En la Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento de Gualeguaychú, se realizó anoche -con un salón colmado-, la charla organizada por el Grupo Ceibo, la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Entre Ríos, el Colegio de Abogados de la provincia Sección Gualeguaychú y la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, una charla debate sobre diversos temas penales.

Los disertantes fueron el fiscal federal, Jorge Di Lello; la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero; los jueces federales Hernán Viri (Gualeguaychú) y Analía Ramponi (Concordia) y el secretario de la Fiscalía Federal N° 1, Hernán Mogni.

El fiscal Federal Di Lello y el secretario de la Fiscalía Federal Nº 1, Mogni, expusieron sobre asuntos electorales especialmente sobre reforma electoral que comprende organización partidaria, financiación de campañas y reglas procesales en la materia.

Di Lello expresó sobre la discusión de la reforma que se está haciendo del modo de transmitir el escrutinio provisorio, repaso sobre la diferencia entre ambos escrutinios, provisorio y definitivo y la responsabilidad de los mismos, cómo cambia el financiamiento y las responsabilidades, y además cómo cambia el proceso penal electoral en la misma, consignó el diario El Argentino.

“Desde el 2011 se empieza acusar de fraude al oficialismo, si hablamos en este sentido de posibilidad de errores es distinto a la posibilidad de fraude, pero la verdad es que si bien el sistema argentino es analógico y antiguo tiene una gran cosa que es la urna con los votos, y ahí si hay problema se puede contar”, destacó.

Por su parte, Mogni expresó que “se dice que los partidos políticos son un canal utilizado muchas veces para distintos ilícitos y en realidad la ley y todo el avance que ha tenido con las nuevas legislaciones, creo que ha hecho que en definitiva se pueda hacer un seguimiento concreto de los aportantes que antes no existía”, publicó El Argentino.

Además, expresó que no hay que “demonizar a las agrupaciones políticas con el financiamiento sino preocuparse en que los controles se lleven a cabo, si hacemos esos controles, estará cumplido el fin que tuvo la última reforma de la ley 27.504”. Y destacó que el financiamiento de los partidos políticos ha sido siempre la preocupación del Estado, siempre han existido artículos que establecían una obligatoriedad en la contabilidad.

La ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, expuso sobre narcomenudeo y manifestó que Argentina tomó algunas decisiones de política criminal que a mi entender fueron muy buenas. “Cuando se dictó la ley 26052 en 2006 desde el Congreso, mirábamos la Argentina y mirábamos la Justicia Federal, y en la mayoría de los casos su presencia en territorio no era suficiente para combatir el narcotráfico”.

Y añadió que “así fue que, tras 12 años, en la provincia de Entre Ríos, la Ley 10.566 fue sancionada el año pasado para adherir a la posibilidad que podamos investigar el narcotráfico menor a través de nuestros jueces, nuestros fiscales y nuestras fuerzas”.

El juez Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, disertó sobre la intervención de comunicaciones telefónicas en el código Procesal Penal de la Nación. “Como ciudadanos uno de nuestros derechos más importantes es la intimidad, y en ese marco tenemos el derecho a que no se viole nuestra privacidad, a que no se intercepten nuestras comunicaciones telefónicas”, expresó y añadió el derecho que tiene la sociedad a que la Justicia investigue los delitos, y se hagan cumplir los fines del proceso penal.

Para finalizar, fue el turno de la jueza Federal de Concordia, Analía Ramponi que describió sobre el lavado de activos, su historia y los diversos conceptos que la comprenden. “El crimen organizado, así como la sociedad han ido evolucionando con el tiempo, y hoy funcionan como empresas, con grandes estructuras donde su gran desafío es cómo blanquear el producto de esas ganancias ilícitas para reintroducirlas nuevamente en el mercado”, manifestó.