El Colectivo de Trabajadores “Por la Ventana” emitió una declaración titulada “¿Cuál es la política salarial del gobierno nacional y provincial?” y a la que accedió ANÁLISIS. En la misma repasan la historia de la lucha de los trabajadores de la educación por un salario digno y cuestionan la política salarial para el sector docente que plantean actualmente los gobiernos nacional y provincial.

En el documento, plantean que “los montos fijos son ilegales e injustos, generan distorsión y achatamiento salarial así como los pisos se convierten en techos” y advierten: “No estamos dispuestos a volver a tiempos de ajuste y destrucción salarial como fue en la etapa del menemismo”.

“No compartimos el criterio de “solidaridad” que maneja el gobierno haciendo sentir un “privilegiado” al que gane un poco más de $19.000 mientras que a las mineras, los exportadores, los agronegocios, las petroleras, los bancos, las privatizadas que la “juntan en pala” se las exime de impuestos. Raro concepto de solidaridad”, critican.

A continuación, el texto completo:

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, hizo efectivo el compromiso del gobierno entrante de restablecer la paritaria docente tal como lo estipula en uno de sus artículos la Ley de Financiamiento Educativo N° 26.075 derogando el Decreto 457/2007 del gobierno anterior. Este ámbito discute con las asociaciones sindicales docentes las líneas directrices de la educación argentina dado que son las provincias las responsables directas de la educación en cada distrito.

Ese ámbito le da entidad al Ministerio de Educación nacional y a los sindicatos nacionales sin escuelas, y es donde se trata de buscar consensos pedagógicos, laborales, y pisos salariales para achicar las desigualdades que existen entre las jurisdicciones.

Historia

La educación pública argentina se fragmentó/descentralizó a partir de la transferencia a las provincias de las escuelas primarias durante la última dictadura y las escuelas secundarias durante el menemato. Es decir, se trasfirieron del gobierno central todas las responsabilidades educativas a las provincias sin el presupuesto/financiamiento correspondiente.

Con la sanción de la Ley Federal de Educación/93 comienzan las “generaciones de reformas neoliberales” considerando a la educación como mercancía, intentos de reformas de estatutos con pérdidas de derechos, abriendo la puerta a la educación a otras entidades de la sociedad civil, aumentados los subsidios a las escuelas privadas; es decir, la educación entendida como un bien de mercado.

Desde el punto de vista de los ingresos se pulverizó degradando el salario con la incorporación de sumas no remunerativas ni bonificables. Las resistencias fueron muchas y muy contundentes logrando detener muchas de esas lógicas pero no terminar con ellas.

El hito/acontecimiento de resistencia más significativo fue la instalación en abril de 1997 de la “Carpa Blanca de la Dignidad Docente” que sintetizó el más alto grado de aglutinación para enfrentar al menemismo. Luego de 1003 días de ayunos con el gobierno de la Alianza se levanta en 1999 con el compromiso de atender la demanda docente. En este ínterin se logró un tributo regresivo muy lejos de lo que se reclamaba en ese momento, como gravar la renta financiera o el lujo suntuoso.

El Fonid (Ley 25.053/1998)

ARTICULO 13. —Los recursos del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) serán destinados a abonar una asignación especial de carácter remunerativo por cargo que se liquidará mensualmente exclusivamente a los agentes que cumplan efectivamente función docente. Los criterios para definir la asignación a los distintos cargos serán acordados entre el Consejo Federal de Cultura y Educación y las Organizaciones Gremiales Docentes con personería nacional, procurando compensar desigualdades.

Este artículo clave anuncia que el incentivo es de carácter remunerativo, es decir que debería hacer los aportes de ley para que llegue a los jubilados y a la obra social; aunque esto no ocurrió violentando la ley desde su nacimiento. Lo extraño de todo es que resultó ser remunerativo para el sindicato y para Osplad conducida por Ctera. Aquí cada uno hará las lecturas que crea pertinentes.

La no remuneración a la previsión social motivó acciones como negociaciones, acciones sindicales y especialmente medidas judiciales en todo el país. En Entre Ríos, ante presentaciones la justicia lo rechazó con argumentos poco solventes y argumentados que sólo se puede entender desde una connivencia entre los poderes del Estado.

En ese sentido, la conducción de AGMER (2009-2012) lo llevó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación logrando años más tarde un fallo favorable ratificando la remuneración del Fonid e intimando al Superior Tribunal de Entre Ríos para que haga cumplir al gobierno provincial los descuentos de ley correspondientes y llegue al conjunto de los trabajadores de la educación tanto activos como jubilados.

Notificado el sindicato en la gestión siguiente (2012-2015) tomó la decisión de no hacerlo público ocultándolo a los docentes, tampoco reclamando la legalidad al gobierno ni llevándolo como condición en las sucesivas reuniones paritarias.

Nuevo gobierno: ¿Nueva política salarial?

Si partimos que con el macrismo los trabajadores perdimos alrededor del 20% del poder adquisitivo de los salarios es necesario recomponerlos, cuidarlos de la inflación con la indexación –cláusula gatillo- y con montos legales para resarcir el daño a la docencia y al conjunto de los trabajadores.

Con los antecedentes anunciados en la previa, y con las declaraciones y las primeras medidas del gobierno del presidente Fernández podemos ir avizorando cual podría ser la política salarial, sacando algunas conclusiones y advirtiendo algunos peligros regresivos.

Se ve con mucha preocupación la anuencia de las burocracias sindicales de prorrogar las paritarias y algunas decisiones gubernamentales de asignar montos fijos a cuenta de futuros aumentos.

El ministro Trotta dijo que “este año los salarios docentes le van a ganar a la inflación”. Le tomamos la palabra pero aclaramos que no estamos dispuestos a volver a tiempos de ajuste y destrucción salarial como fue en la etapa del menemismo. Los montos fijos son ilegales e injustos, generan distorsión y achatamiento salarial así como los pisos se convierten en techos.

No compartimos el criterio de “solidaridad” que maneja el gobierno haciendo sentir un “privilegiado” al que gane un poco más de $19.000 mientras que a las mineras, los exportadores, los agronegocios, las petroleras, los bancos, las privatizadas que la “juntan en pala” se las exime de impuestos. Raro concepto de solidaridad.

En Entre Ríos no se habla de salarios sólo se “reivindica la paritaria nacional” como salvadora de todos los problemas económicos de la docencia. No se puede perder de vista que cualquier trabajador necesita algo más que sobrevivir, cuestiones que hacen a su dignidad, y en el caso del docente como trabajador intelectual tiene que acceder a muchos otros bienes culturales que hacen a su formación, su conocimiento y desempeño como educador.

Si a eso le sumamos, como viene instalándose en las últimas semanas, una “fake news” respecto al aumento salarial docente en 2019, y como podemos ver por ejemplo en el titular del martes 7 de enero de 2020 en El diario Digital: “Acuerdo Paritario de 2019: Docentes entrerrianos acumularán suba cercana a 60%”,  incluyendo arbitraria y mentirosamente en ese monto el recupero del 11% correspondiente al año 2018 y que se abonó tardíamente en abril de 2019, nuestra preocupación es aún mayor.

Además los porcentajes de aumentos de 2019, que se terminan de cobrar con el sueldo de enero, no son acumulativos y se aplican al haber de diciembre de 2018. En definitiva los salarios docentes (42,9%) durante 2019 cayeron un poco más del 10% respecto a la inflación anual (53,8%).

Por todo esto nos llamamos a estar alertas, movilizados, estudiando y debatiendo para defender el ingreso y nuestros derechos en el marco de paritarias libres y sin condicionamientos. Incluimos desde el vamos nuestro más enérgico rechazo a cualquier intento por parte del Ejecutivo Provincial de modificar la Ley N° 8732 de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos. No se puede validar en paritaria ajuste alguno y el punto de partida es un aumento acorde al costo de la vida.

Enero de 2020.

Colectivo de Trabajadores “Por la Ventana”