En los Tribunales de Paraná avanza la causa que se le sigue al diputado provincial Ricardo Troncoso (Cambiemos-Bloque Recuperación Radical), quien está acusado de quedarse con una parte del dinero de contratados de la Legislatura.

En el marco de una audiencia que se realizó este martes ante la jueza de Garantías N° 1, Marina Barbagelata, la fiscal auxiliar Paola Farinó, quien lleva adelante la investigación penal preparatoria, informó que el 11 de septiembre dispuso que se realice un peritaje sobre la firma del diputado radical y la de Juan Alfonso Blason Lorenzatto, un empleado de la Cámara Baja que también está imputado en la causa.

La medida de prueba es clave para la investigación, ya que busca corroborar si el legislador y el asesor legislativo fueron quienes falsificaron las firmas de contratados para hacerse con el dinero que era cobrado en el Banco de Entre Ríos (BERSA), publicó Entre Ríos Ahora.

El dato fue dado a conocer por la fiscal en el marco de una audiencia en la que el defensor de Blason Lorenzatto, el abogado Humberto Franchi, solicitó que esa pericia caligráfica también se extienda a otras seis personas: Patricia Godoy, Silvio Godoy, Carlos Cozzi (denunciante), Gloria Cozzi (hermana del denunciante), Silvia Margarita Godoy y María Isabel Ruiz Díaz.

En segundo término, el letrado pidió que la Fiscalía le tome declaración testimonial a cuatro testigos: Silvio Godoy, Gloria Cozzi, Margarita Godoy y el diputado radical Fuad Sosa. Este último fue agregado in voce en la audiencia, ya que el abogado refirió que su defendido es asesor legislativo de éste y no de Troncoso.

La jueza Barbagelata hizo lugar al pedido de ampliación de la pericia, pero rechazó la recepción de nuevas testimoniales.

La causa se abrió en septiembre de 2018, cuando Carlos Cozzi, un exempleado del diputado Troncoso denunció en el programa Cuestión de Fondo - (Canal 9 Litoral), que el legislador se quedaba con el 70% de su salario. Luego la justicia comenzó a investigar y se sumó otra denunciante, María Isabel Ruiz Díaz.

La fiscal auxiliar le imputa a Troncoso el delito de peculado, y el mismo delito a Blason, pero en carácter de partícipe necesario. En la imputación se refiere que ambos sustrajeron fondos públicos “mediante la suscripción de contratos de obra con el mero objeto de retener para sí, en todo o en parte, el monto que se estipulaba en los mismos en concepto de honorarios o bien, para que las personas contratadas prestaran un servicio personal para Troncoso”.

En la imputación se menciona que los contratados a quienes se les falsificó la firma son: Elena Fabiana Retamar, Silvana Pérez, Silvia Marina Magallan, Dalma Maillén Cabrera, Jonathan Daniel Cabrera y Mónica Beatriz Fabre.

Además, también se menciona que algunos contratados no realizaban “servicio alguno para el Estado” sino sólo en forma personal para el diputado Troncoso.

El pedido, el planteo fiscal y la resolución

En su planteo, el abogado Franchi explicó a la magistrada que la fiscal Farinó rechazó su pretensión de la pericial caligráfica, como así también el de recepción de testimoniales. En el primer caso, indicó que se desestimó su pretensión por haberla realizado fuera de los tiempos procesales y, en el segundo, por considerar que la defensa puede recibir los testimonios mediante entrevistas.

“No es una prueba extemporánea, porque no se está discutiendo la pericial caligráfica de Blason o Troncoso, sino una nueva pericial citando nuevos testigos”, dijo el abogado y marcó que es de interés para la causa porque de lo contrario se estaría ante “una investigación guionada hacia unas personas y otras no”.

A su tiempo, la fiscal Farinó defendió la resolución dispuesta. En el caso de la pericia caligráfica, señaló que la misma fue dispuesta para Troncoso y Blason el 11 de septiembre y que según el artículo 309 del Código Procesal Penal de Entre Ríos, la defensa dispone de 3  días para solicitar su ampliación. En ese sentido, indicó que la defensa pidió ampliar la pericia el 19 de este mes, es decir, luego de la fecha estipulada.

En el caso de las testimoniales, dijo que el defensor puede formar su propio legajo de prueba tomando entrevistas a las personas que crea pertinente.

A su vez, la fiscal señaló que en las entrevistas recabadas algunos contratados aseguraron que desconocían haber firmado los contratos, mientras que otros indicaron que debían hacer tareas para el diputado Troncoso, pero que estas eran de carácter personal.

En ese marco, indicó que se hizo una pericia caligráfica que determinó que existen cheques y facturas donde los peritos concluyeron que las firmas impresas “no corresponden al puño escritor” de los contratados y que existe otra documentación en la que “no se pudo determinar si pertenece al patrimonio escritural” de los contratados.

Tras escuchar a las partes, la jueza Barbagelata hizo lugar parcialmente a la solicitud de la defensa al entender que es relevante la pericia caligráfica sobre otras 6 personas. Argumentó que dicha medida es nueva, y que la defensa no puede realizarla por sus medios.

“La defensa no puede compeler a estas personas a realizar una pericia, como sí lo puede hacer la Fiscalía”, dijo la jueza al rechazar lo dispuesto por la fiscal.

“La Fiscalía debe llevar adelante esa medida solicitada por la defensa y más teniendo en cuenta que esto tiene un efecto positivo para la investigación y va a permitir valorar los dichos recabados. Además, es una medida de prueba que va a sumar elementos a la investigación y al diálogo que se va a producir en la instancia de debate”, completó.

En tanto, rechazó la segunda solicitud de la defensa, de que se tome declaración a cuatro testigos, entre ellos el diputado Sosa. “La ampliación de la declaración es una investigación de la defensa, por entender que de lo que surge que investigó la Fiscalía resulta incompleto. Si la defensa interesa una ampliación puede recabar los datos de Fiscalía y llevarla adelante”, dijo.