La invitación a la jornada es para “todos aquellos a los que le interese saber por qué planteamos que es beneficiosa la sindicalización de los policías”, aclararon. El planteo de quienes bregan por la agremiación es sencillo: “el trabajador sindicalizado puede hacer valer sus derechos, a consecuencia de lo cual realiza mejor su tarea y eso se traduce en mayor seguridad para la sociedad”, sintetizaron.

La jornada de mañana prevé exposiciones de policías de la República Oriental del Uruguay (agremiados que forman parte de la central PIT-CNT), de dirigentes sindicales de otras provincias, como así también del diputado provincial y ex convencional Jorge Monge –quien presentó en la Convención Constituyente de 2008 un proyecto para permitir la sindicalización en la fuerza de seguridad– y el asesor legal de Apropoler Leandro Dato, entre otros.

En abril de 2012 se cumplirán tres años desde que Apropoler presentó su estatuto en el Ministerio de Trabajo de la Nación. “En principio nos rechazaron la presentación. Insistimos citando el informe 57 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el argumento de derecho más fuerte”, especificaron. En dicho informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos, el organismo internacional recomienda a los estados parte “establecer con claridad los derechos laborales e incorporar la regulación del alcance de los derechos sindicales del personal policial”.

Apropoler y el resto de las entidades sindicales que luchan por su reconocimiento sostienen que “los gobiernos provinciales no tienen competencia para decidir si tenemos o no derecho a la sindicalización. La ley de asociaciones sindicales no nos excluye, como tampoco el artículo 14º bis de la Constitución Nacional” argumentaron los entrevistados.

Sin embargo, en mayor o menor medida, en todas las provincias las autoridades policiales sancionan a los dirigentes de esas organizaciones. El motivo, generalmente, es la realización de declaraciones a la prensa manifestando necesidades del personal como cuestiones salariales, falta de elementos de seguridad o traslados supuestamente arbitrarios. El argumento del castigo es, generalmente, no haber realizado el reclamo por los canales institucionales y, por supuesto, sin que trascienda a los medios.
Apertura. Raffo y Godoy admitieron que en los últimos meses en Entre Ríos se acrecentó el diálogo con las autoridades. “Hay cierta apertura como para empezar a trabajar”, dijeron. Sin embargo, aclararon que en otras jurisdicciones se avanzó más. “En Chaco se armó una mesa de diálogo entre el sindicato y el gobierno, al igual que en Chubut”, ejemplificaron.

Sin embargo, la apertura es relativa. Apropoler, como casi todas las entidades de su tipo no pueden afiliar a los policías, sobre todo a aquellos que se encuentran en actividad. “No afiliamos porque la Jefatura de Policía emitió una circular en julio de 2010 (JP Nº 17) en la que se advierte sobre sanciones a quienes adhieran a la asociación. La asociación hizo una presentación ante la Defensoría del Pueblo cuestionando esa decisión pero no hubo una respuesta favorable”, reseñaron.

De todos modos, los dirigentes de la entidad de Entre Ríos consideraron que se deberá trabajar “mucho para que la cuestión esté en la agenda pública, porque aparentemente a nivel nacional no hay predisposición para discutir el tema”. Rescatan, en cambio, expresiones de apoyo a la libre agremiación de los policías de las centrales de trabajadores (CGT y CTA), como así también, la manifestación del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Eugenio Zaffaroni, quien “se pronunció claramente a favor del ejercicio de los derechos de los policías”.

“Mientras el policía no esté bien, no va a estar bien la seguridad. Esto no es un mensaje extorsivo sino pura lógica. Pasa lo mismo en cualquier servicio público”. La frase es del secretario general de la Federación Argentina de Sindicatos Policiales y Penitenciarios, Fasipp, Alberto Martínez.

El dirigente santafesino recordó que la Cámara Nacional de Apelaciones ha fallado sistemáticamente en forma adversa al reconocimiento de sus entidades. “Ahora hay un expediente que llegó a la Corte Suprema, y allí puede haber una salida”, informó. Sin embargo, aseguró que la autorización “es un tema político y no jurídico”.

El quid de la cuestión, según Martínez consiste en que “ningún gobierno provincial quiere saber nada de la sindicalización. Si le preguntamos a cualquier patrón si quiere que sus empleados se organicen en su sindicato, la respuesta va a ser siempre la misma”, ironizó.

Otro camino posible para lograr el reconocimiento es la vía legislativa. “Actualmente hay proyectos de todos los bloques del Congreso a favor de la sindicalización. Incluso uno de una legisladora oficialista, la diputada Stella Maris Córdoba, del Frente para la Victoria de Tucumán. Patricia Bullrich, que cuando era ministra de Trabajo no nos atendía, ahora como legisladora de la Coalición Cívica presentó un proyecto de sindicalización policial. Hay iniciativas hasta del MST que van en el mismo sentido”, destacó Martínez.

“Estamos discutiendo sobre la necesidad de que se nos reconozca el derecho a agremiarnos y lo queremos hacer con la ciudadanía. En Paraná vamos a realizar las actividades en la Universidad, Para nosotros acceder a esos ámbitos es un reconocimiento importante”, evaluó. La vinculación de las entidades con la comunidad es clave para Martínez: “si el policía se aleja de la gente termina trabajando para pequeños grupos de mucho poder, que actúan desde las sombras, y no para la ciudadanía. Es un concepto muy facho ese de que la Policía le pertenece al grupo político que está en el gobierno”, sentenció Martínez.

“El sindicato tiene que luchar por el profesionalismo, que significa dejar de vivir de la profesión, y comenzar a vivir para la profesión”, definió en declaraciones a El Diario.