La ATER dictó oportunamente la Resolución 183/14, por la que dispuso la sustanciación del sumario administrativo y la suspensión preventiva sin goce de haberes de los agentes involucrados. Ante la medida, la defensa de Martínez y Gaggión interpuso un “incidente de suspensión de la ejecución de decisión administrativa” ante la Cámara en lo Contencioso Administrativa de Paraná, para que se deje en suspenso los efectos dispuestos en el artículo 3 de la Resolución (suspensión sin goce de haberes).

El mismo fue contestado por el director ejecutivo de la ATER, con el patrocinio del abogado Carlos Federico Borrás, y por el fiscal de Estado Julio César Rodríguez Signes, solicitando el rechazo de la pretensión. Entre otros fundamentos, los representantes estatales enmarcaron la cuestión en la Ley 3289, que facultaba a las autoridades de nombramiento a suspender a los empleados durante la sustanciación del sumario administrativo, medida que, afirman, se encuentra prevista y autorizada por el ordenamiento legal.

Sin embargo, el Tribunal entendió que al no estar contemplada expresamente la posibilidad de aplicar esta medida en la Ley 9755 (Régimen Jurídico Básico del empleo público, nunca reglamentada) no resulta posible suspender a un agente provincial sin goce de haberes cuando está sometido a sumario.

“No siendo prima facie competente la ATER para suspender en el servicio y en los goces de los haberes a los incidentantes, lo que importaría la probable nulidad por falta de competencia expresa o razonablemente implícita para tomar la decisión que tomó -arts. 22 y 2 inciso a) del CPA-, el decisorio impugnado en el marco de la cautela solicitada deviene en suspendible”, expresó la Cámara en una parte de su resolución dictada “hacia el futuro”, es decir no es retroactiva, por lo que no altera los efectos ya cumplidos del acto administrativo.

Los jueces sin embargo, ante la posibilidad de un fallo condenatorio a los agentes públicos, fijaron una caución a Martínez de Yankelevich y Gaggión, tomando como parámetros a ponderar la gravedad de la acusación que les formula y los montos involucrados, entre otros puntos.

A Yankelevich se le impone una caución de 467.237,40 pesos y a Gaggión de 483.620,40 pesos.

En relación al caso, Casaretto señaló que “descubrimos un fraude millonario y lo denunciamos a la justicia, se intimaron las deudas y muchas de las empresas involucradas han pagado en una prueba más de que lo denunciado tiene pleno asidero. A un año de descubierta la maniobra, existe una causa penal en curso con personas imputadas, somos respetuosos de los tiempos procesales y las decisiones judiciales, pero deseamos que las causas avancen con la mayor rapidez posible y se produzcan las sentencias acordes con la gravedad de los delitos denunciados”, explicó el funcionario en declaraciones a El Diario.