El ministro de Gobierno, Justicia y Educación, Sergio Urribarri, dijo que no tenía conocimiento del reclamo de la Unidad de Investigaciones de Seguridad Social de la Nación, para que la Policía de Entre Ríos informe sobre supuestas irregularidades en el manejo de subsidios, que comprometerían a hombres de la fuerza de diferentes puntos del país. El organismo denunció que Entre Ríos no informó al respecto y por ende solicitó que la justicia federal allane dependencias policiales de esta provincia. “Todo pasa por mis manos y no tengo conocimiento que se haya hecho un nuevo pedido a esta Jefatura, por lo menos desde el 13 de diciembre a la fecha”, dijo Urribarri.

En términos similares se expresó el jefe de Policía, Ernesto Geuna, quien también dijo desconocer la información, lo que resultó extraño para la opinión pública y se entendió, más que nada, como una grave desprolijidades administrativa de reparticiones del Estado entrerriano.

La Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (Ufises) detectó que 1.148 agentes de distintas policías provinciales cobran o cobraron subsidios para desocupados. Según publicó La Nación, las irregularidades -que se desarrollaron a lo largo de los últimos siete años- serán denunciadas por el fiscal federal Guillermo Marijuán, a cargo del organismo. De acuerdo con la investigación encabezada por Marijuán, 315 agentes de la Policía Bonaerense cobraron planes sociales, en tanto que 110 agentes de la Policía de Santa Fe y 105 policías santiagueños cometieron las mismas irregularidades. Desde Entre Ríos se negaron a suministrarle esa información al organismo nacional, por lo cual la próxima semana habrá allanamientos a las dependencias, coordinados por los juzgados federales de Paraná y Concepción del Uruguay.

La lista se completa con efectivos de las fuerzas de seguridad de Salta (101), Córdoba (98), Río Negro (67), Chaco (65), Jujuy (53), San Juan (50), Corrientes (39), Catamarca (33) y La Rioja (27). También se detectaron casos irregulares en las policías de las provincias de Neuquén (19), Chubut (18), Mendoza (17), Tucumán (11), Tierra del Fuego (7), Formosa (6), Santa Cruz (5) y San Luis (2).

Los datos sobre la Policía de La Pampa aún no habían sido analizados, en tanto que Misiones y Entre Ríos se negaron a entregar la información, por lo que Marijuán reclamó a los juzgados federales correspondientes que allanen dependencias de esas fuerzas de seguridad.

De acuerdo con la investigación de la Ufises, en el 95 por ciento de los casos, los subsidios fueron percibidos por suboficiales, por lo que se especula que el dinero era usado como sobresueldo para los agentes de bajo salario. Según el equipo que encabeza Marijuán, si todos los policías involucrados hubieran cobrado al mismo tiempo el plan, el perjuicio para el Estado hubiera sido de 175.000 pesos en sólo un mes.