universidad nacional a entregar la documental necesaria, “la intervención del Poder Judicial es la alternativa republicana esencial para cumplir con su cometido legal de control”, afirmó Cevallos. Así Rodríguez abrió la puerta para que esta pelea termine en la justicia federal.
El contador Miguel Carlos Blanco es el nuevo Síndico General de la Nación designado, a través del Decreto 68/2023. Es el titular de la SIGEN.El contador Miguel Carlos Blanco es el nuevo Síndico General de la Nación designado, a través del Decreto 68/2023. Es el titular de la SIGEN.
Por esas casualidades, Blanco, Rodríguez y Yacobitti son contadores Y los dos primeros se conocen desde sus estudios en la UBA, aunque en agrupaciones estudiantiles distintas y hoy comparten el mismo club de tenis.
La Constitución establece que los controles internos de todo organismo público los hace la que depende del gobierno de turno, y los externos la AGN, que depende del Congreso y actualmente la dirige el peronista Juan Manuel Olmos.
Entonces, Moriñigo coincide en este punto con Blanco, pero subrayó a Dato sobre Dato de radio Milenium que es “un mito del oficialismo” que las universidades públicas no tengan controles.
Sin embargo, el rector puntano opinó que “el gobierno no quiere solucionar los problemas, quiere morder el prestigio de la universidad. Nosotros todos los meses mandamos nuestras nóminas salariales”. Estimó que el 85 por ciento de los gastos son salarios y el resto servicios como gas, electricidad y agua.
Víctor Moriñigo, rector de la Universidad de San Luis y titular del Consejo Interuniversitario Nacional.Víctor Moriñigo, rector de la Universidad de San Luis y titular del Consejo Interuniversitario Nacional.
Antes de continuar, Moriñigo repudió el violento escrache que Alvarez sufrió el viernes en la Universidad Nacional de La Plata.
Pero Yacobitti defendió ante Clarín el dictamen de Zannini y resaltó que las universidades tienen “plena autonomía” y no puede ser auditadas por el gobierno, a través de la SIGEN, sino por el Congreso, a través de la AGN. Explicó que los auditores internos de la UBA los nombra el Consejo Superior.
La preocupación del Gobierno es que no se usen las universidades de la misma forma que lo hacía el ex ministro de Planificación K Julio De Vido con la Universidad Tecnológica Nacional. Las utilizó como pantallas para hacer contrataciones directas a fin de eludir licitaciones y controles pero terminaron con denuncias penales aún hoy abiertas. Por ejemplo, la financiación de la inconclusa novela “Mamá Corazón” con Andrea del Boca, que está a un punto de un juicio oral.
Afónico este fin de semana, tras el debate en TN con Yacobitti, Alvarez citó, por ejemplo, “la UBA gastará 700.000 pesos para reunir alumnos y docentes en Jujuy para un encuentro de “Travestis, Lesbianas, Intersexuales y No Binaries”.
Yacobitti mandó dos informes que la UBA mandó este diciembre a la subsecretaria de Alvarez que tienen el acuse de recibo del funcionario mileista e hijo del “Gallego” Alvarez, mítico dirigente de Guardia de Hierro del peronismo de derecha. Uno es de gastos personal y otro “incluye la totalidad de recursos y erogaciones que se hacen en la universidad”.
También envió una copia de la auditoría a la facultad de Psicología de la UBA sobre gastos de 2018 se “realizó en noviembre de 2023”. Fue la única controlada por la AGN en los últimos diez años.
Clarín le preguntó a Yacobitti si esos informes tenían facturas de gastos, como le reclamó Alvarez en el debate en TN y respondió afirmativamente. “Mandamos el gasto clasificado a detalle por todos los clasificadores presupuestarios de la reglamentación del artículo 14 de la ley de administración financiera” a la Contaduría General de la Nación, resaltó. Hay un cierre intermedio y otro anual para enviar a la Contaduría.
La guía del Gobierno en esta pelea es un capítulo del libro “El Resugir de la Argentina” titulado “Cómo romper la inercia corporativa Universitaria” de Alejandro Alvarez.
En los extremos los salientes auditores Juan Ignacio Forlón (La Cámpora) y Gabriel Mihura Estrada (massismo) junto a los auditores peronistas Javier Fernández y Juan Manuel Olmos y el radical Alejandro Nieva.En los extremos los salientes auditores Juan Ignacio Forlón (La Cámpora) y Gabriel Mihura Estrada (massismo) junto a los auditores peronistas Javier Fernández y Juan Manuel Olmos y el radical Alejandro Nieva.
En ese afirma que “existe un consenso corporativo entre las organizaciones políticas que actúan en las Universidades Nacionales, los sindicatos docentes y no docentes y la burocracia permanente. Obviamente, estas tres grandes corporaciones tienen fuertes lazos interpersonales”.
“Muchos docentes provienen de las organizaciones políticas (es a través de ellas que logran llegar a las cátedras), se afilian al sindicato docente más afín a sus intereses”, agrega.
“Tienen varios para elegir integrados a diversas federaciones. Lo mismo sucede con la burocracia, proveniente, en su mayoría, de las organizaciones políticas o bien de los sindicatos. Este «consenso» se sustenta en un presupuesto fundamental: ya no es importante el mérito académico o la idoneidad para dirigir las estructuras de gobierno universitario sino la lealtad a la corporación”, lejos todo, finaliza, de mejorar la calidad educativa.
Daniel Santoro/Clarín